En Primera Instancia se rechaza “ in limine” la demanda fundando dicho rechazo en que la demandante por medio de la acción instaurada quería "bloquear" la medida cautelar dispuesta en la causa y confirmada por la Sala I del fuero, lo cual implicaba una pretensión de interferencia en el cumplimiento de otro pronunciamiento judicial.
Contra esta decisión se interpuso el recurso de apelación y la Cámara el 30 de marzo de 2000, resolvió revocar la sentencia de Primera Instancia. Entre los fundamentos, cabe citar que “la resolución de vedar "in limine litis" el acceso a la jurisdicción se exhibe, en el sub-lite, como un claro cercenamiento de la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional” y continua exponiendo que “ la pretensión de la actora no luce como manifiestamente improponible desde que remite a la consideración de cuestiones -como el alcance de las sentencias judiciales con relación a quienes no fueron parte en el proceso-, que impiden descartar la idea de improponibilidad objetiva que, por definición, encierra un juicio categórico sustentado en la manifiesta improcedencia del remedio judicial intentado”.
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