Se calcula que entre 2 y 3,5 millones de personas de esa etnia viven fuera de Hungría, una nación con casi 10 millones de habitantes, que perdió cerca de dos tercios de su territorio después de la Primera Guerra Mundial.
Podrán solicitar la nacionalidad húngara -aunque nunca hayan residido ni residan en ese país- todos aquellos que puedan certificar que tienen antepasados húngaros y que conocen la lengua.
También se estableció como requisito que no tengan antecedentes penales ni impliquen un peligro para el orden público ni para la seguridad nacional. Sin embargo, los nacionalizados húngaros según esta normativa no tendrán de forma automática el derecho a votar ni a las pensiones o prestaciones sociales.
La normativa contó tanto con el apoyo del oficialista partido Fidesz como de otras agrupaciones minoritarias. La ley había sido una promesa de campaña del nuevo primer ministro, Viktor Orban, que logró una mayoría superior a dos tercios del Parlamento en las elecciones de abril.
Luego de la división territorial que se produjo tras la guerra de 1914-1918, minorías húngaras se establecieron en países limítrofes. Un millón y medio de personas de origen magiar viven actualmente en Rumania, unas 500.000 en Serbia y Ucrania, y otras tantas en Eslovaquia, donde equivalen al 10 por ciento de la población.
Según analistas consultados por el diario El País, la ley podría generar conflictos entre los países europeos porque el gobierno húngaro, podría intentar, en el largo plazo, cambiar los límites territoriales en función del principio étnico.
El primer cuestionamiento a la ley fuera de Hungría estuvo a cargo del Gobierno de Eslovaquia, cuyo primer ministro, Robert Fico, aseguró que la norma representa un “peligro vital” para la soberanía del país.
Una vez aprobada la ley por el Parlamento húngaro, el Consejo de Ministros eslovaco dio luz verde de urgencia a un proyecto de ley por el que modificó el Acta de Ciudadanía Eslovaca y pidió al Parlamento que la adopte por procedimiento rápido.