La iniciativa pretende establecer parámetros comunes en la legislación de los 27 países que integran la Unión Europea. El titular de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, el italiano Franco Frattini, señaló que el proyecto es “crucial para evitar que los delincuentes se aprovechen de las actuales discrepancias en los sistemas de los distintos países”.
En ese marco, Frattini dijo que los delitos no se “pueden combatir ni prevenir sólo a nivel nacional”, según reprodujo el diario Sur Digital de España. El titular de Justicia explicó que los delitos ambientales tienen carácter transfronterizos ya que en siete de cada 10 casos afecta a otros países donde se produjo el daño al ambiente.
En su texto, el proyecto anuncia penas y sanciones económicas para aquellos particulares o empresas que ilícitamente emitan sustancias peligrosas para el aire, el suelo o el mar y realizen el transporte ilegal de desechos y especies en vías de extinsión.
La norma prevé sanciones que pueden llegar hasta los 10 años de prisión. En el caso de los considerados delitos ambientales graves, se establece una condena mínima de 5 años de cárcel para los particulares y de 750.000 euros para las empresas.
El objetivo de la norma es evitar que se vuelvan a repetir sucesos como el ocurrido con el buque Probo Koala, explicó el titular de Medio Ambiente europeo, el griego Stavros Dimas. En agosto de 2006, el buque contratado por una empresa holandesa arrojó 400 toneladas de sustancias tóxicas en Costa de Marfil produciendo muertes y afectando la salud de miles de personas.