1.-Introducci�n.

�Para abordar el tema elegido, debemos como primera medida reconocer que el Derecho del Trabajo, la Seguridad Social, y el Derecho Colectivo del Trabajo, son materias que han tenido poco tratamiento en el �mbito regional desde la firma del Tratado de Asunci�n (20/3/1991) que formalizara el MERCOSUR. Cabe destacar que el subgrupo de trabajo n�10 �Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad�, sobrevino con posterioridad al anterior subgrupo n�11 �Asuntos Laborales� de la primera estructura institucional, y que en diciembre de 1998 en la reuni�n del Consejo Mercado Com�n (CMC), los presidentes de los pa�ses miembros suscribieron la �Declaraci�n Socio- Laboral del Mercosur� (R�o de Janeiro 10/12/98). Y esta �Declaraci�n� surgi� luego de arduos debates y decidida participaci�n de las confederaciones generales y centrales de trabajadores miembros de la regi�n.

En la etapa de su nacimiento y primeros pasos, el Mercosur ha tenido un perfil netamente economicista, de transacciones comerciales, arancelarias, tributarias, de intercambio, etc., para llegar paulatinamente a una integraci�n� m�s productiva y social, donde la complementaci�n y la solidaridad compongan los verdaderos cimientos de la regi�n. No se escapa del an�lisis, que existe tambi�n una necesidad hist�rica de lograr la autodeterminaci�n de Latinoam�rica dentro del continente para avanzar luego hacia una integraci�n que respete la soberan�a, la dignidad , la justicia social y el desarrollo pleno de nuestros pueblos. El Mercosur ha de convertirse, como lo demuestran las nuevas asociaciones a �l, (Chile, Bolivia, Per�, Venezuela, pa�ses del Pacto Andino), en un polo estrat�gico que logre transformar la globalizaci�n que impone el capital financiero internacional encarnado en EE.UU, en un verdadero universalismo humanista y cristiano. La defensa de la regi�n, sobre los subsidios agr�colas, el endeudamiento externo, la descapitalizaci�n de las naciones, el desempleo,� la pobreza, la expoliaci�n de los recursos naturales, y la agresi�n sobre el medio ambiente deben terminar para el bien de la humanidad, no solo de la regi�n. Y a todo ello apunta la orientaci�n que se intenta dar con un cambio de enfoque hacia lo social.

La integraci�n de los pueblos de Am�rica Latina con el fin de ampliar sus estrechos e insuficientes mercados locales y posibilitar la obtenci�n de un efectivo poder de decisi�n frente al factor externo, no constituye ya una opci�n sino la �nica salida para emerger del subdesarrollo y subordinaci�n externa en que se encuentran. Si bien el desarrollo econ�mico debe ser concebido en el plano macroecon�mico, no puede desentenderse del proceso econ�mico que se produce en el seno de cada empresa y de cada sector de actividad, pues en ellas deben valorarse las reacciones que se suscitan� con motivo de la aplicaci�n de los planes aplicados en aquel nivel. El proceso econ�mico no puede llevarse a cabo a cualquier precio; menos a�n si ese precio deben pagarlo en mayor medida los trabajadores por quienes vela, precisamente el Derecho del Trabajo.

El Derecho del Trabajo, pues, con todos sus principios y normas, al demandar de la econom�a un constante y creciente bienestar para sus tutelados constituye, en �ltimo t�rmino �como la misma Seguridad Social, que hace lo propio con todos los necesitados- un derecho condicionador del desarrollo econ�mico pugnando por colocar, al fin, la econom�a al servicio del pueblo.

En este �ltimo sentido proyecta no s�lo la producci�n sino tambi�n, la distribuci�n y el consumo de bienes y servicios, hacia una mayor socializaci�n.

En la d�cada de los noventa del pasado siglo XX, en la regi�n, se impusieron reformas laborales �flexibilizadoras� donde se precarizaron los contratos de trabajo, se ech� por tierra la estabilidad en el empleo, la disponibilidad de institutos como la jornada de trabajo, las vacaciones, el sueldo anual complementario, las categor�as profesionales v�a �polifuncionalidad�, la descentralizaci�n y articulaci�n de los convenios colectivos de trabajo, etc.; todo ello para facilitar supuestamente el crecimiento del empleo, hecho que no ocurri�; y se convirti� en una verdadera rebaja de derechos de los trabajadores. La reparaci�n de los accidentes y enfermedades profesionales pasaron a convertirse en un negocio de compa��as aseguradoras que tampoco cumplieron con el rol de prevenir y controlar los riesgos del trabajo en las empresas, con el agrav�nte de la desresponsabilizaci�n de los empleadores de la reparaci�n integral de los infortunios laborales. Igualmente se reformaron los sistemas jubilatorios promocin�ndose la capitalizaci�n de los aportes con la creaci�n de organismos como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones ligadas a los bancos, en detrimento de los sistemas solidarios estatales de reparto. Con la rebaja de las contribuciones patronales como contrapartida de la supuesta promoci�n del empleo, se aument� la evasi�n de los dep�sitos y agrav� el d�ficit de la Seguridad Social. Todos esos cambios que han correspondido a un modelo neoliberal� dependiente, y de exclusi�n social fueron� resistidos por los trabajadores sindicalmente organizados. Hoy en los comienzos del siglo XXI soplan nuevos vientos, y en la regi�n se intenta recomponer los aparatos productivos y los mercados internos con el fin de resolver el drama del desempleo as� como el trabajo precario, informal o en negro.

