El proyecto de reforma penal impulsado por el gobernador Felipe Solá parece no encontrar su rumbo. A las dificultades políticas en el marco de la Legislatura, donde la oposición logró hasta el momento frenar su aprobación, se le suma una fuerte campaña de parte de los jueces bonaerenses, que comenzó horas después del anuncio oficial y que no pierde impulso. En las últimas horas, los magistrados volvieron a rechazar la iniciativa. El comunicado difundido este lunes reitera viejos conceptos, pero tiene un alto valor porque fue consensuado con el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.
Tanto jueces como abogados pidieron que no se clausure el debate, tal como ocurrió hasta el momento. “Sin perjuicio de las atribuciones propias de los representantes del pueblo, en la discusión del proyecto de reforma procesal penal, no puede soslayarse la autorizada opinión de
los operadores del sistema; los que –respecto del proyecto que se discute en la legislatura provincial– han manifestado en forma unánime su rechazo. Ello fundado en que la reforma proyectada
profundizará la lentitud de la justicia y generará mayor inseguridad jurídica”, advierte el mensaje firmado por Jorge Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y Carlos Paulino Pagliere, vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Poder Judicial bonaerense.
Además, tanto jueces como letrados coincidieron en que “el sistema ya no admite más reformas de apuro y sin consenso”. A diferencia de otras declaraciones anteriores, esta vez el mensaje fue dirigido a los legisladores, a quienes le reclamaron “
abrir el debate y producir una reforma profunda, consensuada, que agilice los juicios sin ir en desmedro del debido proceso”. “Les pedimos que hagamos un esfuerzo para salir del inmovilismo de legislar hoy en un sentido y mañana en el otro”, dice el escrito dado a conocer públicamente.
El proyecto tiene como aspecto central la eliminación del Tribunal de Casación. Entre los cambios también se destaca la necesidad de
juicios cortos y con mayor eficiencia, que se traduce en una reestructuración del sistema de recursos, un profundo cambio en los métodos de organizar y administrar el trabajo judicial, y la
multiplicación de órganos de juzgamiento: los Tribunales Criminales conformados por tres jueces se convertirán en órganos unipersonales, logrando –según sus autores- la efectiva generalización de la oralidad plena, mayor cantidad de audiencias de juicio y más cercanas en el tiempo al momento en que el delito se cometió.
La iniciativa fue aprobada a fines del año pasado por la Cámara de Diputados y ahora
está trabada en el Senado en medio de una puja entre el Frente para la Victoria, la UCR y el PJ, que reclama algunos cambios para dar quórum. Al cierre de esta edición, los integrantes del bloque de senadores del PJ estaban reunidos para tratar este tema.
dju / dju
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