Al fundamentar su solicitud judicial, Sigal denunció que “el Poder Ejecutivo congeló la cifra o cupo asignado en cada unidad educativa” y que “también se paralizó el coeficiente de dinero asignado por cada unidad integrante de cupo, es decir el monto de dinero asignado por cada escolar asistido”.
“Dicho coeficiente, desde hace tres años, quedó clavado en $0,10 por cada copa de leche, $0,30 por cada merienda reforzada y $0,60 por cada almuerzo”, precisa el escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com.
Asimismo se señaló que al no actualizarse estos recursos financieros para los comedores “surge la posibilidad de que la Provincia esté violando la base sobre la que se organiza la educación, donde el estado tiene la indelegable responsabilidad en la promoción de iguales condiciones y posibilidades de todos los niños y garantizar la gratuidad y equidad de la educación pública estatal” citando a la vez que estos principios están contemplados en la constitución provincial.
Según el legislador “la ley provincial de educación (Nº 11.612) establece en su artículo segundo que la Dirección General de Cultura y Educación tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes proveyendo de los servicios correspondientes, asegurando el libre acceso, permanencia y egreso en igualdad de oportunidades y posibilidades”.