CONFLICTO COLECTIVO TRANSNACIONAL

El colectivo del derecho del trabajo, visto como la suma de las individualidades que lo integran, que representa al inter�s com�n de los trabajadores en miras al bien com�n, es una� comunidad (asociaci�n de personas con un inter�s com�n); la que no es posible delimitar� por fronteras territoriales, puesto que siendo el trabajo un hecho humano universal,� los conflictos se expanden, traspas�ndolas,� siguiendo el orden natural de la problem�tica social.

El conflicto, natural en toda relaci�n humana,� ha sido motor de crecimiento de la condici�n humana,� individual o comunitariamente observada. Esto implica asumir al conflicto no como una guerra, que lleva en s� la idea de destrucci�n del enemigo;� sino como una dial�ctica de fuerzas transformadora de la realidad,� que no busca destruir a su interlocutor sino sumarlo en la tarea de cambiar una sociedad injusta. En lo colectivo, implica que para su superaci�n el grupo deber�� lograr una cierta cohesi�n, que en las� sociedades civiles y comerciales se llama� "afectio societatis" y que fuera desarrollado por Freud� (1) al estudiar la sicolog�a social o sicolog�a de las masas, como el v�nculo de amor que une a un grupo de individuos conformando una "masa" perdurable en el tiempo.� El� afecto del grupo� hace a la identidad del mismo y a la defensa de lo que les es com�n� frente a la adversidad; y es lo que definir� la suerte del colectivo del trabajo en el derrotero de su lucha.

Se distingue entre conflictos individuales/pluri-individuales y colectivos. Los primeros� involucran particularmente a uno o varios trabajadores con uno o m�s empleadores. En los segundos, el grupo de trabajadores� pasa a desempe�arse como sujeto de derecho,� como actor social en pugna con uno o m�s empleadores por la superaci�n� de la injusticia estructural.

Otra categorizaci�n, discrimina entre conflictos de derecho y de inter�s, de acuerdo al� objetivo perseguido; as�,� ser� de derecho� el que se suscite a partir de la defensa de un derecho que ya ha sido reconocido y que se entiende est� siendo atacado o lesionado; y� de inter�s, aquel� en el cual se procura avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos. Planteado un conflicto colectivo de intereses transnacional, surgen distintas v�as de soluci�n:� que los distintos Estados mediante un tratado determinen una legislaci�n com�n; que el colectivo del trabajo transnacional celebre un convenio colectivo transnacional;� o que� los actores en conflicto lleven a cabo� colectivamente medidas de acci�n directa tendientes a forzar� la soluci�n del conflicto a trav�s de alguno de los mecanismos anteriores Sostiene Hugo Barretto Ghione (2) que la inexistencia de un sindicalismo plenamente implantado a nivel internacional capaz de negociar con empresas multinacionales u organizaciones empresariales, intergubernamentales o transnacionales podr�a conducir hacia la ineficacia del conflicto. Se�ala sin embargo la� creaci�n de algunas federaciones regionales en el caso del caucho, el papel, los l�cteos y resalta por su actuaci�n como actores sociales sindicales� en el� Mercosur, a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, creada en 1986,� y al Consejo de Trabajadores del Mercosur generando propuestas en materia de empleo y restricciones arancelarias, la propuesta sindical� de �Carta Social�� y la negociaci�n que diera origen a la Declaraci�n Socio Laboral del Mercosur.

EL DERECHO COMO ENERGIA. APLICACI�N DE LA TEORIA SISTEMICA

Como expresa la Teor�a Sist�mica del Derecho (3)� "el Derecho (D) como energ�a, parte de la realidad ( r ) del proceso de producci�n y de los valores (v) en juego. Mediante normas (n) y conducta transformadora (t) retorna a la realidad modific�ndola para que el hombre, como persona, devenga en lo que es: centro referencial de la sociedad civil. De tal modo, el derecho se ofrece como un devenir en el que,� la realidad debe ser analizada a la luz de los valores (elementos de entrada del sistema) gener�ndose a su vez normas y conductas transformadoras (salidas del sistema) que a su vez constituyen nuevas realidades que re-ingresan al sistema generandose un movimiento cont�nuo.

