09 de May de 2024
Edición 6962 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 10/05/2024

Chicana desarmada

El juez Julio Speroni rechazó un pedido de nulidad planteado por el abogado Juan Enrique Torres Bande, quien cuestionó una medida dispuesta en uno de los expedientes anexados en la causa Armas. Sin embargo, el mismo abogado, defensor del coronel Gonzalez de la Vega, había consentido el rechazo de una impugnación similar resuelta por el juez Aguinsky en diciembre de 1999 y posteriormente avalada por un tribunal superior.

 
El juez en lo Penal Económico Julio Speroni rechazó un pedido de nulidad planteado por el ex funcionario de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega, quien impugnó una resolución inicial en la causa que, por el delito de contrabando, instruyó el magistrado de ese fuero Marcelo Aguinsky.

De la Vega había planteado –por intermedio de su abogado de confianza, Juan Enrique Torres Bande- la nulidad de esa causa, que se unificó en el juzgado de Speroni tras la decisión de la Cámara Nacional de Casación de aunar todos los expedientes, incluido el que se tramitaba en el tribunal a cargo del juez federal Jorge Urso, ya que el delito de contrabando subsumía a los demás por constituir el más grave de los que habían quedado en pie luego del fallo de la Corte al pronunciarse en torno a la situación de Emir Yoma. El planteo del ex director del área de Producción para la Defensa de FM apuntaba a establecer si existió “vicio de nulidad” en el inicio de las actuaciones que dieron origen a la referida causa 11693.

Speroni advirtió que las actuaciones que se tramitaron en el juzgado 6 en lo Penal Económico, han sido acumuladas “a la extraordinaria investigación efectuada por la Justicia Criminal y Correccional Federal (ex causa 798) y la inmensa instrucción tramitada” en su propio juzgado, más las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de manifestar que compartía la decisión de igual tenor que había adoptado su colega Aguinsky, el juez Speroni recalcó que los fundamentos del incidente ya habían sido tratados con anterioridad, y que la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico evaluó sus conclusiones en el mismo sentido
–el rechazo—“dándosele contundente solución al tema”, al advertir el tribunal de alzada que “no había agravios constitucionales” en la resolución de Aguinsky.

Esa intervención de la Cámara había reconocido su origen en un incidente de igual tenor que el generado recientemente por Torres Bande. En esa oportunidad –fines de 1999- fue articulado por la defensa del ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Eustaquio Sarlenga, en un intento por frenar la elevación de un tramo de la causa a juicio oral y público –radicada desde entonces en el TOPE 3-.

Ahora, la defensa de De la Vega, –el mismo Torres Bande- que había consentido el rechazo de ese intento nulificante cuando fue debidamente notificado por la resolución del juez Aguinsky casi tres años atrás, pretendía con similares argumentos volver a plantear la misma cuestión. Con todos esos antecedentes en torno al tema, Speroni consideró que “resulta sobreabundante expedirme respecto si corresponde hacer lugar o no a la nulidad intentada”, por lo que resolvió remitirse a esas constancias para fundar su rechazo.



dju / dju
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