In Voce

LA ERA DIGITAL
Cristina y Lorenzetti iniciaron oficialmente el año. La presidenta, cortando con la tradición de los tediosos discursos leídos, habló “a capella”. Por un lado, no recurrir a la apoyatura del papel, suena como más espontáneo y sincero. Pero por el otro lado, al no avanzar puntillosamente sobre cada área de gestión con su correspondiente anuncio para el período que se inicia, impide saber cuáles son las prioridades específicas para cada sector de la administración pública. Cristina no es una oradora brillante ni mucho menos. No obstante ello, para el área de Justicia la presidenta mostró cuál va a ser su kit básico de propuestas para los próximos meses. El tema de derechos humanos sigue siendo su bandera principal en el área. Hizo un reclamo concreto a la Corte para que apure el trámite donde tenga que apurar. También le dedicó un “háganse cargo” al Máximo Tribunal para que mejoren el servicio de Justicia. Para Cristina tienen plata suficiente y todo el poder para hacerlo. Respondiendo a las exhortaciones de la Corte al Ejecutivo y el Congreso en el caso Badaro, no se privó de pasarles factura y devolverles la gentileza, invitándolos irónicamente a que ejerzan ese poder también puertas adentro. Evidentemente, Badaro no les gustó un pito, y Cristina se quedó con la sangre en el ojo, a pesar de la a veces irritante, pero siempre necesaria, prudencia cortesana. En cuestión de proyectos y mientras en materia penal el código “acusatorio” dormirá el sueño de los justos hasta que no se pongan de acuerdo en darle todo el poder a los fiscales –suena muy lindo en la teoría, pero en la práctica el poder se resiste a depositar tamaña prerrogativa exclusivamente en cabeza de los acusadores-, la presidenta aportó un novedoso remiendo para el andamiaje procesal. Las apelaciones ante las cámaras deberán ser orales para evitar que los recursos se coman varios años de trámite en las causas, dando sensación de que la Justicia se diluye con el tiempo. Lo que habrá que ver es para qué fueros e instancias está prevista la iniciativa. Por el contexto de lo dicho, con una fuerte referencia a temas de seguridad, el partido parece estarse jugando en la cancha de las competencias penales, ¿incluyendo Casación y la propia Corte? Por su parte, Lorenzetti (¿por qué se habrá sacado el bigotito?) abrió, como antaño, el año judicial. Off course en algunos temas, sus palabras se ubican en las antípodas de las de la jefa de Estado. Según el presidente del más Alto, para que los tribunales funcionen mejor hace falta invertir en infraestructura, y para eso se necesita más presupuesto. No obstante hizo hincapié en que su apuesta para este año es ubicar al Poder Judicial en la era digital, la decisión parece estar tomada. Las colas de los ascensores posiblemente pasen a ser recuerdos de un pasado lejano. Ojalá. Las notificaciones prometen ir a la velocidad del e-mail y quizá hasta también se animen a permitir a Diario Judicial a que publique los edictos en Internet, algo que los burócratas de siempre han obturado sistemáticamente con la pueril excusa de que lo digital no está en el Código Procesal. Después de la reforma de la constitución en el año 94 el Poder Judicial es tripartito. El Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, gozan también de su independencia y facultades autárquicas. Por el lado de los fiscales, el tema digital hace tiempo que forma parte de su agenda. Incluso el tema de la capacitación, una de las prioridades de la gestión de Righi, ha implementado desde hace 2 años el dictado de cursos a distancia de actualización permanente con el uso de las herramientas que provee Internet. Un paso atrás se ubica en este campo, el Ministerio Público de la Defensa, que con una estructura más pequeña todavía no tomó los recursos digitales como prioritarios en la gestión. No se justifica planificar una red de conectividad para las defensorías dispersas a lo largo y a lo ancho del país, cuando fácilmente haciendo uso de la caja chica de cada dependencia cada una podría tener su conexión a Internet brindada por proveedores locales, para luego conformar una red privada virtual (VPN). Será cuestión de que tengan voluntad de hacerlo y se asesoren convenientemente. La era digital abre puertas. Pero el Poder Judicial, un poder tradicionalmente conservador, lo que va a tener que hacer primero es abrir su cabeza. La era digital ya está en marcha. Para Cristina es señalar con el dedo y pontificar al respecto. Para Lorenzetti es incorporar bits y bytes a la anquilosada estructura de los tribunales. Cada uno a su manera cortó la cinta inaugural de un año judicial que comienza.

