Un juez federal de Estados Unidos bloqueó de manera provisional una ley del estado de California que restringía el acceso de menores a videojuegos violentos, al considerar que podría vulnerar la enmienda constitucional que protege la libertad de expresión.
La norma, impulsada por el congresista Leland Yee y prevista para entrar en vigor el 1° de enero de 2006, fue objetada por el juez Ronald Whyte, quien señaló que podría constituir una restricción inconstitucional al derecho de los menores a acceder a información.
Whyte también cuestionó la capacidad del Estado para limitar los derechos de los menores respecto de su exposición a este tipo de contenidos, y negó que existiera una conexión probada entre el acceso a videojuegos violentos y daños psicológicos en niños y adolescentes.
La demanda fue presentada en octubre por dos organizaciones que representan a la industria de los videojuegos, las cuales calificaron la ley como inconstitucional. El escrito judicial mencionaba al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien había promulgado la norma a principios de ese mes y, paradójicamente, es protagonista de varios videojuegos basados en sus películas.
La resolución judicial tiene carácter temporal. Resta ahora que el Estado de California logre acreditar que los videojuegos violentos resultan efectivamente perjudiciales para los menores, a fin de sostener la validez de la norma en el proceso judicial en curso.
Cabe destacar que California no es el único estado estadounidense que ha intentado limitar el “mercado del ocio” mediante legislación. Por esos días, tanto en Illinois como en Michigan también se impulsaban leyes para prohibir la venta de videojuegos violentos a menores.
El 22 y 23 de diciembre de 2005, el juez Whyte dictó una resolución preliminar que impidió la entrada en vigencia del Assembly Bill 1179, que prohibía la venta o alquiler de videojuegos “especialmente violentos” a menores de 18 años sin autorización parental, e imponía multas civiles de hasta 1.000 dólares por infracción.
En su fallo, el magistrado cuestionó tanto la competencia del Estado para imponer este tipo de restricciones como la falta de pruebas científicas sólidas que relacionaran los videojuegos violentos con perjuicios psicológicos en los menores. “Se plantean al menos serias dudas sobre la capacidad del Estado para restringir los derechos de expresión de los menores […] incluyendo la cuestión de si existe una conexión causal entre el acceso y daños psicológicos u otros a los niños”, expresó.
Whyte aplicó el estándar de strict scrutiny, el más riguroso en materia de revisión constitucional, por tratarse de una regulación basada en contenido y dirigida a una población específica. Según concluyó, el Estado no acreditó un interés público imperioso (compelling interest), ni que la medida fuera necesaria o la menos restrictiva posible frente a otras opciones ya disponibles, como el sistema de clasificación ESRB o los controles parentales.