La Cámara Federal de Córdoba confirmó este jueves el procesamiento del ex comandante del Ejército Luciano Benjamín Menéndez en el marco de la causa “Vergez” que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en enero de 1976 en esa provincia. Junto con Menéndez, los jueces Ignacio María Vélez Funes, Abel Sánchez Torres y Alejandro Sánchez Freytes ordenaron el procesamiento con prisión preventiva de otros 17 ex militares y policías. Menéndez está acusado de cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y el supuesto homicidio de 22 personas meses antes del último golpe militar. Las resoluciones fueron tomadas luego de una audiencia pública de la que participaron los imputados.
María Julia Alsogaray deberá devolver el dinero producto de enriquecimiento ilícito
Así lo estableció el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) que intimó a María Julia Alsogaray a que en el plazo de diez días deposite 500 mil dólares y 622 mil pesos. Sumas que son consecuencia del dinero con el que se enriqueció de manera ilícita. La ex funcionaria menemista fue condenada en 2004 a tres años de prisión en suspenso y a pagar esas sumas. El decomiso no se ejecutó por no encontrarse firme el fallo. Pero al ser ratificado este por la Corte Suprema a fines del año pasado el tribunal que la condenó quedó en condiciones de ejecutar la sentencia. Los 622 mil pesos se componen de los sobresueldos que la ex funcionaria admitió haber percibido durante el gobierno menemista y que incorporó a su patrimonio. Mientras que los 500 mil dólares corresponden a los honorarios que Alsogaray dijo haber cobrado por asesorar a un astillero quebrado aunque sin poder probar que ése hubiera sido el origen del dinero.
Queremos un mapa de situación
La Cámara de Casación hizo saber mediante un comunicado que en su último acuerdo resolvió requerir a todos los tribunales orales en lo Criminal Federal del país que le informen cuántas causas tienen en trámite, qué porcentaje de esas causas corresponde a violaciones a los derechos humanos y si tienen o no detenidos. Los jueces quieren tener un cuadro de situación pormenorizado respecto a las causas judiciales que tramitan en el fuero criminal en todo el país, con el objetivo de acelerar el trámite de aquellos expedientes donde se investigan violaciones a los derechos humanos. En el comunicado se puntualiza: "La Cámara Nacional de Casación Penal hace saber que con el propósito de tomar medidas para acelerar el trámite de las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos, en el Acuerdo de Superintendencia celebrado el 3 de marzo del corriente, se resolvió requerir a todos los Tribunales Orales en lo Criminal Federal del país, la nómina de causas en trámite, especificando las que son de esa naturaleza, las restantes que tienen personas detenidas y las que no lo tienen".
"Pedir la pena de muerte es violar la Constitución"
Al inaugurar el año judicial en la provincia Mendoza, la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, recordó que en la Carta Magna está incorporado en Pacto de San José de Costa Rica, “que impide que se ponga la pena de muerte”. "Cuando se empieza a pedir la pena de muerte lo que se está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional" dijo Argibay. La ministra participó de la inauguración del año judicial en la provincia cuyana y dio precisiones sobre el tema en una conferencia de prensa previa a la apertura del acto de inauguración. El tema está en los medios a raíz de las polémicas declaraciones de Susana Giménez que, luego del homicidio de un conocido había opinado: "el que mata tiene que morir", apoyando así la pena de muerte y abriendo el debate sobre el tema. Presidió la ceremonia de inauguración del año judicial mendocino en el salón de actos del Palacio de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Jorge Nanclares. Asistieron también el gobernador Celso Jaque, el vicegobernador, Cristian Racconto, ministros y legisladores provinciales.