Las acusaciones que pesan contra Brusa son "presunto abandono de persona" - por los hechos que sucedieron en la Laguna Setúbal, cuando el juez, presuntamente, atropelló con su lancha a un joven al que luego no le habría prestado auxilio- y por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" tomando en cuenta el descrédito social al que supuestamente se ve sometido el magistrado.
Sin embargo estas imputaciones originadas en los organismos de Derechos Humanos y en la izquierda política por su confusa actuación durante la dictadura como secretario del juzgado, no fueron tenidas en cuenta por el Senado cuando aprobó los pliegos con su designación. Brusa acusó a la CONADEP de "infame" y negó tales imputaciones.
El primer testigo que declaró fue presentado por la defensa, Iván Cullén, un abogado que en 1994 fue convencional constituyente "independiente" y que fue interrogado sobre aspectos del funcionamiento del juzgado federal a cargo de Brusa y si lo había recusado en alguna oportunidad, a lo que el testigo respondió negativamente.
Cullen comenzó su declaración diciendo que "es poco lo que tengo para aportar" y "que la prensa era proclive a descalificarlo" por el imputado. Los tres testigos siguientes fueron propuestos por la parte acusadora e hicieron hincapié en el "descrédito social" que gozaría el magistrado suspendido. Miguel Casabella, un Contador Público Nacional que vive en Santa Fe desde 1959, afirmó que en dicha ciudad la opinión sobre el magistrado es "unánimemente desfavorable".
Frente a la pregunta concreta formulada por el abogado defensor Horacio Brusa (hermano del imputado), sobre si su opinión sobre el juez federal era positiva o negativa, el testigo respondió "hasta que demuestre lo contrario es negativa y desfavorable". Esta expresión, que afectaría el principio de inocencia invirtiendo la carga de la prueba, fue tomada por la defensa y quisó ahondar en el tema, pero el presidente del Jury Eduardo Moliné O´ Connor lo impidió afirmando que es una discusión de derecho y doctrinaria, de la que el testigo es ajena.
Para Roberto Pozo, docente e investigador del CONICET, dentro de la sociedad santafesina existe "una sensación de vergüenza ciudadana de que un juez sospechado por un delito continúe en su cargo". El testigo Hugo Bosh, por su parte, se mostró extrañado por haber sido citado a declarar en el juicio. "No tengo ningún conocimiento de primera mano", aclaró al comienzo de su alocución, y afirmó que firmó la solicitada pidiendo la intervención del Consejo de la Magistratura para que se aclare la situación del magistrado.
Todos los testigos aportados por la acusación se basaron en las "informaciones de dominio público" aparecida en los medios de prensa y ninguno dijo tener un relato directo de los hechos imputados a Brusa. Pese a ello, todos evaluaban que la figura del magistrado estaba fuertemente desacreditada dentro de la ciudadanía, un cargo hasta ahora no contemplado por el Código Penal.
En el mismo Consejo de la Magistratura las opiniones están divididas: el ala política que encabeza el diputado radical Melchor Cruchaga este juicio se caracteriza, precisamente por ser político y por lo tanto el tribunal debería tener en cuenta todos los aspectos, ya sean jurídicos o sociales. En cambio para el ala jurídica, como Claudio Kiper, el reglamento del Jury sólo lo autoriza a moverse en el límite que establece el Código Penal y el Código Procesal y por lo tanto todo aquello que no pueda ser probado objetivamente, no puede formar parte de la acusación.
El último en declarar fue Edgardo Baugmgartner, quién se definió como empresario dedicado a las relaciones públicas, ponderó la figura del magistrado. "Es distinto lo que se lee en los diarios y lo que se comenta entre la gente" , aseveró. Durante la tarde de hoy declararán otros tres testigos.