Obstáculos para la uniformación del derecho societario en el marco del Mercosur.
El art. 30 l.s..

Debe derogarse el art. 30 de la ley 19.550 a los fines de impedir que se constituya en un obst�culo en la tarea de armonizaci�n de la legislaci�n societaria de los pa�ses firmantes del Tratado de Asunci�n.

Antecedentes.

La lectura de la exposici�n de motivos de la ley 19.550, en lo referido a la capacidad de las sociedades para ser socias, permite advertir que se tuvieron �particularmente en cuenta�, las disposiciones contenidas en los arts. 32, 33 y 35 del C�digo Civil, as� como el alcance del art. 2 de la propia ley y los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales nacionales y de derecho continental de formaci�n similar al nuestro.

Y tambi�n puede observarse que el resultado de la �compleja consideraci�n�, ha sido el art. 30, que limita la capacidad de las sociedades an�nimas y en comandita por acciones para formar sociedad con otros tipos.

Verdaderamente, la consideraci�n ha resultado intrincada ya que, ni de las disposiciones del C�digo Civil que se mencionan, ni del propio art. 2 de la ley pueden extraerse con claridad las razones de la previsi�n, seg�n ya lo ha advertido la doctrina<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

En realidad, los motivos de la restricci�n, han sido explicados m�s claramente por Halperin en los siguientes t�rminos<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>:

La posibilidad de que las sociedades por acciones formen parte de sociedades de inter�s podr�a producir el sustraimiento del control de la administraci�n social por los accionistas respecto de la sociedad de inter�s de la que no son socios.

Adem�s, alterar�a el r�gimen legal de la fiscalizaci�n de la administraci�n, puesto que a la Sindicatura s�lo se le presentar�a el resultado de la explotaci�n de la sociedad en la que se participa.

La quiebra de la sociedad importar�a la de la sociedad por acciones con todas las consecuencias que de ello se derivar�an.

Representar�a un medio para eludir la fiscalizaci�n estatal, desviando la actividad que se desea evadir al control de sociedades �como la de inter�s� no sometidas a la fiscalizaci�n del art. 299.

La refutaci�n de tales argumentaciones provino de diversos sectores de la doctrina quienes sostuvieron que la protecci�n del accionista y su falta de injerencia en una eventual quiebra de la sociedad participada no es supuesto que pueda presentarse siendo aquella una sociedad de responsabilidad limitada; que id�ntica protecci�n deber�a prodigarse al socio de sociedad por cuotas o por partes de inter�s y que la misma imposibilidad del accionista de controlar la administraci�n del ente del cual se participa exhibe el socio de sociedad por partes de inter�s<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

Tambi�n se ha se�alado que la limitaci�n anotada importa un serio obst�culo para la radicaci�n de empresas inversoras<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> y que la previsi�n ha sido una de las que mayores obst�culos pr�cticos ha creado, dentro de la estructura de la ley de sociedades, para el normal desenvolvimiento de la vida societaria<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

No pueden dejar de anotarse, por lo dem�s, los conflictos derivados de la interpretaci�n del propio texto de la previsi�n; que han dividido a quienes sostienen que los tipos comprendidos por la veda son todos, incluidos los no regidos por la ley de sociedades y hasta las accidentales o en participaci�n<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>, de aquellos que piensan que las incapacidades deben interpretarse restrictivamente y que no hay razones para incluir en la veda a las sociedades del C�digo Civil, del C�digo de Miner�a o las figuras asociativas<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>

Recogiendo tales inquietudes, el anteproyecto de reforma de la ley 19.550, elaborado por la Comisi�n creada por resoluci�n MJDH ha propuesto eliminar definitivamente la prohibici�n al suplantar el texto actual por el siguiente: �Las sociedades pueden formar parte de sociedades del mismo tipo o de otro aun cuando difieran los reg�menes de responsabilidad de sus socios...�<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>

<![if !supportEmptyParas]>�<![endif]>

La situaci�n en los pa�ses del Mercado Com�n del Sur. Necesidad de armonizar la legislaci�n societaria.

Los cuatro pa�ses signantes del Mercado Com�n del Sur exhiben, entre otros rasgos comunes, similares regulaciones respecto de la sociedad an�nima.

En todos ellos, y por sus especiales caracter�sticas, este tipo societario es el m�s frecuente a la hora de dar forma a las estructuras empresarias.

Sin embargo, ni en el C�digo Civil de Paraguay, ni en la ley 6.404 de Brasil, ni en la ley Uruguaya n� 16.060, existen limitaciones como la que terminamos de mencionar.

