Este miércoles por la noche, el Senado de la Nación aprobó por 39 votos contra 24 el nuevo Código Procesal Penal que había elaborado el Poder Ejecutivo y a través del cual se concreta el traspado del sistema inquisitivo hacia el acusatorio, en el que los fiscales tendrán más facultades en las investigaciones judiciales.
Durante las últimas semanas una serie de encuentros fueron llevados a cabo en el Senado con el fin de expresar opiniones y cambios necesarios en el proyecto enviado por el Ejecutivo. A pesar de ser una iniciativa que generó fuertes cruces entre legisladores desde un primer momento, el acuerdo para avanzar con su sanción fue generalizado, y por eso la semana pasada obtuvo dictamen de parte de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Hacienda.
En esas reuniones se consensuaron algunos cambios propuestos por senadores de diferentes bloques, un hecho que generó el consenso. Pero también vale tener en consideración que ya existían varios proyectos para reformar el Código y que el debate sobre la modificación es de larga data.
Durante esta sesión, el radical Ernesto Sanz se despachó contra algunos puntos en particular, adelantando al mismo tiempo que no apoyaría la reforma. Habló en nombre de su bloque al afirmar que “el diablo metió la cola en el artículo 5, cuando la sentencia puede abrirse a favor del condenado. ¿Por qué se legisla a favor del condenado y no a favor de la víctima?”.
El artículo al que se refirió el legislador expresa que “las causas actualmente en trámite quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentran. Dichas causas proseguirán consustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 23.984 –Ley Levene- y sus modificatoria”.
También afirmó que los funcionarios judiciales están influidos por poderes políticos y económicos de hecho, y de esta forma se afecta la “independencia” judicial, haciendo referencia, fundamentalmente, a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, sobre quien pesaron varias críticas.
En esta misma línea argumentativa se expresó el senador Mario Cimadevilla (UCR), al afirmar que “no podemos dejar de señalar dentro de este clima de desconfianza y cuestionamientos hacia la procuradora, algunas cuestiones generales”. El integrante de la Cámara Alta pretendía discutir, a la par del proyecto de reforma, una propuesta para modificar la Ley orgánica del Ministerio Público.
El miembro del bloque radical señaló que “se recrean un sinnúmero de cargos, cuando eso se tendría que haber aplicado al final del proceso de estudio de este Código. ¿Cómo podemos saber cuántos son los cargos que hacen falta para aplicar este código?”.
Por el oficialismo, Pedro Guastavino (FpV) defendió el traspaso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y afirmó que de esta forma se respondió a un pedido histórico de la Justicia. Además, puso de relieve las estadísticas de su provincia: con el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos, el 80% de las personas privadas de su libertad ya tienen condena firme.
Al mismo tiempo, añadió que “el proyecto viene a dar respuestas a estas preguntas que nos hacíamos respecto a cual es la causa de la ineficiencia del sistema. Esta reforma busca ser respetuosa de los principios constitucionales modernos, prometiendo resolver los conflictos”.
dju
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