La fundación La Alameda denunció al ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, ante la Procuración General de la Nación y pidió su juicio político. Es por la presunta vinculación del magistrado con tres departamentos de su propiedad en los que estarían funcionando prostíbulos. La denuncia completa.
La fundación La Alameda denunció ante la Procuración General de la Nación a Eugenio Zaffaroni por su presunta vinculación con tres departamentos, cedidos en alquiler por el magistrado, y en los que funcionarían prostíbulos según revelaron Perfil.com y el diario Libre. Por ello solicitó se promueva juicio político contra el ministro de la Corte.
La presentación fue realizada por su presidente Gustavo Vera y los abogados Mario Ganora y Juan Grabois, donde sostienen que el hecho de que el tema circule por los medios de comunicación y no por la Justicia “genera un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas”.
Concretamente, la ONG amplió una denuncia que había presentado ante la Procuración General de la Corte en diciembre del 2009 y en la que se denunciaba la existencia de 613 prostíbulos. Dicha ampliación fue recibida por Laura Monti, procuradora ante la Corte, según sostuvieron fuentes de la Procuración.
Es que tal y como lo sostiene el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Procuración tiene la facultad de promover el enjuiciamiento de jueces cuando se “hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
“De los elementos de juicio que aquí se acompañan surgiría la sospecha de que se encontraría involucrado un prestigioso Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en relación con dos de los locales mencionados en la denuncia original. Existe además una denuncia periodística acerca de un tercer local que presuntamente pertenecería al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también estaría funcionando como prostíbulo” consigna la presentación.
Asimismo sostiene que “las publicaciones periodísticas mencionadas le están atribuyendo al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331, respecto de locales denunciados en 2009”.
“Demás esta señalar que esa conducta cuando concierne a la explotación de la prostitución de la mujer revestiría carácter discriminatorio en razón de lo dispuesto en el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 75 inc. 22 C.N.)” consigna la ong y agrega que el artículo 17 de la ley 12.331 reprime a “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia…”.
Hace pocos días Zaffaroni en un programa radial explicó: “Realmente no tengo explicación para esto. Francamente, lo único que sucede, según me informan mi apoderado y la inmobiliaria que me maneja esas cuestiones, es que hay un contrato de locación”, agregó que “Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo” y añadió “no tengo idea de cómo se convierte un problema de consorcio en un escándalo de esta naturaleza”.
Tras la presentación, la diputada Fernada Gil Lozano (CC), quien acompañó a los representantes de la ONG a la presentación, sostuvo que le “resulta difícil creer que Zaffaroni no sabía nada de esto”. Por su parte Grabois explicó que “hay un mecanismo institucional que está funcionando muy mal” y agregó que “no se puede tomar con ligereza”, ello por las expresiones del juez con respecto a que "es un problema de consorcio".
“No resulta muy claro ni comprensible que los apoderados y administradores del patrimonio del magistrado no lo hubieran puesto al magistrado al tanto de esa clase de quejas sabiendo que se arriesgan a una demanda y a las consecuencias de una gestión desacertada que los afectaría en lo profesional y comercial” sostiene en la denuncia.
Agregando: “Tampoco resulta creíble que un magistrado al que se le hubiera hecho llegar esa clase de quejas se hubiera desentendido de las mismas considerándolas meros problemas de consorcio atento el peligro que representaría para su honor cualquier tipo de sospecha acerca de una posible connivencia entre él y las personas que explotan o ejercen la prostitución”.
“Si efectivamente es ajeno a la comisión de ese delito, pesa, no obstante, sobre él la obligación inexcusable de denunciar establecida en el art. 177 inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de encubrimiento (art. 277 inc. 1, apartado a) y d) C.P.)” concluye la denuncia.