In Voce

VERDAD O CONSECUENCIA. Con un decreto digno de Ionesco, con diálogos teatralizados, la política argentina marcó un nuevo hito. Dice textualmente el texto oficial: … en comunicación telefónica con el señor Ministro del Interior el señor Fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle "que colaboraría con la campaña de Scioli" le expuso además "me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa" (en la causa mencionada) "en virtud de una grabación que había escuchado".. Como están las cosas, además del me dijeron que dicen que dijo, los próximos decretos que se vienen quizá tengan el pronóstico del tiempo, el horóscopo o la página de chistes. Más allá de lo sui géneris del texto del decreto, que fue materia de opinólogos de toda talla, desde constitucionalistas a humoristas, pasando por diputados, periodistas y por historiadores que no recordaron un caso semejante en los anales decreteriles argentinos; lo que nadie todavía tomó como un dato lo suficientemente serio es que lo que contiene un decreto tiene per se una presunción constitucional de legitimidad. El fiscal Carlos Stornelli esto lo sabe muy bien. Por su cargo de acusador público tiene bajo la competencia de su actuación funcional el impulso de los supuestos delitos de acción pública que siempre debe instruir ni bien toma conocimiento de su presunta consumación. Paradójicamente, en el entuerto político-judicial que lo tiene por estos días como protagonista, la existencia de un decreto presidencial que incluye supuestas frases por él locucionadas, de no ser ciertas como arguyen desde su entorno más próximo, debería dar lugar a la inmediata promoción de una denuncia donde se ataque ese decreto como ideológicamente falso. Un decreto es como una escritura pública, donde quienes lo firman, en este caso el presidente y los ministros, dan plena fe de lo allí escrito. Si el fiscal calla y nada hace, entonces estará consintiendo tácita y jurídicamente que los "dialoguitos" que figuran en el decreto fueron el fiel reflejo de lo que él dijo.
Una de las causas que hizo conocido a Stornelli es la del contrabando de armas en la época de Menem. Justamente en ese caso el quid de la acusación fiscal estaba en la falsedad ideológica del decreto presidencial que decía estar enviando las armas a Venezuela y Panamá cuando en realidad estaban yendo a Ecuador y Croacia. Tan ducho parece ser el fiscal en la figura que, si la conversación con el ministro Fernández fuera todo lo falsa que él debería pretender, no tendría que dudar un minuto en denunciar a los firmantes del coloquial decreto. Si no denunciara, se sometería al popular axioma "el que calla otorga" y debería asumir como un señorito la tocada de oreja que le hizo el Gobierno. Esta no es la primera desilusión que le propinan a Stornelli en el campo político. Ya hace unos años el entonces procurador Becerra le cortó las alas al troncharle un pedido de licencia que había hecho el fiscal con el fin de sumarse a la campaña de Macri. Distinto trato tuvieron los también fiscales Quantín y Campagnoli, que ante idéntico pedido sí obtuvieron la venia de Becrerra, lo que les permitió -guardando por si las moscas su cargo de fiscales- colaborar en el Ministerio de Justicia en ese entonces comandado por Gustavo Béliz. Este segundo coqueteo con la política, le salió todavía peor al fiscal.