El colectivo del trabajo transnacional,� en defensa de sus intereses,� procurar� avanzar transformando con su conducta la realidad dis-valiosa, garantizando un m�nimo� cada vez mayor de� derechos que,� por un lado proteja al conjunto (sentido protectorio de la norma) y, por otro lado genere un vector� de crecimiento� de dicha protecci�n� (sentido prospectivo de la norma). Los valores, definidos por� Cap�n Filas (4) como entes ideales, exigentes y dial�cticos, dan contenido al sistema jur�dico. Desde lo individual, se�alan el camino propuesto e identificando a sus caminantes, brindan cohesi�n al grupo.� Cuando los valores del sector trascienden sus intereses y comprenden el bien com�n,� la defensa del inter�s de cada uno se potencia y� se transforma en justicia social

DESHOMINIZACION EN AMERICA LATINA

La desigualdad, en palabras del economista Bernardo Kliksberg (5), es la peor marca de Am�rica latina. Contrariamente a los auspiciosos pron�sticos de la d�cada del 60, en latinoam�rica, hoy,� 50% de la poblaci�n est� por debajo de la l�nea de pobreza; 22 millones de ni�os menores de 14 a�os trabajan (datos OIT),� 60 % de los ni�os son pobres, la tasa de desocupaci�n juvenil es del 22% (duplicando a la general del 11). Am�rica latina, sigue siendo una sociedad potencialmente muy rica, donde la gente est� muy mal. El desempleo y sub-empleo crecientes, sumados al constante deterioro en la inversi�n per c�pita y la ausencia de pol�ticas serias en materia de salud y educaci�n ha generado una enorme brecha con los pa�ses en desarrollo, con enormes da�os presentes y a futuro, dada la elevaci�n de los �ndices de� desnutrici�n infantil con incidencia en el bajo rendimiento intelectual. La desigualdad en la distribuci�n del ingreso de Am�rica latina es la mayor del mundo (0,57 en relaci�n al 0,25 de Noruega, Suecia o Dinamarca que son los m�s altos coeficientes); la brecha salarial entre calificados y no calificados tiende a expandirse; el acceso a educaci�n calificada seg�n datos del BID en la poblaci�n con mayores ingresos tiene 12 a�os de escolaridad, mientras que en las personas� de ingresos m�s bajos no supera los cinco; todo lo cual repercute inexorablemente en la obtenci�n del empleo, la remuneraci�n, la estabilidad y la movilidad social, gener�ndose un sistema pr�cticamente de castas (6) en el que -de hecho- a los individuos les es imposible escapar a la maldici�n de la pobreza.

Seg�n Artemio Lopez,� tras dos d�cadas de desmoronamiento del perfil socialmente integrado que ten�a la Argentina,� la mayor�a de los ni�os son pobres; y la mayor�a de los pobres, son ni�os, padeciendo sus mayores niveles de desocupaci�n,� precarizaci�n de las condiciones laborales y reducci�n de haberes a�n bajo el nivel de subsistencia.� Ramiro Gonzalez (7) sostiene que en el actual modelo la reproducci�n de la pobreza est� absolutamente garantizada ya que no se han tomado medidas que permitan mejorar los niveles salariales y se observa como �nica actividad estatal a los planes trabajar o jefas y jefes de hogar desocupados que,� descontextuados de una pol�tica educacional, no hacen m�s que perpetuar la pobreza, ya que son inferiores a la l�nea de pobreza y bajan as� el piso salarial a toda la econom�a. Conforme datos estad�sticos nacionales del Ministerio de Trabajo ( 8 ) entre mayo 2001 y mayo 2002, se destruy� el 10% de los puestos de trabajo estables registrados, con mayor incidencia en la industria y la construcci�n; casi medio mill�n de trabajadores fueron �expulsados del sistema de la seguridad social hacia la nada o, en el mejor de los casos hacia el trabajo en negro, que subi� en forma constante: a comienzos de los 90 rondaba el 25,9%; en los inicios de la convertibilidad subi� a 30%;�� a 44,2% en octubre de 2002 y volvi� a subir al 47% en la medici�n de mayo de 2003. Si bien seg�n datos oficiales se crearon puestos de trabajo, la registraci�n de aportantes es m�nima, lo cual� permite estimar que el 90% es empleo en negro. La espiral de clandestinidad persigue a la sociedad, con 4 millones de trabajadores en negro cuando en 1990� hab�a 1,7 mill�n de persona pese o �con� la reducci�n del costo laboral.