En este nuevo camino tambi�n se generan condiciones propicias para la recuperaci�n de derechos laborales y se promociona la negociaci�n colectiva.

El l�mite para evitar p�rdidas de conquistas anteriores deber� buscarse en las normas constitucionales que imponen los principios imperativos del derecho individual y colectivo del trabajo que mantienen el estamento fundacional del orden p�blico laboral, pero tambi�n en sucesivas leyes, doctrina e interpretaciones jurisprudenciales que mantienen vivo el principio protectorio, el de progresividad e incorporaci�n de los derechos adquiridos por las convenciones colectivas m�s beneficiosas para el trabajador.

En el orden regional, el avance que representa la sanci�n de la Declaraci�n Socio-Laboral resulta por dem�s importante. Conforma un verdadero c�digo sint�tico de derechos individuales, colectivos, y de la seguridad social as� como de fomento del empleo, formaci�n profesional e inspector�a del trabajo.

Referido al tema espec�fico de los derechos colectivos de trabajo, comprende: la Libertad de Asociaci�n (art.8�), tanto para trabajadores como los empleadores; la Libertad Sindical (art.9�); la Negociaci�n Colectiva (art.10�); el Derecho de Huelga (art.11�);� la Promoci�n y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposici�n de conflictos (art.12�);� y el Di�logo Social (art.13�).

Lo destacable de esta Declaraci�n, es el compromiso de los estados parte para con la aplicaci�n y el seguimiento de esta normativa. As�, por el art�culo 20�, 1.-�Los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscriptos en esta Declaraci�n y a promover su aplicaci�n de conformidad con la legislaci�n y las pr�cticas nacionales y las convenciones y acuerdos colectivos. Con tal finalidad, recomiendan instituir, como parte integrante de esta Declaraci�n una Comisi�n Sociolaboral, �rgano tripartito auxiliar del Grupo Mercado Com�n, que tendr� car�cter promocional y no sancionatorio, dotado de instancias nacionales y regional, con el objetivo de fomentar y acompa�ar la aplicaci�n del instrumento. La Comisi�n Sociolaboral Regional se manifestar� por consenso de los tres sectores, y tendr� las siguientes atribuciones y reponsabilidades: a)examinar, comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados Parte, resultantes de los compromisos de esta Declaraci�n; b)formular planes, programas de acci�n y recomendaciones tendientes a fomentar la aplicaci�n y el cumplimiento de la Declaraci�n; c)examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la aplicaci�n y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaraci�n; d)examinar dudas sobre la aplicaci�n de la Declaraci�n y proponer aclaraciones, e)elaborar an�lisis e informes sobre la aplicaci�n y el cumplimiento de la Declaraci�n; f)examinar e instruir las propuestas de modificaci�n del texto de la Declaraci�n y darles el curso pertinente;

2.-Las formas y mecanismos de canalizaci�n de los asuntos citados precedentemente ser�n definidos por el reglamento de la Comisi�n Sociolaboral Regional�.

Cabe recordar aqu�, que esta Declaraci�n, conforma un cuerpo de normas dictadas en consecuencia del Tratado de Asunci�n, por el �rgano superior del Mercosur, facultado para ello, el Consejo Mercado Com�n (art.10� del Tratado); as�mismo, por el art�culo 42� del Protocolo de Ouro Preto(17/12/94), dentro de las �Fuentes jur�dicas del Mercosur� establece que:�las normas emanadas de los �rganos del Mercosur previstos en el art�culo 2� de este Protocolo tendr�n car�cter obligatorio y, cuando sea necesario, deber�n ser incorporadas a los ordenamientos jur�dicos internos mediante los procedimientos previstos en la legislaci�n de cada pa�s�. Por imperio del art.75� inc.22� e inc.24� de la Constituci�n Nacional Argentina, posee jerarqu�a constitucional, superior a las leyes, no derogan art�culo alguno de la primera parte de la constituci�n y deben entenderse complementarios de los derechos y garant�as por ella reconocidos. Que por otra parte, ya antes de que se reformara nuestra Constituci�n, el Tratado hab�a sido aprobado y ratificado por ley 23.981 (B.O.12/09/91). En otras palabras, esta Declaraci�n, posee esa jerarqu�a jur�dica y es derecho vigente, de aplicaci�n obligatoria, as� como complementaria del art�culo 14� bis de la C.N.A.

