Según el representante del CELS, Claudio Avalos, "se denunció la alta superpoblación en comisarías que provoca no sólo que los detenidos vivan en condiciones denigrantes, sino que los policías vean comprometida su integridad física y que los vecinos deban soportar un servicio de seguridad defectuoso".
El CELS detalla en su presentación que al 30 de octubre de este año hay 6410 personas detenidas en establecimientos policiales y que no se observan normas legales que establecen lugares especiales de detención para menores en conflicto o mujeres embarazadas.
La organización defensora de derechos humanos se remitió a informes de funcionarios policiales y judiciales en los que se describen "atrocidades tales como presos que deben turnarse para dormir" o la existencia de "diez personas alojadas en superficies de 1,8 por 2,5 metros".
Asimismo se denunció que "en muchos casos a los policías les resulta imposible ingresar a las celdas, se han multiplicado los motines y se han incrementado los niveles de violencia entre internos y agentes policiales" que registran "cincuenta policías y setenta detenidos heridos".
Según el CELS, se le solicitó al Tribunal de Casación que intervenga sobre la totalidad del problema, a fin de que la decisión final tenga efectos relevantes respecto de una situación que padece toda la provincia".