09 de May de 2024
Edición 6962 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 10/05/2024

El primer ombudsman destituido en Latinoamérica es argentino

Por iniciativa del oficialismo local, el Consejo Deliberante de La Plata destituyó a Gustavo Galland y la capital provincial se convirtió en la primera en Latinoamérica en remover a un Defensor del Pueblo. El proceso estuvo teñido por la polémica y el propio Galland denunció haber sido víctima de una “permanente persecución política”. Se lo acusó de incumplir los deberes a su cargo por realizar presentaciones tardías y por participación política partidaria.

 
Así como en 1991 la ciudad de La Plata fue una de las pioneras en incorporar la figura del Defensor Ciudadano, ahora la capital de la Provincia sentó el primer precedente en Latinoamérica de destitución de un ombusdman. Se trata de Gustavo Galland, que tras un polémico proceso de remoción impulsado por el oficialismo local debió dejar el cargo, luego de lo cual denunció haber sido víctima de una “permanente persecución política”. Ahora, buscan un sucesor y se prevé aprobar cambios en el funcionamiento de la figura del defensor.

Galland había asumido el cargo en el 2006 y tenía mandato hasta 2011, pero cuando en diciembre pasado Pablo Bruera asumió la intendencia de La Plata, comenzó a vislumbrarse su alejamiento anticipado. Las causales de la remoción fueron dos: “presentación tardía y actuación incumpliendo los deberes en su cargo; participación política partidaria y conducta severamente reprochable”. La destitución se produjo con el voto afirmativo de 13 de los 20 concejales, otro punto polémico, ya que se requerían los 2/3 y técnicamente el número alcanzado no llega a representar el 66 por ciento de los ediles.

De acuerdo al dictamen de mayoría, Galland fue destituido “por la falta de presentación del informe anual, la inacción en defensa de los derechos de los vecinos en los temas relacionados con los entes municipales y las empresas concesionarias de servicios públicos municipales, como así también su participación en política partidaria, ejerciendo un voto de reproche por sus conductas públicas en ámbitos comunales y dejando pendiente lo relativo a la causa abierta por la propia fiscalía en su contra”. Galland reconoce ser socialista aunque últimamente fue ligado con el kirchnerismo.

Por su parte, la minoría mostró su disconformidad con la destitución. “Es un mal antecedente jurídico y político para los platenses”, sostuvo el concejal Carlos Melzi, del bloque Kirchnerista Platense, que también hizo hincapié en la falta de “argumentos de peso” para que proceda la acusación.

Mientras tanto, en un panfleto que fue repartido en los últimos días en las calles platenses, el propio Galland resumió los hechos previos a su destitución. Primero, dijo haber recibido una llamada extorsiva para que renuncie al cargo, luego señaló que recibió una amenaza de bomba en la oficina y por último habló de hechos que le limitaron el ejercicio de la función: despido sin causa de cuatro empleados y suspensión de la caja chica, “hasta el dispenser de agua fue retirado”, dice el volante.

Pero la polémica no termina ahí. Por primera vez en 17 años la Defensoría Ciudadana de La Plata está acéfala, ya que también fue aceptada la renuncia del defensor adjunto, Luis Le Moal, y ahora el próximo paso será el nombramiento de un nuevo ombusdman, que vendrá acompañado de importantes cambios en su figura.

Según un proyecto de ordenanza que ya tuvo entrada en el Concejo Deliberante, el próximo Defensor Ciudadano platense se llamará "Defensor del Pueblo" y manejará un presupuesto anual propio que, se estima, rondará los 400.000 pesos. Mientras que se prevé establecer que el adjunto sea del sexo opuesto.

"La idea de cambiar el nombre de Defensor Ciudadano por el de Defensor del Pueblo tiene que ver con ampliar sus facultades, porque ciudadano se es recién a los 18 años y queremos un Defensor que se ocupe también de los problemas de la niñez", explicó la presidenta del bloque del bruerismo, la concejal Susana Gordillo.

El Defensor Ciudadano de La Plata fue creado en 1991 por la Ordenanza 7859, que establece que sea un órgano municipal funcionalmente independiente con el objetivo de fiscalizar la actividad de los órganos y entes públicos o aquellos que realicen actividades públicas, en todos aquellos aspectos que comprometan o afecten, actual o potencialmente los derechos o intereses individuales o colectivos de los ciudadanos y habitantes.

dju / dju
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