A mayor abundamiento, podr�amos agregar que por el art�culo 26� de la Convenci�n de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (incorporado a nuestro ordenamiento jur�dico por ley 19.865) se impone el principio fundamental para la subsistencia de las relaciones internacionales: los pactos se hacen para ser cumplidos, conforme el aforismo latino �pacta sunt servanda�. Dicho art�culo 26� dice: �Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena f�.

Ahora bien, no olvidemos que en este tipo de procesos de integraci�n, de evoluci�n cont�nua, se van creando v�nculos y relaciones cada vez m�s estrechas entre los Estados miembros pero tambi�n entre las personas f�sicas y jur�dicas y se crean tanto derechos como obligaciones. As�, no parece razonable que si una norma comunitaria de derecho derivado obliga a los Estados parte a eliminar cualquier medida obstaculizadora de los intercambios intracomunitarios, un agente del mercado,� empresa. Sindicato o particular, se vea impedido de invocarla para ejercitar su derecho a circular libremente por el espacio com�n, o de hacer circular una mercader�a, o servicio, o un contrato laboral o suscribir un convenio colectivo de trabajo, atac�ndo cualquier normativa contraria emanada de su Estado de origen o de otro Estado parte. Por ello, las decisiones, las resoluciones y las directivas, crean derechos y obligaciones, tanto para los Estados miembros como para sus ciudadanos que los poderes internos del Estado tienen la obligaci�n de garantizar. Esto, en tanto y en cuanto dichas normas sean claras, precisas e incondicionadas o cuando el Estado parte obligado no desarrolle, en tiempo oportuno, la norma conferente de derechos u obligaciones en su derecho interno.

La armonizaci�n de normas debe realizarse en forma din�mica y no est�tica, es decir, no de una vez para siempre y, sobre todo , ser llevada gradualmente al m�s alto nivel econ�mico y social, porque de lo contrario aprovechar�a a los intereses del capitalismo financiero internacional al congelar los salarios y beneficios sociales y aumentar las ganancias de los inversionistas sin ning�n r�dito para los trabajadores. A trav�s del Derecho Internacional se apunta que ante la circunstancia de no poder unificarse el derecho sustancial en t�rminos absolutos, se ha buscado la soluci�n de los conflictos espaciales de leyes de naturaleza laboral por v�a indirecta, esto es, mediante la indicaci�n de la ley competente para regir determinado hecho por el derecho interno de cada pa�s, por la aplicaci�n del criterio de la territorialidad de la norma usando el principio de la ley m�s favorable al trabajador en tanto sobre la relaci�n jur�dica converjan dos o m�s leyes oriundas de soberan�as distintas. El principio in dubio pro operario cuenta en el derecho internacional con el respaldo de la Constituci�n de la OIT (art.19� inc.8�).

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

2.-Libertad Sindical.

Dado el tratamiento formulado en la Declaraci�n Socio-Laboral, en su art�culo 8� al derecho gen�rico de �Libertad de Asociaci�n� referido tanto a trabajadores como empleadores creemos necesario comenzar por este derecho que sin duda es el primero que guarda �ntima relaci�n con la libertad sindical. As�, textualmente dice:�1.-Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constitu�r las organizaciones que estimen convenientes, as� como de afiliarse a esas organizaciones, de conformidad con las legislaciones nacionales vigentes. 2.-Los Estados Parte se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la libre asociaci�n, absteni�ndose de cualquier injerencia en la creaci�n y gesti�n de las organizaciones constitu�das, adem�s de reconocer su legitimidad en la representaci�n y la defensa de los intereses de sus miembros�. Aqu� la novedad, para nuestro pa�s, es la referencia al derecho de los empleadores, puesto que no se encuentra vigente, una norma del derecho colectivo del trabajo que se refiera a ellos, aunque le son aplicables los convenios de la OIT n�87 y n�94, el art.14� de la C.N. de ��asociarse con fines �tiles.�,y art�culos 32� al 50� del C�digo Civil sobre personas jur�dicas y las asociaciones civiles.