El trabajo,� desde una �ptica globalizadora es "un dato planetario , comprehensible en una dimensi�n mayor, la de un universo-en-expansi�n (9). Contrapuesto� al neo-esclavismo� materializado en la aplicaci�n de sucesivas recetas neo-liberales, se observa una creciente oposici�n - org�nica o inorg�nica - de grupos sociales en toda Am�rica Latina en lucha contra la exclusi�n del sistema capitalista que los expulsa, que hablan de la necesidad de concretar una pol�tica de desarrollo con rostro humano, que cambie el marcado rumbo de la des-protecci�n y el des-orden p�blico que lleva ya dos d�cadas� empujando hacia la muerte lenta a millones de personas y condenando a igual desgracia a muchos m�s El ideal social de la d�cada del cincuenta era la incorporaci�n a la sociedad de consumo de las clases sociales m�s bajas, a trav�s de la creciente industrializaci�n y la educaci�n. El proyecto individual se encauzaba hacia el futuro como proyecto de crecimiento y superaci�n en� �ntima relaci�n con el esfuerzo. El trabajo resultaba un elemento movilizador y dignificador del trabajador y su familia; en �ntima ligaz�n con el proyecto de pa�s vigente en la �poca,� t�picamente industrializador y con tendencia al pleno empleo, plasmado en la reforma constitucional de 1957, afianzando la idea de orden p�blico.

HACIA� UN DESARROLLO CON ROSTRO HUMANO

El an�lisis coordinado del� Pre�mbulo y el� art. 14 bis de la carta magna, permite reconocer a los derechos y garant�as all� contenidos como m�nimos inderogables. El principio de progresividad,, ha sido expresado constitucionalmente por los representantes del pueblo de la Naci�n Argentina, que� ordenaron,� decretaron y establecieron la Constituci�n Nacional para estos y� su posteridad� "con el objeto de afianzar la justicia� ... promover el bienestar general� y asegurar los beneficios de la libertad" . En total consonancia, el art. 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozar� de la protecci�n de las leyes, las que asegurar�n un m�nimo de derechos que enumera.� En todo el proceso, el mundo de los valores ideales de justicia social, solidaridad y cooperaci�n alimentaron el orden p�blico y cimentaron en las conciencias de trabajadores y empleadores la idea de la adquisici�n de los derechos, no solo para los hombres y mujeres de la �poca sino,� para la posteridad. Esta idea, clara y f�cilmente comprehensible, ha querido ser mutada en las �ltimas dos d�cadas, arrastrada por el nuevo proyecto de pa�s de las clases dominantes,� que abandonara el modelo industrialista hacia otro de generaci�n de riqueza sin producci�n, sin trabajo y con empleo para pocos, en el que� no son necesarios los trabajadores y se pretende que el dinero se auto-genere. Ante este proceso de deshominizaci�n,� com�n a toda Am�rica Latina, atravesada por dictaduras militares, pr�dicas privatizadoras y expoliaci�n de propios y extra�os emergen cada vez con mayor fuerza distintos movimientos (zapatista en M�xico, los sin tierra en Brasil o los piqueteros en Argentina) representativos de estos� exclu�dos-desaparecidos del nuevo milenio,� con lo cual �podr�a comenzar una etapa de cambios.

La negociaci�n del colectivo del derecho del trabajo sin fronteras, teniendo como par�metro el principio de progresividad, se manifiesta como un mecanismo fundamental para la hominizaci�n, sumamente �til dentro del esquema �post Bretton Woods�� ( 10 ) de ruptura del pacto social internacional, dentro del cual resultan ineficientes los organismos internacionales,� desdibujados por el constante avance del poder econ�mico internacional sobre la diplomacia, en� un esquema de �poder/fuerza vs. raz�n�. Nada impide la negociaci�n, ya que las legislaciones nacionales de cada uno de los pa�ses miembros no la prohiben, debiendo destacarse -por otra parte- que la Declaraci�n Socio Laboral del Mercosur� (R�o de Janeiro, 10-12-98) se�ala derechos sociales b�sicos, entre los que se incluye la no discriminaci�n . De ello se desprende que,� al no poder discriminarse por nacionalidades, la homogeneizaci�n de� legislaciones laborales dentro del� Mercosur, se impone. Dada la misma condici�n (de trabajador) conforme al principio de no discriminaci�n, deber�n garantizarse un m�nimo� de derechos, iguales en todos los pa�ses, para el universo de trabajadores comprendidos en el Mercosur. Ello, generar� tanto beneficios para los mismos trabajadores, como para la seguridad jur�dica y continuidad del� grupo Mercosur, al impedir ventajas competitivas basadas en el menor costo laboral.