Vale ello decir que en ninguno de los pa�ses signatarios del Tratado de Asunci�n se ha previsto incapacidad alguna para que las sociedades por acciones resulten socias de otras sociedades que no lo sean.

De tal forma, puede advertirse que tal circunstancia constituye una contradicci�n evidente entre el sistema nacional y el de los pa�ses socios, que se erigir� en una dificultad a la hora de procurar correspondencias entre los diversos reg�menes en el proyectado menester de unificar la legislaci�n.

El acuerdo del Mercosur tiene por finalidad expl�cita la ampliaci�n de las actuales dimensiones de los mercados nacionales de los socios, a trav�s de la integraci�n; objetivo que pretende alcanzarse mediante el �...m�s eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservaci�n del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones f�sicas, la coordinaci�n de las pol�ticas macroecon�micas y la complementaci�n de los diferentes sectores de la econom�a, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio...�.

Resulta evidente que el intenso tr�fico comercial entre los cuatro estados y la constituci�n del mercado com�n, torna imprescindible la coordinaci�n normativa para que las personas jur�dicas nativas de cualquiera de los pa�ses miembros act�en en territorio extranjero en condiciones que les otorguen seguridad jur�dica y eficacia normativa a la forma bajo la cual se constituyeron y act�an en sus pa�ses de origen.

Las regulaciones existentes hasta este momento �en tanto meros mecanismos ordinarios de resoluci�n de conflictos de derecho internacional�, no abastecen las necesidades que se derivar�n seguramente del progresivo afianzamiento de las relaciones multilaterales.

Se encuentra entonces, fuera de duda, que este proceso de integraci�n tiene por base de sustentaci�n la coordinaci�n de sus sistemas legislativos para que �sin perder sus caracter�sticas peculiares�, se integren concordantemente para brindar cobertura apropiada al funcionamiento coincidente de las respectivas econom�as.

La propuesta no es original desde la perspectiva de la unificaci�n legislativa en los mercados comunes.

Luego de m�s de treinta a�os, ha sido aprobado por el reglamento CE N� 2157/2001 �y complementado por la directiva CE N� 2001/86�, el estatuto de la Sociedad An�nima Europea (Societas Europaea - S.E.) que entrar� en vigencia el 8 de octubre del a�o 2004 <![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

La aprobaci�n de los dos instrumentos comunitarios mencionados tuvo lugar el 8 de octubre de 2001, cre�ndose, finalmente, el estatuto de un tipo societario �nico, impuesto a los Estados miembros de la Uni�n Europea (UE), en forma obligatoria y directa, por medio de un reglamento comunitario. Este nuevo tipo societario europeo, que adopta la forma de la sociedad an�nima, se presenta como un estatuto� alternativo y facultativo para las empresas que operan en la Uni�n Europea, las que podr�n libremente adoptarlo. Si bien la S.E. a crearse estar� sometida a la jurisdicci�n nacional del Estado miembro donde estuviera registrada, se le aplicar� el ordenamiento comunitario espec�fico y, s�lo subsidiariamente, las legislaciones nacionales.

Esta idea ya hab�a sido plasmada por los firmantes del Tratado de Asunci�n cuando, en el cap�tulo primero, referido a los �Prop�sitos, principios e instrumentos�, se sostuvo que el Mercado Com�n implica: �El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las �reas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integraci�n� (art. 1�).

Sin embargo, la pretendida armonizaci�n encontrar� como primer obst�culo aquellas previsiones divergentes en las cuatro legislaciones que, por razones hist�ricas o idiosincr�sicas resulte complejo remover.

El tra�do es un caso paradigm�tico toda vez que las razones que han inspirado la limitaci�n del art. 30 L.S. no resultan fundadas ni conducentes.

Por el contrario, su mantenimiento adem�s de constituirse en un serio obst�culo al desarrollo empresario y al desenvolvimiento de la vida societaria<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>, se constituir� seguramente en un �bice de envergadura a la hora de legislar sobre la capacidad de las sociedades para formar parte de otras. Y es sabido que ello forma parte trascendente en el cap�tulo de los agrupamientos societarios, base del crecimiento econ�mico y el desarrollo del intercambio comercial.

De la forma que se viene se�alando, propiciamos la derogaci�n del art. 30 de la ley de sociedades a los fines de viabilizar la armonizaci�n de la legislaci�n societaria de los pa�ses miembros del Mercado Com�n del sur.