������ En relaci�n con los trabajadores podemos decir que este derecho de constitu�r organizaciones, y afiliarse a ellas, conforme las legislaciones nacionales vigentes, posee rango constitucional en el art�culo 14� bis (C.N.) �..El trabajo en sus diversas formas gozar� de la protecci�n de las leyes, las que asegurar�n al trabajador�organizaci�n sindical libre y democr�tica, reconocida por la simple inscripci�n en un registro especial��. Tambi�n se encuentra reconocido por la ley de asociaciones profesionales o sindicales n�23.551 y su reglamentaci�n. Pero este derecho implica que esas organizaciones sindicales se encuentran libres de toda injerencia del Estado y de los empleadores. As� el art.4� (ley 23.551) consigna el derecho que tienen los trabajadores a constitu�r libremente y sin necesidad de autorizaci�n previa, asociaciones sindicales y, de afiliarse a las ya constitu�das, no afiliarse o desafiliarse, es decir, los poderes positivos y negativos de la libertad sindical individual, cuya titularidad corresponde a los trabajadores en una sola norma.

������� Los trabajadores son titulares del derecho de crear o fundar los sindicatos que �estimen convenientes� (Convenio n�87, Art.2� OIT); lo cual implica una doble protecci�n tanto respecto del Estado, pues no se requiere solicitar un permiso para el ejercicio de este derecho, como respecto de los empleadores, que deben abstenerse de toda injerencia tendiente a promover, impedir u obstaculizar la libre formaci�n de entidades sindicales por parte de los trabajadores. Por otra parte, la libertad de constituci�n de estas organizaciones debe adecuarse a las reglamentaciones legales, dado que no se trata de un derecho absoluto.

������ Todo trabajador tiene el derecho a incorporarse en calidad de afiliado al sindicato que representa al sector de su actividad, oficio, profesi�n o categor�a, o empresa, cumpliendo los requisitos estatutarios. As� tambi�n, (art.12� ley 23.551) las asociaciones sindicales deber�n admitir la libre afiliaci�n de conformidad con la ley y sus estatutos, los cuales deben conformarse a ella. Y por el art.7� de esa ley, se consagra el� principio de libertad sindical positiva en el plano individual, es decir de afiliarse sin restricciones discriminatorias, prohibi�ndose a las asociaciones sindicales hacer diferencias por razones ideol�gicas, pol�ticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo.

����� Debemos agregar que en nuestro pa�s existen tres tipos de asociaciones sindicales seg�n su situaci�n legal y representaci�n: a)las simples asociaciones sin inscripci�n legal, b)las inscriptas en un registro especial de la autoridad de aplicaci�n (Ministerio de Trabajo de la Naci�n) y que poseen personalidad jur�dica, y c)las asociaciones sindicales que adem�s de su inscripci�n y personalidad jur�dica tienen personer�a gremial por ser las m�s representativas del �mbito de su representaci�n (actividad, rama, oficio, categor�a profesional, empresa); estas �ltimas tienen la exclusividad de negociar convenios colectivos de trabajo y representar a los trabajadores frente al Estado. Tambi�n nos encontramos con tres niveles de organizaciones sindicales: las asociaciones de primer grado o uniones, que representan a todos los trabajadores de una misma actividad, oficio, profesi�n o empresa; las Federaciones u organizaciones de segundo grado, que agrupan a las uniones a ellas afiliadas; y las Confederaciones u organizaciones de tercer grado, que re�nen a Federaciones y Uniones a ellas afiliadas o adheridas.

����� Cabe destacar la aplicabilidad al tema, de otros Tratados internacionales vigentes�� como la �Declaraci�n Americana de los Derechos del Hombre�, Cap�tulo Primero, Art.XIV:�Toda persona tiene derecho al trabajo�, Art.XXII: �Toda persona tiene derecho a asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses leg�timos,��. El �Pacto de San Jos� de Costa Rica�, Art.16� �Libertad de Asociaci�n.1�.Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines�laborales�o de cualquier otra �ndole.� 2�. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr�tica, en inter�s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p�blicos, o para proteger la salud o la moral p�blicas o los derechos y libertades de los dem�s. 3�.Lo dispuesto en este art�culo no impide la imposici�n de restricciones legales, y a�n la privaci�n del ejercicio del derecho de asociaci�n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic�a.�. Pacto Internacional de los Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales. Parte III. Art�culo 8.1.a) El derecho de todas las personas a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci�n, con sujeci�n unicamente a los estatutos de la organizaci�n correspondiente,�b) El derecho de los sindicatos a fundar federaciones o confederaciones, y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.�. Pacto internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. Parte III. Art.22�: �Toda persona tiene derecho a asociarse libremente a otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protecci�n de sus intereses.�. Convenci�n internacional sobre la Eliminaci�n de todas las formas de Discriminaci�n Racial. Parte I. Art.V. d) IX): �El derecho a la libertad de reuni�n y a las asociaciones pac�ficas. II) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse�. Convenios de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT): Convenio n�87 sobre �Libertad Sindical y Protecci�n del Derecho de Sindicaci�n� aprobado por ley 14.932; Convenio n�98 sobre �Aplicaci�n de los Principios del Derecho de Sindicaci�n y de Negociaci�n Colectiva� aprobado por Decreto-.ley n�11.594/56; Convenio n�151 sobre �Protecci�n del derecho de Sindicaci�n y los Procedimientos para determinar las Condiciones de Empleo P�blico� aprobado por ley n�23.328; Convenio n�154 sobre �Fomento de la Negociaci�n Colectiva� aprobado por ley 23.944.

