De esta manera, los magistrados explicaron que “asiste razón al procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, en cuanto a que no corresponde a esta Corte emitir, por ahora, pronunciamiento sobre el planteo de extradición”, teniendo antes que resolverse en Bahía Blanca el pedido de recusar al juez que entiende en la causa, que había negado la extradición del represor.
El argumento de Becerra, apoyado por el pleno de la Corte, es que “el juez federal del proceso no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal Penal” que obliga al magistrado a elevar el pedido de recusación al tribunal inmediato, en este caso, la Cámara Federal de Bahía Blanca.
La solicitud de extraditar a Astiz fue presentada por el gobierno de Francia, tras condenar al marino en ausencia en marzo de 1990 a “reclusión perpetua”, por los secuestros ilegales y torturas corporales practicadas a las monjas francesas Dumon y Duquet.
Informando
En otro orden, la Corte también decidió en este acuerdo “transparentar” la instancia en que se encuentra cada causa y qué ministro las instruye a través de la Mesa de Entradas y las Secretarías del alto tribunal, mientras que la información atinente a la Corte podrá ser consultada por las partes intervinientes, como así también por particulares que tengan interés en los expedientes.
De esta manera, la Corte avanzó en su tentativa de dar a conocer información que hasta ahora sólo circulaba internamente entre los ministros, letrados y empleados del máximo tribunal, en tanto que se adelantó que el último acuerdo del año será el próximo jueves, y no resolverá hasta después de la feria temas tales como los referente a la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la pesificación de los depósitos bancarios.
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