En tanto el juez Jorge Urso, arquitecto de la causa que cobró vuelo en el último año, y que tuvo su cúspide con la detención del ex presidente, uno de sus ministros y el ex jefe del Ejército Martín Balza, debió soportar con resignación ser él quien tuviera que notificarle la buena nueva al mismo hombre a quien el 7 de junio privó de la libertad, no sin antes reconocerle que gracias a su firma ocupaba un despacho como magistrado federal. Ahora la anécdota es sólo recuerdo.
Haciendo gala de un respeto de ocasión el juez se limitó a sostener que la Corte había hablado, y se guardó a silencio. Prefería no hablar. Al caer la tarde, el encuentro entre Urso y Menem fue frío y formal. El ex presidente sólo ingresó al despacho del juez para notificarse de su libertad. “pura formalidad”, al decir de uno de los asistentes al gélido encuentro.
En cambio, en la Sala Primera de la Cámara Federal todo fue trajín y hasta cierta euforia no pudo ocultarse de parte de Luisa Riva Aramayo, a quien la providencia tribunalicia le concedió la oportunidad de firmar la libertad del ex presidente.
Todos los “damnificados” fueron coincidentes al opinar, en cambio, que el fallo de la Corte estuvo impregnado la impronta alfonsinista que no terminó de digerir el fallo de la Sala Segunda de la Cámara, por el que ratificó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante su gobierno. Es que Belluscio es el único integrante de la Corte que ingresó de la mano del ex presidente y fue su voto, y no el de la llamada “mayoría automática”, el que aportó los argumentos del fallo.
“De otro modo no se explica –dijo un vocero a Diariojudicial.com—que hayan comparado nuestro pronunciamiento con leyes de la dictadura .Nos pegaron donde más nos duele, bajo la línea de flotación”. También se animaron a asegurar que con el pronunciamiento del MáximoTribunal “termina para siempre la figura de la asociación ilícita para los funcionarios”
Otra de las criticas en las que coincidieron fue en que la Corte resolvió en torno al delito de falsedad ideológica de instrumento público, cuando se debía resolver la situación procesal de Yoma a quien no ser le había imputado. En la soledad de sus despachos no fueron pocas las expresiones de solidaridad, pero ninguna de ellas sirvió de consuelo.