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL MERCOSUR

Suscripto� el 29 de marzo de 1999 entre la empresa Volkswagen y representaciones sindicales de Argentina y Brasil, resulta sumamente �innovador y conducente elevar los niveles de discusi�n en cuanto toma como eje movilizador la participaci�n de los trabajadores en las decisiones empresarias, mediante procedimientos de concertaci�n; e incorpora� la capacitaci�n� y el derecho a la informaci�n de los trabajadores� respecto de la actividad de la empresa. Estos conceptos, avanzan hacia el sentido institucional de la empresa, organizaci�n integradora de seres humanos (Cap�n Filas, dixit) bien jur�dico a tutelar en pro del bien com�n, abandonando el criterio puramente "dominial" seg�n el cual el empleador-due�o era el �nico decisor de sus destinos, quedando� el trabajador-dependiente� librado a sus designios; para pasar a la concreta acci�n de los trabajadores colaborando en la elaboraci�n de proyectos de crecimiento sanos para la comunidad (destino de su obra); como tambi�n alertando o impidiendo procesos de destrucci�n del aparato productivo (decisi�n sobre su futuro personal). No menos importante es que reconozca como interlocutores v�lidos a las comisiones internas de f�brica, ya que sus integrantes son observadores directos de la problem�tica, a diferencia de la dirigencia sindical tradicional, muchas veces burocratizada y otras cooptada, ser�n directos interesados/beneficiarios� de la optimizaci�n de la producci�n y defensa de la empresa.

MEDIDAS DE ACCION DIRECTA EN EL MERCOSUR

Como antecedente, se registra la huelga de camioneros de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que durante 24 hs. mantuvo cerrados los pasos en reclamo de la suscripci�n de la Carta� Social del Mercosur, respeto a los Convenios de la OIT,� control de jornadas laborales, persecuci�n de los intentos de corrupci�n en los puestos aduaneros, instalaciones sanitarias dignas en los puestos fronterizos y suscripci�n de un convenio de trabajo regional.

LA DECLARACION SOCIO LABORAL DEL MERCOSUR

Analizando los otros dos modelos de integraci�n vigentes, refiere Corres (10) que el proceso del Mercosur, se distingue del europeo (armonizador) y del NAFTA (contractualista), por estar inspirado en otra escuela filos�fica, la constructivista �tica, que en un esquema sist�mico, no parte de la norma sino de la realidad, etapa previa a partir de la cual se construir� la norma futura, surgida de la necesidad de la integraci�n por un proceso de concurrencia de intereses de los actores sociales y estados, con identidad entre la voluntad declarativa y la pr�ctica. Su fundamento es el "precontractualismo", por lo que las normas generadas, no tendr�n car�cter derivado sino originario.

La Declaraci�n Sociolaboral del Mercosur, luego de� aprobada por los diversos �rganos del Mercosur, fue signada por los Jefes de Estado de los pa�ses miembros el 10.12.98, en R�o de Janeiro, Brasil; y es como sostiene Ermida Uriarte (11) la proclamaci�n solemne de los derechos sociales fundamentales reconocidos como tales en el Mercosur, fruto de a�os de trabajos de diversas comisiones. Seg�n sus propios t�rminos la Declaraci�n consolida los progresos sociales ya logrados en el proceso de integraci�n y sirve de sost�n o soporte a los avances futuros y constantes en el campo social, "sobre todo mediante la ratificaci�n y cumplimiento de los principales convenios de la OIT", proclamando una serie de principios y derechos en el �rea laboral, "sin perjuicio de otros que la pr�ctica nacional o internacional de los Estados partes haya instaurado o vaya a instaurar",� estableciendo tambi�n que los Estados parte "est�n comprometidos con las declaraciones, pactos, protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jur�dico de la humanidad", citando expresamente a las grandes Declaraciones y Pactos de Derechos humanos, tanto de �mbito universal como americano, remarcando esto el car�cter progresivo y abierto de la Declaraci�n, que tiende a expandirse a otros derechos y principios, adem�s de los que expresamente contempla. Con todo ello, puede sostenerse que los derechos y principios contenidos en la Declaraci�n -junto con aqu�llos- son obligatorios, vinculantes y de eficacia jur�dica plena, sea por el propio car�cter de la Declaraci�n y la superioridad del ordenamiento internacional, sea porque formen parte del "jus cogens", consagrado en el art. 53 de la Convenci�n de Viena sobre Derechos� de los Tratados, como el cuerpo de derechos humanos b�sicos que constituyen el orden p�blico internacional con validez "erga homnes", m�s all� de todo acto de reconocimiento, ratificaci�n o recepci�n por los ordenamientos jur�dicos nacionales y solo modificable por norma ulterior de Derecho internacional general del mismo car�cter. Ser�a absurdo por otra parte sostener, que una Declaraci�n solemnemente proclamada por los Jefes de Estado de los pa�ses partes de un bloque regional, larga y minuciosamente negociada con participaci�n de gobiernos y actores sociales durante a�os, sea una simple enumeraci�n de deseos. Ello, sin dejar de observar que, por provenir del Tratado de Asunci�n, conforme establece el art. 75 inc. 24 de la CN es derecho aplicable, superior a las leyes. Desde otro �ngulo, puede se�alarse que tanto la Constituci�n argentina (art. 33), como la uruguaya (arts. 72 y 332), la paraguaya (art. 45) y� la brasile�a (art. 5-LXXVII) incorporan los derechos humanos.� La Declaraci�n del Mercosur y aquellas con las que esta se integra, constituyen fuente de conocimiento de ese elenco que pasa a constituir lo que se denomina "bloque de constitucionalidad" sobre derechos humanos. En cuanto a su contenido, puede decirse que la Declaraci�n del Mercosur, entonces, comprende a todos los tratados, Pactos o Declaraciones sobre Derechos humanos, a los cuales la Declaraci�n se remite y enumera en su quinto considerando. En lo espec�fico, expresamente consagra el principio de no-discriminaci�n, los derechos de trabajadores migrantes y fronterizos,� la eliminaci�n del trabajo forzoso, la� edad m�nima de ingreso, los derechos del empleador en la� organizaci�n y direcci�n t�cnica de la empresa,� la libertad de asociaci�n y protecci�n de la actividad sindical,� el derecho a la negociaci�n colectiva, el derecho de huelga en cabeza de los trabajadores y asociaciones; la promoci�n de formas preventivas y alternativas de autocomposici�n de conflictos, fomento del di�logo social nacional e internacional, fomento del empleo y protecci�n de los desempleados,� derecho a la formaci�n profesional,� derecho a la seguridad y salud en el trabajo, derecho del trabajador a la protecci�n de las condiciones y� ambiente de trabajo con� compromiso de instituir y mantener los servicios de inspecci�n del trabajo y� el derecho de los trabajadores a la seguridad social;� plexo normativo que, como se dijo, comprende cl�usulas autoejecutables y program�ticas con compromisos precisos de acci�n por lo que toda acci�n contraria (norma o acto) gubernamental generar�a responsabilidad pol�tica o patrimonial por incumplimiento (11)

