Un grupo de familiares de las víctimas fallecidas el 20 de diciembre de 2001 durante la represión policial en el microcentro porteño que precedió la caída de Fernando De la Rúa, reclamaron hoy a la juez federal María Servini de Cubría que dicte el procesamiento del ex presidente por el delito de “homicidio culposo” y agrave las imputaciones contra algunos de los policías involucrados.
Acompañados por sus abogados querellantes, varios heridos graves durante aquella represión, como Martín Galli y Paula Simonetti, visitaron a la juez para pedirle que el ex comisario Orlando Oliverio y los oficiales Carlos José López, Eugenio Figueroa y Roberto Emilio Juárez, sean juzgados por “tentativa de homicidio” y no por “abuso de armas” en torno, precisamente, a las heridas de bala que ambos jóvenes sufrieron.
Los fiscales de la causa, Luis Comparatore y Patricio Evers, entendieron que tras la instrucción “no cabe ninguna duda” que los imputados fueron quienes dispararon balas de plomo contra la manifestantes. En el lugar murió Alberto Márquez, y por ese hecho los cuatro policías serán juzgados por homicidio.
Galli y Simonetti, en tanto, viven todavía con balas de plomo en sus cuerpos. Hoy le manifestaron a la magistrada que sus atacantes intentaron asesinarlos.
Además, los querellantes le pidieron a la juez que acuse al ex presidente De la Rúa por homicidio culposo, algo que, en rigor, la juez ya rechazó en su momento; los fiscales apelaron y la causa volvió a la Sala I de la Cámara Federal, que deberá decidir.
Por ahora, la juez elevó a juicio oral la acusación contra el subcomisario Omar Bellante y el detenido coronel retirado del Ejército Jorge Eduardo Varando, acusados de encubrir y cometer respectivamente el homicidio del joven Gustavo Ariel Benedetto, frente a la sucursal del Banco HSBC en la avenida de Mayo y Chacabuco, también en la tarde del jueves negro.
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