����� Podemos afirmar que el sindicalismo argentino se caracteriza por una admisi�n amplia a las entidades, sin otro requisito que el cumplimiento de las condiciones objetivas de sindicaci�n, que se refieren principalmente a la exigencia de pertenecer a determinada actividad, profesi�n, oficio o categor�a, o empresa; y que se desarrolle tal actividad dentro del �mbito geogr�fico de representaci�n. As�mismo, se posibilita que grupos de trabajadores independientes como vendedores de diarios y revistas, vendedores ambulantes, constituyan sus organizaciones gremiales. En s�ntesis, todo trabajador tiene el derecho subjetivo a ser admitido como afiliado, y participar de la conducci�n y administraci�n del sindicato, salvo causales de rechazo expresamente previstas en los estatutos de la entidad.

���� El otro art�culo de la Declaraci�n Socio-Laboral, el art.9� se refiere espec�ficamente a la Libertad Sindical, en los siguientes t�rminos: �1.-Los trabajadores deber�n gozar de adecuada protecci�n contra todo acto de discriminaci�n tendiente a menoscabar la libertad sindical con relaci�n a su empleo. 2.-Se deber� garantizar: a)la libertad de afiliaci�n, de no afiliaci�n y de desafiliaci�n, sin que ello comprometa el ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo; b)evitar despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliaci�n sindical o su participaci�n en actividades sindicales; c)el derecho a ser representados sindicalmente, conforme a la legislaci�n, acuerdos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en los Estados Parte.�. Se garantiza al trabajador de todo acto de obstrucci�n que provoque el empleador contra el ejercicio de los derechos subjetivos sindicales .� Que esa garant�a debe proteger al trabajador tanto para ingresar a un empleo como para mantener la estabilidad en el mismo. As�, el empleador que violara dichas garant�as se encontrar�a incurso en t�picas �Pr�cticas desleales� (Art.53� inc.b), c), y d) de la ley 23.551) y el trabajador afectado podr� ejercer la acci�n sumar�sima de amparo ante la justicia del trabajo conforme el art.47� de la ley 23.551. Del mismo modo, no deber�an aplicarse las llamadas �Cl�usulas Sindicales� comunmente utilizadas en EE.UU como cl�usulas de exclusi�n de ingreso o taller cerrado� �Closed shop� por la que el empleador se compromete en el CCT a no admitir en su establecimiento a trabajadores que no est�n afiliados al sindicato que la estipul�, �Union shop� o �taller sindical� por la cual los trabajadores no afiliados deben obligatoriamente afiliarse o pierden el empleo; la de permancia en la afiliaci�n �maintenance of member/ship�, donde el empleador se compromete a despedir a quienes durante la vigencia de la convenci�n colectiva se desafilien del sindicato que la pact�. Como reacci�n a estas cl�usulas, los empleadores desataron luego las cl�usulas �Open shop� para no permitir la entrada a sus f�bricas ni a los sindicatos ni a los obreros sindicalizados.