LEGISLACION SOBRE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

El Protocolo de Olivos para la Soluci�n de Controversias en el Mercosur, suscripto el 18 de febrero de 2002 (Ley 25663, B.Oficial 21-10-02 )con plena vigencia para la Argentina� prev� en su cap�tulo XI un interesante sistema de soluci�n de controversias, no s�lo para los Estados, sino tambi�n para los reclamos de particulares (personas f�sicas o jur�dicas)� con motivo de la sanci�n o aplicaci�n por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal, en violaci�n del Tratado de Asunci�n, Protocolo de Ouro Preto,� protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunci�n, Decisiones del Consejo del Mercado Com�n de las Resoluciones del Grupo Mercado Com�n y Directivas de la Comisi�n de Comercio del Mercosur. Admitido el reclamo, si del dict�men del Grupo de Expertos surgiera su procedencia,� cualquier otro Estado Parte podr� requerir de parte del Estado cuestionado la adopci�n de medidas correctivas o la anulaci�n de las medidas cuestionadas.� Si el requerimiento no prosperare en un plazo de quince (15) d�as, el Estado Parte que lo efectu� podr� recurrir directamente al procedimiento arbitral, seg�n� el Cap�tulo VI del Protocolo.

Al contemplar el reclamo por particulares permite, por ejemplo, a los sindicatos denunciar la violaci�n al derecho de no discriminaci�n entre nacionales de distintos pa�ses y pedir la homogeneizaci�n de la legislaci�n laboral del Mercosur, a la alta, observando para ello como base, el tratamiento dado por cada miembro a las distintas instituciones; o asi tambi�n -en el caso argentino, por ejemplo - denunciar la violaci�n de la Declaraci�n Socio Laboral del Mercosur, puesto que la ley de asociaciones profesionales nacional pretende desconocer la titularidad del derecho de huelga en cabeza de los trabajadores, mientras que el instrumento citado s� lo hace, indistintamente, en cabeza del trabajador o la asociaci�n profesional que lo represente. Este reclamo, resulta ahora a�n m�s interesante y viable ya que desde el a�o 2002 ya no son ilegales los ciudadanos de un pa�s integrante del Mercosur que ingrese a otro pa�s miembro, lo cual favorecer� seguramente emprendimientos comunes en zonas de frontera.

PERSPECTIVAS PARA EL MERCOSUR

Es evidente que� am�rica latina no ha logrado en el �mbito internacional,� la unificaci�n que, bajo la hegemon�a de los Estados Unidos, s� demuestran los pa�ses desarrollados, con influencia decisiva ante el FMI y el Banco Mundial� (12 ). �Alain Touraine (13), opina que es un buen momento para encauzar la integraci�n en Am�rica Latina, ya que -sostiene- Europa podr�a apoyarla, y geopol�ticamente al gobierno de EEUU le interesa m�s el conflicto b�lico que la hegemon�a regional, lo cual permitir�a a los pa�ses mayor independencia.