EL QUE AVISA NO TRAICIONA. Está en los códigos no escritos de la política argentina. Es posible que Stornelli quisiera hacer uso del recurso porque sabe que con Skanska se enfrenta a un gobierno poderoso y con rasgos vengativos ostensibles. Ya conoció al tendal de víctimas de crispación oficial y evidentemente no lo quiso engrosar. Pensó equivocadamente que el Gobierno iba a agradecer el gesto y quedó tan mal parado como rengo al cruzar la 9 de Julio. La lógica hubiera sido que comunicara la decisión al jefe de los fiscales, Esteban Righi, pero en ese caso el Gobierno no iba a saber de la "buena voluntad" que quería demostrar el fiscal. Quienes defienden a Stornelli gustan de reparar en el detalle: no pidió permiso para actuar, sino que simplemente comunicó una decisión que ya estaba tomada. Fue desprolijo y lo que hizo no suena bien, pero pareciera que no fue tan malo, no cambió ostensiblemente el curso de la causa. De todas formas hay algunas preguntas incómodas que quedan flotando en el aire. ¿Por qué el Gobierno se vengó con tanta saña de Stornelli, al punto de dejarlo en evidencia y para peor a través de un decreto buchón? ¿Quién es el Judas de la película? ¿El fiscal que se quería hacer el bueno con el Gobierno para después arremeter dentro de la causa o el Gobierno que luego de la primera llamada de Stornelli se lo agradeció y después lo volvió a llamar para confirmar sus dichos y presumiblemente aprovechar para grabarlo? ¿Se trata de una estrategia brillante para apartar al fiscal de la causa o se trata de una burrada irresponsable y mal redactada que tarde o temprano el Gobierno va a pagar cara? Mientras tanto Stornelli por estas horas seguramente maldice la ocurrencia del llamado. La primera reflexión en caliente fue "esto es una operación del Gobierno para sacárselo de encima". Lo curioso de esto es que si de una operación se trata, Stornelli entró solo y voluntariamente al quirófano para que lo operaran. ¡Y encima por el PAMI ! merced a la gestión de la "hormiguita" Ocaña, que también debe lamentar por estas horas una mancha en su impecable foja de servicios, apareciendo como una operadora política de confianza en una causa judicial donde se juegan delicadas cuestiones de transparencia en la gestión de la cosa pública. Quizás el pecado mayor de Stornelli haya sido imaginarse de que podía quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Con el Gobierno, con los medios, con los denunciantes y con la sociedad. Ahora quedó mal con todos. Sin embargo en el agitado mercado político tiene a su favor muy buenos vasos comunicantes con las principales plumas matutinas del periodismo argentino. Esto no es un seguro de vida pero en situaciones de zozobra, ayuda bastante. Las empresas periodísticas por su parte, si bien le deben a Stornelli numerosos y rimbombantes titulares de primera plana, no dejan de mantener el ojo en su propio partido de tira y afloje con un gobierno que se convirtió por estas horas en rival del fiscal. Mientras tanto ni la Procuración General, ni la Asociación de Magistrados ni la novel Asociación de Fiscales, fijaron todavía su posición en un tema que, según de dónde se lo mire, tiene cierta gravedad institucional. Dos que hablaron del tema fueron los constitucionalistas Sabsay y Badeni, que dijeron según La Nación en su versión digital del día 18 (no salió en papel) "Si fuese cierto lo que señala el decreto, Stornelli debería ser separado de la causa porque habría incurrido en causales graves". "Es totalmente impropio de la función de la fiscalía comunicar acerca de una medida judicial al Poder Ejecutivo". Por su parte, el juez Montenegro, recibe unas papas ya cocinadas y bien calentitas, que seguramente sabr á administrar con el perfil sobrio y hermético que mostró hasta ahora. Así las cosas, quienes conocen la personalidad de Stornelli dudan que la traición del Gobierno lo amilane. Lejos de eso aseguran que el fiscal va por más y por todo y que no le va a temblar el pulso (y mucho menos ahora) para pedir la indagatoria de quien sea. Habrá que ver si se mete con la vida de De Vido como pide la oposición. "Entregaron los anillos para no perder el dedo" dice Lilita, "pero De Vido es la mano misma de Kirchner".

DOS TIPOS AUDACES. La aparición de dos instrumentos clave le dio impulso por estos días a la causa Skanska y su debate público: las grabaciones secuestradas en la sede de la empresa y el dictado del decreto 539/07 que eyectó a Madaro y Ulloa de sus cargos en el Gobierno. Respectivamente, Javier López Biscayart y Carlos Stornelli fueron percutores de ambas situaciones. Los dos fueron puestos a prueba por el Gobierno. El juez contó con el respaldo de la oposición frente a la amenaza del patíbulo oficial instalado en el Consejo de la Magistratura. El fiscal deberá ver cómo recompone la situación luego de su sorpresiva aparición en el decreto que lo deja impúdiciamente expuesto y que todos interpretaron como una factura política del Ejecutivo.

alejandro s. williams / dju