��� Se observa que en la �Declaraci�n� no fue previsto expresamente el llamado �fuero sindical� o tutela o garant�a de estabilidad, pero en tanto existe la complementaci�n y armonizaci�n con nuestro derecho laboral interno, son de aplicaci�n el art�culo 14� bis de la C.N.A. y los arts.40�, 48�, 50�, y 52� de la ley 23.551. As� por la Constituci�n Nacional: ��los representantes gremiales gozar�n de las garant�as necesarias para el cumplimiento de su gesti�n sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.�. Por el art�culo 52� de la ley de asociaciones profesionales, �Los trabajadores amparados por las garant�as previstas en los arts.40, 48, y 50 de la presente ley, no podr�n ser despedidos, suspendidos ni con relaci�n a ellos podr� modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resoluci�n judicial previa que los excluya de la garant�a, conforme al procedimiento establecido en el art.47. El juez o tribunal interviniente, a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco(5) d�a podr� disponer la suspensi�n de la prestaci�n laboral con el car�cter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. La violaci�n por parte del empleador de las garant�as establecidas en los art�culos citados en el p�rrafo anterior, dar� derecho al afectado a demandar judicialmente, por v�a sumar�sima, la reinstalaci�n en su puesto, con m�s los salarios ca�dos durante la tramitaci�n judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo. Si se decidiere la reinstalaci�n, el juez podr� aplicar al empleador que no cumpliere con la decisi�n firme, las disposiciones del art.666 bis del c�digo civil, durante el per�odo de vigencia de su estabilidad. El trabajador salvo que se trate de un candidato no electo, podr� optar por considerarse extinguido el v�nculo laboral en virtud de, la decisi�n del empleador coloc�ndose en situaci�n de despido indirecto. en cuyo tendr� derecho a percibir, adem�s de las indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante del tiempo faltante del mandato y el a�o de estabilidad posterior, Si el trabajador fuese un candidato no electo tendr� derecho a percibir, adem�s de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al per�odo de estabilidad a�n no agotado, el importe de un a�o m�s de remuneraciones. La promoci�n de las acciones por reinstalaci�n o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los p�rrafos anteriores interrumpe la prescripci�n de las acciones por cobro de indemnizaci�n y salarios ca�dos all� previstas. El curso de la prescripci�n comenzar� una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.�.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

3.- Representaci�n Sindical y� negociaci�n colectiva de trabajo.

Conforme el art�culo 8� de la Declaraci�n Socio-Laboral, los trabajadores tienen el derecho de constitu�r las organizaciones que estimen convenientes, de conformidad con las legislaciones nacionales vigentes. Y los Estados Parte se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la libre asociaci�n, absteni�ndose de cualquier injerencia en la creaci�n y gesti�n de las organizaciones constituidas, adem�s de reconocer su legitimidad en la representaci�n y la defensa de los intereses de sus miembros. De conformidad con la legislaci�n nacional de la Rep�blica Argentina, se reconocen como hemos visto a tres tipos de asociaciones gremiales: las no inscriptas, las simplemente inscriptas en un registro especial del Ministerio de Trabajo de la Naci�n, y con personer�a jur�dica, y a las inscriptas con personer�a jur�dica y personer�a gremial por ser las organizaciones m�s representativas por su cantidad de afiliados cotizantes.

Con relaci�n a la Libertad Sindical Colectiva, el art�culo 14� bis de la C.N.A. dispone: ��Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliaci�n y al arbitraje; el derecho de huelga��, y por el art�culo 5� de la ley 23.551 �Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos: a)determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptado ni aquellos que pudieran inducir a error o confusi�n; b)determinar su objeto, �mbito de representaci�n personal y de actuaci�n territorial; c)adoptar el tipo de organizaci�n que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constitu�r asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya constitu�das o desafiliarse; d)formular su programa de acci�n, y realizar todas las actividades l�citas en defensa del inter�s de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar dem�s mediadas leg�timas de acci�n sindical.�.

Sobre la democracia sindical, el art�culo 8� de la misma ley, fija que: �Las asociaciones sindicales garantizar�n la efectiva democracia interna. Sus estatutos deber�n garantizar: a)una flu�da comunicaci�n entre los �rganos internos de la asociaci�n y sus afiliados; b)que los delegados a los �rganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gesti�n; c)la efectiva participaci�n de los afiliados en la vida de la asociaci�n, garantizando la elecci�n directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales; d)la representaci�n de las minor�as en los cuerpos deliberativos.�. La democracia sindical significa la legitimidad de la representaci�n de los dirigentes sindicales, el control de su gesti�n y la responsabilidad frente a los afiliados y la publicidad de los actos que integran la acci�n sindical. La democracia sindical debe ser interpretada a la luz de los fines de la organizaci�n gremial, y lo que asegura el ejercicio de la democracia dentro del sindicato es la participaci�n y el consecuente control de los afiliados sobre su organizaci�n.