Ideas renovadoras� en los estudios econ�micos, buscan mostrar la complejidad de las motivaciones humanas y la simplificaci�n de los an�lisis hasta ahora dominantes. En ese orden, Roberto Gargarella (14) se�ala al Premio Nobel de Econom�a 2002, el psic�logo cognitivo Daniel Kahneman (tanto como al fil�sofo igualitario Amartya Sen, premio novel de 1998), cuyos estudios econ�micos introducen reflexiones con implicaciones en �reas tan diversas como el derecho o los estudios culturales. Explica que conforme con la visi�n todav�a dominante, los individuos son vistos como sujetos racionales que permanentemente "calculan"� qu� cursos de acci�n tomar, y actuan luego� "maximizando" sus preferencias m�s ego�stas, incrementando sus "ganancias" sobre todo econ�micas; y que el mercado �ya que no el Estado� debe estar abierto a recibir e implementar tal tipo de preferencias "dadas" para maximizar la libertad de las personas Estos trabajos predicen que las pol�ticas implementadas en favor de los m�s desaventajados (los pobres, las mujeres, los discapacitados o el medio ambiente), van a resultar finalmente nocivas para �stos, por ej.� en el caso de limitar la jornada de mujeres, los empleadores van a inclinarse por no contratarlas. De ello se desprende una conclusi�n funcional al "status quo": si el Estado quiere ayudar a los m�s desaventajados, lo mejor es que no intervenga en la econom�a.

Ahora bien, la nueva corriente de estudios de Kahneman viene a mostrar la complejidad de las motivaciones y el razonamiento humanos, y la tremenda simplificaci�n de los an�lisis econ�micos dominantes; y demuestra que la pintura del individuo ego�sta y maximizador de ganancias es absurdamente simplista, y que desconoce el impacto que tienen en nuestros razonamientos, por ejemplo, las preocupaciones por la reciprocidad, o la b�squeda del trato equitativo. Los estudios dominantes han ignorado tambi�n la "aversi�n a las p�rdidas" que distingue a nuestro razonamiento y, en particular, el modo en que la asignaci�n inicial de recursos incide en nuestros "c�lculos" cotidianos. La idea es que, habitualmente, no elegimos de modo "libre" entre las diferentes opciones que tenemos frente a nosotros, sino que nuestras "preferencias" resultan moldeadas por aquello que "ya tenemos asignado", y muestran por ejemplo, que mientras ser�amos indiferentes en una elecci�n entre A y B, tendemos a quedarnos con A (al menos una mayor�a de nosotros) si es que se nos asign� A inicialmente, aunque tengamos plena libertad para intercambiar A por B.� Observaciones como �sta tienen enorme trascendencia a la hora de (volver a) reflexionar acerca del papel del Estado. Resulta que nuestras elecciones se encuentran "end�genamente" moldeadas, en buena medida a partir de las reglas legales existentes. As�, en un contexto racista, y en donde el derecho no reaccione contra el racismo, el mercado va a tender a reproducir y reforzar ese racismo. En un contexto que discrimina contra la mujer (en donde el derecho no intervenga contra dicha discriminaci�n), el mercado va a tender a reproducir y reforzar esa discriminaci�n.En definitiva, estos nuevos estudios econ�micos revierten la verdad consagrada en los estudios dominantes. La ausencia estatal en pro del respeto a libertad individual configura un planteo ingenuo y nocivo. El reclamo de esclarecimiento mutuo, debate colectivo e intervenci�n del Estado, resulta en cambio el camino para renovar el paradigma econ�mico dominante.

En cuanto al enfoque de este trabajo, la teor�a de Kahneman viene a re-asignar valor a la regulaci�n de la relaci�n laboral, contra la pretendida "liberalizaci�n" en materia laboral, abandonando el criterio puramente economicista (que no ha sabido dar salidas a la crisis, sino que la ha ido acentuando) para buscar un punto de apoyo en valores que permitan construir una sociedad m�s justa. Y, aqu�, por cierto cobra m�s que nunca importancia el roll de los actores sociales, la comunidad de trabajadores del Mercosur, que pueden desde ese lugar no s�lo construir un derecho com�n, sino tambi�n exigir que desde los Estados miembros, se comience a desandar el camino de la desprotecci�n y el abandono.

