Mediante esta sentencia se le hace saber al gobierno provincial que deberá "cesar y/o abstenerse de modificar las actuales condiciones de trabajo de los empleados representados por las actoras".
Con esta medida judicial no se podrían efectivizar las reformas al estatuto docente mediante las cuales se reducen o suprimen determinadas licencias, reduciéndose a su vez los cargos de docentes suplentes, lo que significaría un ajuste cercano a los 400 millones anuales.
Mientras esté en vigencia la medida cautelar tampoco se reclasificarán escuelas, por ejemplo quitando el adicional por desfavorabilidad o suprimiendo la bonificación por presentismo.
La medida a su vez ordena un traslado por cinco días a la Fiscalía de Estado que podría apelar la medida ante una instancia superior.