La jueza Elena Liberatori se transformó a esta altura para Macri en una oposición más férrea que el propio kirchnerismo. Como una de las dos juezas de feria del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, Liberatori debió resolver sobre la intervención a la obra social de los empleados municipales y la cesantía de 2.300 empleados públicos.
En los dos casos falló contra las primeras acciones fuertes de gobierno de Macri. La jueza hizo lugar a las medidas cautelares del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
En el terreno político Macri había podido llegar a buen puerto a pesar de las aguas turbulentas. Logró que el titular de SUTECBA, el histórico Amadeo Genta, levantara el paro de 72 horas contra los 2.300 despidos que el Jefe de Gobierno había dispuesto y en un acuerdo con la fuerza liderada por Carrió, logró el aval de la Legislatura para tomar el conrol de la Obra Social. Sin embargo los reveses los padeció en terreno judicial.
Macri por ahora no logra que sus medidas sean avaladas en los tribunales. Ni siquiera con una ley de la Legislatura que lo habilitó a avanzar con la intervención de la obra social. Pero ¿tendrá revancha en la Alzada donde la Procuración porteña apeló el fallo de la intervención? De no lograrlo, lo seguro es que el macrismo llevará el tema hasta las últimas consecuencias judiciales.
“Si no obtuviéramos una decisión favorable en los tribunales de la ciudad, sin la menor duda que iríamos a la Corte Suprema”, le dijo el procurador Pablo Tonelli este martes a Diariojudicial.com. Por lo tanto Macri seguirá soñando con que la Justicia sea un poco más PRO.
También hubo cruces entre la Comuna y el Gobierno Nacional. Fue por los cortes de calles en la Capital Federal. Mientras que el macrismo, a través del fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, busca delinear un plan para evitar las manifestaciones sorpresivas y sancionar a quienes las produzcan, desde el Ejecutivo Nacional se mantienen en la postura de no reprimir las manifestaciones.
El mismo Macri dijo que esperaba que el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, le ordenara a la Policía Federal disuadir los cortes de calle cuando un fiscal porteño lo ordene. El Jefe de Gobierno esperaba esa actitud ya que el Gobierno Nacional no quiere transferirle los fondos de la Policía Federal.
Fernández, fiel a su estilo, le respondió. Dijo que en 2007 la Policía Federal denunció 1.231 casos de cortes ante los fiscales.
La discusión se enmarca lógicamente dentro de la disputa por la Policía. La seguridad fue uno de los ejes de campaña del macrismo quien prometió que la Ciudad iba a tener una fuerza de seguridad propia. Hasta ahora lo único que consiguió fue que el Congreso Nacional modificara la ley Cafiero y le permitiera a la Ciudad tener su propia fuerza de seguridad.
Pero el embudo está en los fondos: la Ciudad quiere que sean transferidos por el Ejecutivo Nacional y éste se niega porque sostiene que así financiaría una fuerza de seguridad local en detrimento del resto de las provincias que pagan su propia Policía.
En algún momento se especuló que Macri llevaría el reclamo de la Policía a la Justicia. Algo que después no se concretó y con los resultados que el Gobierno porteño obtuvo hasta ahora en los tribunales, por ahora nadie se animaría a proponer esa idea.