HIPOSUFICIENCIA, DEPENDENCIA Y NEGOCIACION COLECTIVA

Hablando de lo p�blico y lo privado, el psicoanalista Charles Melman (15)� subraya que no hay comunidad humana posible sin que exista en su seno un bien com�n, p�blico y del que puedan sacar provecho todos los miembros de la comunidad; el que es un �bien p�blico esencial�� porque es para cada uno de sus integrantes el signo de su humanidad. Ese bien com�n, impone sacrificios al exigir de cada uno la renuncia a cierto goce, por lo que puede decirse que lo que reconoce la humanidad de cada uno es compartir el mismo sacrificio. Por ejemplo, cuando se estima que en una democracia, la educaci�n y la salud forman parte de los bienes p�blicos, se indica simb�licamente que esa comunidad est� reconociendo la humanidad rec�proca de cada ciudadano al reconocerle el derecho a curarse y educarse, independientemente de su status social, de su riqueza o su pobreza.� En opini�n de Melman, el bien p�blico m�s preciado es la lengua, porque permite reconocer a los locutores la humanidad rec�proca de quienes hablan el mismo idioma, como integrantes de una humanidad com�n.� Tomando el concepto expresado por Hegel (Dial�ctica del Amo y el Esclavo-Fenomenolog�a del Esp�ritu), analiza Melman� que, pasado este primer escal�n, los individuos mediante el lenguaje afirman su identidad y reconocen al semejante; traslo cual se instala entre los sujetos una desigualdad, que hace que uno de ellos tome una posici�n de dominio o mando y que el otro tenga que luchar por hacerse reconocer. El que est� en posici�n de amo buscar� captar en su semejante ese objeto que lo hace un semejante (a�n cuando es un semejante desigual), buscar� captar en �l ese objeto para apropi�rselo y as� lograr, cuando se lo haya apropiado, negar la humanidad de su semejante; es lo que Marx llam� la �plusval�a� (producto de la enajenaci�n del trabajo, en la que el esclavo s�lo tiene su fuerza laboral; y la mercanc�a y el reconocimiento son cuestiones privadas del Amo). Esta disposici�n, que marca la evoluci�n de nuestra historia conduce a la instalaci�n� de una sociedad de amos, a la que se llega por una extra�a privatizaci�n en la cual los que se encuentran en posici�n de amos organizan una sociedad aparte, muy particular, porque en ella ya no hay bien com�n, entre los amos no hay solidaridad ni reconocimiento del otro como semejante y, para esta sociedad de amos ya no hay ley. Quedan aparte los exclu�dos de lo que era un bien p�blico, aquellos cuya humanidad es denegada y enajenada en una falta absoluta de reconocimiento como humano, que dejan de integrar el mundo simb�lico-social, para formar parte de un �in-mundo�, quedan fuera del mercado del� lenguaje y sus leyes, �los sin voz ni palabras� que retornan en el campo del lenguaje como �deshecho� de la cultura predominante y� fuera del Pacto Social.

Estos conceptos tomados del Psicoan�lisis y la Filosof�a, ayudan a entender desde otro punto de vista la relaci�n de dependencia en dos aplicaciones: laboral e internacional. En la relaci�n de dependencia laboral, el sujeto que se reconoce en posici�n hiposuficiente, reconoce tambi�n al amo (empleador).� En un principio, la relaci�n de dominaci�n era lo suficientemente fuerte como para que el amo se apropiara de la humanidad del esclavo en su totalidad, excluy�ndolo absolutamente del bien com�n. Luego, la lucha de los esclavos gener� las leyes sociales que morigeraron los efectos de la relaci�n, reconociendo en los dominados su humanidad y permiti�ndoles participar en porciones cada vez m�s crecientes del bien com�n. Entonces, la entrega de la fuerza de trabajo y apropiaci�n por el amo/empleador, pas� a contraprestarse con el pago del salario, permitiendo al esclavo-trabajador la adquisici�n de bienes y servicios y participar del �goce�. Importa referir en este aspecto la hominizadora reflexi�n de Capon Filas (16) acerca de la inequidad� de� "contraprestar" solo con remuneraci�n; ya que si se dice que el trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre (arts. 4 y 21 RCT) la consideraci�n �ntica de los conceptos que refieren a cantidad y cualidad, refleja que la� contraprestaci�n del empleador deber�a reunir ambas caracter�sticas; o sea devolver cantidad (remuneraci�n) y cualidad (participaci�n en la elecci�n del destino de su entrega, o sea participaci�n en la decisi�n empresaria y certeza en su futuro personal, o sea estabilidad) lo que en tal caso completar�a la ecuaci�n, balanceando las prestaciones. Regresando al an�lisis de la relaci�n de dependencia laboral, curiosamente, se observa en estas tierras una mutaci�n, en la que aparentemente los amos decidieron formar una sociedad de amos, en la que no necesitan del esclavo, no necesitan apropiarse del bien del esclavo (su trabajo) y solo se contemplan a s� mismos, excluyendo al esclavo. Lo que ha perdido valor para el amo, es el trabajo, que ya no es un bien preciado. Abandona entonces al esclavo/productor del trabajo, generando su exclusi�n sin advertir a tiempo su propio empobrecimiento, pues "consume" la fuerza de trabajo acumulada, sin generar nueva hasta convertirse �l mismo en un exclu�do m�s, esta vez un exclu�do de la sociedad de amos. En contrario de lo referido, en las econom�as centrales, la fuerza de trabajo es considerada a�n un bien preciado no solo por el amo/empleador; sino tambi�n por el amo/Estado que motoriza la econom�a mediante el consumo de las masas obreras.

