17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024

Caso Skanska: ¿Cuál es el límite en la relación de los poderes?

Diariojudicial.com consultó a los juristas Félix Loñ y Jorge Vanossi y al ex fiscal Norberto Quantín para que den su opinión sobre hasta donde puede llegar la relación entre los integrantes del Poder Judicial y el Ejecutivo en el marco de una causa. Los constitucionalistas hicieron referencia a la Constitución Nacional lo insólito del decreto presidencial. Por su parte, Quantín subrayó: En el fuero federal pareciera ser bastante frecuente esto.

 
El decreto presidencial que reveló una supuesta llamada del fiscal federal Carlos Stornelli al Ministro del Interior y la confesión sobre que se llevaría “puestos” a dos funcionarios que luego el gobierno echó por el caso Skanska, disparó el debate en las entrañas del Poder Judicial: ¿deben los jueces o fiscales hablar con los políticos? ¿hasta donde debe llegar esa relación y cual es el límite que no tienen que cruzar?.

Los constitucionalistas Félix Loñ y Jorge Vanossi y el ex fiscal del crimen Norberto Quantií coincidieron, consultados por Diariojudicial.com, que jueces y fiscales no deben mantener ninguna relación en el marco de las causas que tramitan. Pero Quantín opuso una excepción.

Loñ y Vanossi hicieron referencia a las relaciones acorde a lo establecido en la Constitución Nacional. La reforma de 1994 de la Carta Magna estableció en el nuevo artículo 120: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”.

“Depende del sentido de la conversación –opinó Loñ –. No hay imposibilidad que converse”. El constitucionalista agregó que “la Constitución habla que el Ministerio Público actuara en coordinación con los otros poderes. Lo que ha suprimido la Constitución es la dependencia del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo como era antes. Pero tampoco se trata de que no puedan realizarse conversaciones relacionadas con sus respectivas actividades entre los distintos poderes”.

“El Ministro Público, de acuerdo a la Constitución reformada, tiene absoluta independencia. Es como un cuatro poder del estado con un título equivalente a los demás poderes. Lo que ha ocurrido acá es de una desprolijidad, imprudencia e impudicia totales”, sostuvo por su parte Vanossi, también diputado nacional por el PRO.

Para Quintín “el Poder Judicial o el Ministerio Público tiene que mantener una absoluta independencia”. Pero señaló que en el marco de una causa puede fijarse como excepción cuando “yo sepa que un preso corre peligro en una cárcel, llamó al Poder ejecutivo para avisar”. Y aclaró que es relación no debe tener “ningún concepto que implique compromiso o dar detalle de cosas que tengo que hacer y no tienen porque enterarse los demás”.

Además de fiscal, Quintín, recientemente jubilado, fue funcionario del Ministerio de Justicia cuando Gustavo Beliz era el titular de esa cartera en el primer año del gobierno de Néstor Kicrhner. “Yo estuve en el Poder Ejecutivo y hay una excepción: si uno está proyectando una ley creo que es bueno preguntarles a los que van a aplicar la ley si está bien hecha o hay que hacerle mejoras. Esto forma parte del respeto que se le debe tener al otro poder. Pero no llamarlos en un caso concreto. Yo jamás los llame. Ni cuando forme parte del poder ejecutivo ni muchos menos cuando fui fiscal”. Señala.

Consultado sobre las conversaciones entre funcionarios judiciales y del gobierno de turno son habituales, Quantin señaló: “Depende de que fuero. En el fuero federal pareciera ser bastante frecuente esto. Eso ocurre más en unos fueros que en otros y con el tiempo han ido aumentando. Cuando entre a tribunales esto era inconcebible. Ahora pareciera que forma parte de las relaciones públicas”.

El caso Skanska también generó otro hecho poco habitual. El decreto presidencial por el cual se despidió a Fulvio Madaro como presidente del ENARGAS y a Néstor Ulloa como gerente general de Nación Fideicomisos SA. incluyó en sus fundamentos una supuesta conversación entre Stornelli y Aníbal Fernández en el que el fiscal hacía referencia a que colaboraría con el vicepresidente Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires pero antes se los llevaría “puestos a Madaro y a Ulloa”, en relación a sacarlos de sus puestos.

Loñ y Vanossi coincidieron que ese texto es “insólito y sin antecedentes”. “Es cierto que en los considerando de los decretos no hay fórmulas ni manifestaciones prohibidas. Cualquier cosa que sirva para fundamentar el decreto se puede colocar. Pero este es un episodio oscuro. Esto tiene en principio el propósito de complicar la investigación y de lograr que se pueda recusar al fiscal”, Señaló Loñ.

Vanossi recordó que un decreto “es un documento público, no es un papel privado, y es insólito que se diga las cosas que se dicen en los fundamentos”. “Prácticamente se esta hablando de trafico de influencias o intercambios de favores y da cabida a cualquier tipo de suposiciones”, completó.



martín angulo / dju
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