Acerca de la representaci�n sindical y de las asociaciones sindicales con Personer�a Gremial, el modelo Argentino se corresponde con el principio de concentraci�n y la unicidad sindical a diferencia de otros pa�ses, se persigue la fortaleza de la representaci�n de los intereses profesionales a trav�s de la organizaci�n sindical m�s representativa� de la actividad, rama, oficio, categor�a o empresa. Toda la legislaci�n hist�rica y la vigente han mantenido ese modelo. El art�culo 25� de la ley 23.551 dispone: �La asociaci�n que en su �mbito territorial y personal de actuaci�n sea la m�s representativa, obtendr� personer�a gremial, siempre que cumpla los siguientes requisitos: a)se encuentre inscripta de acuerdo a lo prescripto� en esta ley y haya actuado durante un per�odo no menor de seis (6) meses; b)afilie a m�s del veinte por ciento (20%) de los trabajadores que intente representar. La calificaci�n de m�s representativa se atribuir� a la asociaci�n que cuente con mayor n�mero promedio de afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar�� En relaci�n con el desplazamiento o discusi�n de la personer�a gremial entre una organizaci�n que la posee y otra que la pretende, el art�culo 28� determina: �En caso de que existiera una asociaci�n sindical de trabajadores con personer�a gremial, s�lo podr� concederse igual personer�a a otra asociaci�n, para actuar en la misma zona y actividad o categor�a, en tanto que la cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, durante un per�odo m�nimo y continuado de seis (6) meses anteriories a su presentaci�n, fuere considerablemente superior a la de la asociaci�n con personer�a preexistente..� y seg�n la reglamentaci�n del decreto-reg.n�467/88, se deber� superar como m�nimo el diez (10%) de afiliados cotizantes. Por el art�culo 31� de la ley 23.551 se otorgan derechos exclusivos a la asociaci�n sindical con personer�a gremial, de los cu�les sobresale la de intervenir en negociaciones colectivas. Ello tambi�n se encuentra abonado por la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo n�14.250 que en su art.1�� comprende su aplicaci�n solamente para las asociaciones sindicales con personer�a gremial.

Resulta necesario resaltar que las convenciones colectivas de trabajo suscriptas por la asociaci�n sindical con personer�a gremial tienen efectos erga omnes, es decir tanto para los trabajadores afiliados como no afiliados a esa asociaci�n, y todos los empleadores de la actividad, rama, etc. se obligan por ella, seg�n su representaci�n; en cambio si se tratara de convenios subscriptos por asociaciones sin personer�a gremial, solo ser�an beneficiarios los afiliados a ella.��

La f�rmula de la asociaci�n m�s representativa, para la defensa del inter�s colectivo, con exclusividad respecto de las otras, no es por su naturaleza antidemocr�tica; lo demuestra su adopci�n por la O.I.T. para el nombramiento de los representantes de los trabajadores y de los empleadores como integrantes de la Conferencia General de los miembros (art.3� inc.5 de la Constituci�n de la OIT). Ni siquiera lo es que esta calidad lo determine el Estado fund�ndose, eso s�, en pautas absolutamente objetivas y con la posibilidad de que todas las asociaciones puedan impugnar la decisi�n de este ante el Poder Judicial. En el �mbito regional del� Mercosur, la Decalaraci�n Socio-Laboral �contiene este principio, cuando se refiere a la aplicaci�n y seguimiento por de art�culo 23� �Los Estados Parte deber�n elaborar, por intermedio de sus Ministros de Trabajo y en consulta a las organizaciones m�s representativas de empleadores y de trabajadores, memorias anuales.." El art�culo 10� de la Declaraci�n, �Negociaci�n colectiva� �Los empleadores o sus organizaciones o representaciones de trabajadores tienen derecho a negociar y celebrar convenciones y acuerdos colectivos para reglamentar las condiciones de trabajo, de conformidad con las legislaciones y pr�cticas nacionales.�, es decir, con las normas vigentes en los pa�ses miembros, que en nuestro caso determinan las leyes de asociaciones profesionales y la de convenciones colectivas de trabajo otorg�ndo la exclusividad de realizar CCT a las asociaciones sindicales m�s representativas, y por lo tanto con personer�a gremial.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

4.-Contenido de la negociaci�n colectiva regional.

Tal como lo expresa aqu�l art�culo 10� sobre �Negociaci�n colectiva� los trabajadores tienen derecho a negociar y celebrar convenciones y acuerdos para reglamentar condiciones de trabajo. Consideramos que ello es comprensivo de un aspecto, sin duda importante, de la negociaci�n colectiva, pero no podemos dejar de lado la posibilidad de que las asociaciones sindicales con personer�a gremial, suscriban convenios con cl�usulas salariales, y de categor�as profesionales que promocionen la capacitaci�n de los trabajadores con sistemas de formaci�n profesional y conjuguen la elevaci�n del nivel remuneratorio con la mayor capacidad, eficiencia y antig�edad en el trabajo. Ello evitar�a del mismo modo, el Dumping salarial a la baja,� relacionado con el trabajo precario, en negro, indocumentado, y el desempleo. Este aspecto de la negociaci�n, se relaciona paralelamente, con el aumento de ganancias de las empresas del Mercosur, que se asocian para conquistar un mercado de mayor consumo, as� como de la exportaci�n de productos extrazona a mercados como la Uni�n Europea, Asia, Africa, etc.� Viene al caso destacar, que en materia de salarios el art.14� bis de la C.N.A. dispone que las leyes asegurar�n al trabajador �retribuci�n justa� y �salario m�nimo vital m�vil��, �igual remuneraci�n por igual tarea� y �participaci�n en las ganancias de las empresas, con control de la producci�n y colaboraci�n en la direcci�n.�. Hay que recordar que por medio de las CCT se fijan los salarios profesionales, a diferencia del salario m�nimo vital que es fijado legalmente, o por instituciones p�blicas aut�rquicas tripartitas, como el Consejo del Salario M�nimo. Y el salario profesional no tiene porqu� coincidir con el salario m�nimo, sino por el contrario, elevar su monto fruto de la negociaci�n y como consecuencia de las mayores ganancias de los empleadores.