�En un �mbito a�n mayor, la relaci�n de dependencia entre pa�ses perif�ricos y capitalismos centrales tiene importantes simetr�as. Se observa all� tambi�n una relaci�n hiposuficiente, en la que los perif�ricos necesitan del capitalismo central para poder crecer, no-decrecer, o en alg�n modo participar del disfrute de los beneficios de la modernidad. Entregan su producci�n nacional al precio y condiciones fijadas por el comprador, debiendo luego comprar a costos elevados bienes con gran valor agregado que solo las econom�as centrales producen (avances en salud, comunicaciones y tecnol�gicos en general)� al precio fijado por ellas; para lo cual, a su vez, deben obtener de estas cr�ditos, a crecientes tasas de inter�s por ser pa�ses d�biles y �poco confiables�, lo cual agrava exponencialmente la crisis y hacen imposible el pago de la deuda.�

La relaci�n de hiposuficiencia/dependencia internacional parecer�a hallarse en un estad�o previo a la aparici�n de las leyes sociales en materia de relaci�n de dependencia laboral, comparable en la Argentina de la etapa previa al estado benefactor,� con los ingenios azucareros de Patr�n Costa� donde se pagaban miserables jornales en bonos, s�lo canjeables� en el almac�n del empleador, que impon�a precios m�s elevados que los otros comercios, endeudando al obrero y convirti�ndolo� en esclavo, al impedirle salir del ingenio� hasta que no saldara "su cuenta". Visto de ese modo,� en cuanto a la relaci�n amo/esclavo estudiada desde la psicolog�a, podr�a ubicarse en la etapa inicial, en la que el amo/capitalismo central busca captar en su semejante/capitalismo perif�rico, ese objeto que lo hace un semejante (a�n cuando es un semejante desigual), busca captar en �l ese objeto (dinero, materias primas, conocimiento de cient�ficos que son atra�dos hacia el� centro) para apropi�rselo y as� lograr, cuando se lo haya apropiado (plusval�a internacional) negar la humanidad/beneficios de la modernidad del semejante, para todo lo cual muchas veces cuenta con la colaboraci�n de dirigentes cooptados por beneficios o prebendas clandestinamente obtenidas del �amo� a quien se intentan parecer, a�n en la certeza de no �pertenecer�, o de no ser �reconocidos como un igual�.

CONCLUSIONES

Es dable pensar que la alternativa de superaci�n de la injusticia estructural, est� en lo colectivo, tanto en la relaci�n de dependencia laboral como en la internacional. Cabe aqu� citar una vez m�s a� Melman (id.id.), quien sostiene que solo la lengua es capaz de fundar para nosotros un pacto social, es decir, capaz de instaurar ese bien com�n, que es el que permite la organizaci�n de una comunidad viva, viable y aceptable;� pacto simb�lico que hoy� ha perdido valor al ser� sustitu�do por la fuerza real.

Es en este momento de crisis de la humanidad, que el roll del abogado como trabajador del derecho cobra trascendental importancia para vehiculizar los intereses de los actores sociales, en la b�squeda de su destino superador, empleando las herramientas del sistema. Tal y como el agua sabe colarse entre las hendiduras de los viejos edificios, avanzando hasta los cimientos,� el abogado� deber� buscar los caminos que permitan superar esta espantosa realidad y conjurar el destino que se pretende imponernos, a modo de sistema de castas.� Poderosas herramientas a su alcance son la negociaci�n colectiva transnacional, el Convenio Colectivo Transnacional, la Declaraci�n Socio Laboral del Mercosur y el Protocolo para la Soluci�n de Controversias, que fueran tratados anteriormente, y que permiten incorporar los derechos humanos ya sea� mediante la homogeneizaci�n de legislaciones "intra-grupo"� como por el reconocimiento de otras a�n no recepcionadas en las respectivas le