El primer encuentro se realizó el viernes pasado con asesores del diputado Dante Camaño (Bloque Sindical Nacional) y continuaron este lunes con la diputada del PRO Paula Bertol y este jueves con asesores de la vice ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo.
La UMP también tiene agendada una audiencia con el diputado del ARI Fernando Sánchez (reemplazó a Elisa Carrió cuando la candidata a presidente renunció a su banca), que sería la próxima semana, y pedirán un encuentro con el titular de la comisión de Justicia de Diputados, Luis Cigogna, y con los bloques parlamentarios del Senado.
El objetivo de los encuentros es comenzar a discutir el vencimiento de la ley 24.573 de mediación y conciliación. La norma cae el próximo 24 de abril y ya fue prorrogada en dos oportunidades. La primera en agosto de 2000 por cinco años y la segunda en abril de 2006 por dos años.
Para Sergio Abrevaya, titular de la UMP que nuclea a 200 mediadores, si la ley cae se “colapsa el sistema judicial” ya que las causas de mediación ingresarán directamente a los juzgados.
Por otra parte, los mediadores también plantearán reformas que mejoren la norma. “La primera es que la ley deje de tener plazos”, propone Abrevaya, legislador electo de la ciudad de Buenos Aires por la Coalisión Cívica que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre.
“Queremos una ley que recoja la experiencia de estos 10 años”, señala Abrevaya y enumera algunos puntos para discutir: incorporar otras materias que hoy no son mediables como las sucesiones; elaborar un sistema informático de control ágil; establecer un formato de honorarios definitivo y que a partir de un monto alto se fije un porcentual.
La ley 24.573 fue sancionada en octubre de 1995 y establece la mediación obligatoria previa a todo juicio excepto para las causas penales, en aquellas que el Estado Nacional sea parte o en las que se tramiten en la Justicia del Trabajo, los divorcios, la patria potestad, amparos y hábeas corpus, concursos preventivos o quiebras, entre otro casos.