Cuando afirmamos que soplan nuevos vientos, en este siglo XXI, reconocemos que el modelo neoliberal ha comenzado su ca�da, y la visi�n economicista sobre los �costos laborales� se encuentra en su ocaso. Por ello, desde el Mercosur, se dan las condiciones para equilibrar las relaciones laborales y vertebrar un sistema de negociaci�n colectiva que recupere conquistas antes arrebatadas y avance hacia la mayor participaci�n de los trabajadores en el producto bruto interno regional.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

5.-Conclusiones.

<![if !supportLists]>1.��� <![endif]>Reconocemos la importancia de la sanci�n de la �Declaraci�n Socio-Laboral� del Mercosur como un sint�tico c�digo abarcativo del Derecho Individual y Colectivo Laboral, as� como de Seguridad Social. Que el cumplimiento de sus normas entre los pa�ses miembros y asociados implica una obligaci�n tanto para sus gobiernos en el contralor como para los empresarios y los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

<![if !supportLists]>2.��� <![endif]>Que se advierte sobre la necesidad de un cambio de enfoque sobre las relaciones de integraci�n desde lo economicista hacia lo social apuntando al desarrollo pleno, con justicia social, de los pueblos de la regi�n.

<![if !supportLists]>3.��� <![endif]>Que en el desarrollo de las negociaciones colectivas de trabajo se integren en el contenido de las mismas, tanto la regulaci�n de mejores condiciones de trabajo, como la elevaci�n de los salario profesionales evit�ndo el dumping salarial a la baja.

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

Bibliograf�a

<![if !supportLists]>1.��� <![endif]>Rodolfo A.N�poli. �Desarrollo, Integraci�n y Derecho del Trabajo� Estudio esquem�tico para Am�rica Latina. Ed.Astrea, 1972.

<![if !supportLists]>2.��� <![endif]>Rodolfo A.N�poli. �Manual de Derecho Sindical� 2da.ed. Ed.La Ley, 1969.

<![if !supportLists]>3.��� <![endif]>Rodolfo Cap�n Filas �Mercosur y Negociaci�n Colectiva transnacional� en libro de ponencias 4�Congreso Internacional de Pol�tica Social, Laboral y Prevional organizado por FAES, octubre de 1992.

<![if !supportLists]>4.��� <![endif]>Gonzalo O.Cuart�ngo. �Las dificultades que presentan las asimetr�as a los procesos de integraci�n, con especial referencia al aspecto jur�dico laboral� libro de ponencia �Derecho Laboral en la Integraci�n Regional� de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Ed.Depalma, octubre de 2000.

<![if !supportLists]>5.��� <![endif]>Alejandro Freeland L�pez Lecube. �Manual de Derecho Comunitario� Universidad Austral, Ed.Abaco de Rodolfo Depalma.octubre de 1996.

<![if !supportLists]>6.��� <![endif]>�Mercosur e Impacto Social en Latinoam�rica� varios autores de las XIX Jornadas Nacionales de Trabajo Social. Ed.Espacio, agosto de 2001.

<![if !supportLists]>7.��� <![endif]>Miguel Angel Ekmekdjian �Hacia la Rep�blica Latinoamericana� Ed.Depalma. octubre 1991.

<![if !supportLists]>8.��� <![endif]>Jorge Dar�o Cristaldo Montaner (prof.Univ.Naconal.de Asunci�n del Paraguay) �Armonizaci�n legislativa laboral en el Mercosur� Rev.Trabajo & Utop�a, Equipo Federal del Trabajo, N�1/1996.

<![if !supportLists]>9.��� <![endif]>Juan D.Per�n �La Hora de los Pueblos � Latinoam�rica: Ahora o Nunca� 1968 Obras Completas vol.XXIII Proyecto Hernandarias.

<![if !supportLists]>10. <![endif]>Memoria n�1/2002� Arts. 8� y 9� Declaraci�n Socio-Laboral � Mercosur. Direcci�n Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci�n (Rep.Argentina).