DE LA DUDA
El procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa, ofrece varias vertientes de análisis. Desde el punto de vista político, es la primera vez que un hecho de alta corrupción, tiene como protagonista a un a un presidente radical. Hasta ahora el patrimonio de estos temas era de los peronistas. “Roban pero hacen”, decía el viejo adagio popular. Desde el punto de vista de los tribunales, la medida dictada por el juez Rafecas, permite ver cómo funciona el proceso penal en vivo y en directo. La reforma del año 92 que introdujo la oralidad, no ha demostrado las virtudes con las que fue presentada en su inauguración. No se cambió el sistema penal sino que se agregó un paso más. Ahora hay dos juicios, un juicio escrito y un juicio oral. Con la fase de instrucción interminable, plagada de apelaciones y recovecos procesales que hacen olvidar cuál es la verdadera finalidad del juicio. En el caso de De la Rúa (uno de esos casos de gran repercusión que dan lugar para el análisis) tenemos que hasta hace pocos días, sobre el ex presidente recaía una “falta de mérito”. Mientras tanto, el resto de los imputados, con el procesamiento firme, estaban en condiciones de ser juzgados por un tribunal oral. Recientemente el TOF 3 le reclamó al juez Rafecas que defina la situación de don Fernando, ya que si iban a poner en marcha el juicio, solamente estaban dispuestos a celebrarlo con todos sus protagonistas en el debate. La cuestión es que para estar como imputado en el verdadero juicio, previamente hay que estar procesado, ya que la falta de mérito (un híbrido entre el sobreseimiento y el procesamiento) no alcanza para comparecer en juicio. Hete aquí el dilema de Rafecas. Seguramente en la creencia de que del debate amplio en el marco del juicio oral podrían atribuirse las responsabilidades emergentes de este affaire, consideró razonable que De la Rúa esté en la misma línea de debate que Flamarique, De Santibáñes y Genoud, aunque eso signifique ponerlo bajo el fuego acusador del arrepentido Pontaquarto. Y por eso, sin estar del todo convencido y casi con los mismos elementos con que le había dictado la falta de mérito, ahora no le quedó otra que procesarlo. Para llegar al veredicto del juicio, en estos casos donde se dirimen cuestiones federales resonantes, se tarda un promedio de ocho a diez años. Como demora tanto llegar a un pronunciamiento definitivo, la gente se entretiene con otro tipo de “sanciones”, ampulosas y estridentes, que poco tienen que ver con el juicio de responsabilidad definitivo. Allanamientos, embargos, procesamientos, prohibiciones de salir del país, son medidas de artificio antes del verdadero juicio, y que a veces se dan sin que finalmente se llegue a éste. Para la opinión pública, un procesamiento, un embargo o un allanamiento son suficientes indicios de culpabilidad. A nadie le importa la espada de Damocles que en estos casos pende sobre el casi siempre “ex” funcionario. Sea culpable o inocente, nadie se merece dedicarle una década de su vida a estar en remojo procesal. Por su parte la sociedad tampoco se merece la sospecha infinita, ni la presunción de que los culpables quedan finalmente impunes. A nadie le sirve semejante dilatación. Mucho menos a la Justicia, que además de tener que hacer esfuerzos ciclópeos en causas con cuerpos y cuerpos acumulados, por un lado se gana el mote de lenta e ineficiente, y por el otro de oportunista y mediática. Si las reformas en el campo penal, con el proyecto de sistema acusatorio y la abreviación de los recursos -tal como lo propuso la presidenta frente a la Asamblea Legislativa- se ponen en marcha, podrán ser el punto de inicio en un camino de cambios. Mientras tanto, el show debe continuar.

alejandro s. williams / dju