I Introducci�n.

����������� En la ciudad de Asunci�n, el 26-3-91, la Rep�blica Argentina, la Rep�blica Federativa del Brasil, la Rep�blica del Paraguay y la Rep�blica Oriental del Uruguay, firmaron un tratado para la constituci�n de un mercado com�n, denominado Mercado Com�n del Sur� (MERCOSUR) el que deber� estar conformado al 31-12-94.

����������� Los pa�ses firmantes han considerado que la ampliaci�n de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a trav�s de la integraci�n, es una condici�n, fundamental para acelerar los procesos de desarrollo econ�mico con justicia social. Han tenido en cuenta, adem�s la evoluci�n de grandes espacios econ�micos.

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II El Espacio.

����������� Desde los tiempos m�s remotos el espacio fue una preocupaci�n constante en el acontecer pol�tico de las comunidades. Los estados latinoamericanos nacieron en la fiebre �balcanizadora� de la independencia y han vivido durante este tiempo divorciados de su propia geograf�a. En efecto, en el trazado de sus fronteras se puede observar la influencia de una anarqu�a - motivada desde el exterior - que alter� fundamentalmente el concepto de unidad espacial de la �poca virreinal. Al desarticularse el articulado mapa geopol�tico colonial hisp�nico, los nacientes Estados se vieron inmersos en conflictos que postergaron su presencia continental, litigios que, adem�s infringieron normas estructurales, biol�gicas, econ�micas y sociogeogr�ficas.

����������� La historia de esos conflictos por cuestiones lim�trofes es el mejor testimonio de que las falsas fronteras respondieron a un plan que valoriz� a los nacionalismos �pretendidamente aut�rquicos� (carentes de contenidos geopol�ticos y geoecon�micos), suplantando al concepto geopol�tico de los virreinatos. El sistema virreinal se fundaba en cierta l�gica geogr�fica y econ�mica cuya eficacia se demuestra por el tiempo que dur�. Asistimos hoy a una revalorizaci�n del espacio geogr�fico, y de ello es una prueba el MERCOSUR. En este caso act�an interrelacionados los factores hist�ricos, social, cultural, �tnico, demogr�fico y especialmente, el geoecon�mico, poniendo fin al esp�ritu que termin� por prevalecer en el siglo XIX, que manej� equivocadamente el concepto de espacio y, con exclusi�n de la v�rtebra andinaria, us� a los r�os que �vinculan� como divisorios para crear la mayor�a de los Estados latinoamericanos.

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III La Unidad

����������� La propia unidad de legislaci�n indiana que se aplic� en toda Am�rica

Hisp�nica, fue el n�cleo de la concordancia pol�tica, administrativa y cultural. La liquidaci�n del sistema virreinal y su reemplazo por la divisi�n balcanizadora, supli� la antigua interdependencia por la separaci�n de las partes. Con ello se consigui� fracturar a la Am�rica Hisp�nica en un agregado de naciones debilitadas que dura hasta nuestro d�as.

����������� Alberdi dec�a que �Am�rica ha olvidado que si la descentralizaci�n fue un arma de circunstancias para destruir el antiguo gobierno espa�ol, despu�s de logrado eso, no pod�a servir a la Am�rica independientemente sino para debilitar su propio poder�.

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IV La Integraci�n

Como se ha explicado el concepto unitario latinoamericano qued� aletargado ante ciertos factores geogr�ficos que aparentaron poseer estructuras inquebrantables. Por suerte, hoy en d�a, aquellas parcelaciones alentadas por la estrategia europea del pasado siglo, tienden a agruparse en diversas regiones vincul�ndose e identific�ndose arm�nicamente. El �ablandamiento� de los l�mites, una realista y actualizada concepci�n de la soberan�a, permitir� a los latinoamericanos aunar y entrelazar s�lidamente sus bases geopol�ticas. Cabe acotar que este tratado no deja sin efecto las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980 (ley 22.354, Adla, XLI-A, 7)( Asociaci�n Latinoamericana de Integraci�n), sino que encuadra en �l como un acuerdo regional de cuatro pa�s que buscan lograr anticipadamente uno de los fines mediatos del tratado anterior (la formaci�n de un mercado com�n), pero estableciendo dos discriminaciones:

a) respecto de los restantes pa�ses de la Asociaci�n Latinoamericana de Integraci�n que integran otras organizaciones subregionales o extraregionales, a los que veda ingresar al MERCOSUR hasta despu�s de cinco a�os de la vigencia (art. 20);

b) la cl�usula de la naci�n m�s favorecida s�lo rige entre los cuatro pa�ses respecto de las ventajas que concedan a pa�ses ajenos a la Asociaci�n Latinoamericana de Integraci�n (art. 8, inc, �d� ) a fin de no modificar los acuerdos parciales logrados dentro de �sta.

����������� Los pa�ses firmantes del tratado que constituye el MERCOSUR han comprendido, por fin, que la integraci�n regional debe ser un objetivo prioritario en el �mbito de la integraci�n continental. Este tratado, como se expresa en su motivaci�n, debe ser considerado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integraci�n de Am�rica Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980.

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V El Mercado Com�n

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EL MERCOSUR implica:

a) la libre circulaci�n de bienes , servicios y factores productivos entre los pa�ses, a trav�s, entre otros, de la eliminaci�n de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulaci�n de mercader�as y de cualquier otra medida equivalente (art. 1�);

b) el establecimiento de un arancel externo com�n y la adopci�n de una pol�tica comercial com�n con relaci�n a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinaci�n de posiciones en foros econ�mico-comerciales regionales e internacionales ( art. 1�);

c) la coordinaci�n de pol�ticas macroecon�micas y sectoriales entre los Estados partes: de comercio exterior, agr�cola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios. Aduanera, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados partes (art. 1�);

d) el compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las �reas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integraci�n (art. 1�);

e) EL MERCOSUR estar� fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados partes (art. 2�)

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VI LA INSTITUCIONALIZACI�N DEL MERCOSUR.

El �Protocolo de Ouro Preto� (firmado el 17 de diciembre de 1994, ratificado en Argentina por ley 24.560), consagr� un sistema institucional en el Mercosur. Antes se hab�an expendido bases para esa institucionalizaci�n.

����������� Este sistema comprende materias de la m�s alta significaci�n para la calificaci�n del derecho comunitario.

����������� En el Cap�tulo I denominado �Estructura del Mercosur�, se aprueba la indicada �estructura� que constar� de los siguientes �rganos, los que a su vez, expedir�n las normativas que en cada caso se indican:

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1. CONSEJO DEL MERCADO COM�N (C.M.C.)

Es el �rgano superior, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Econom�a ( o sus equivalentes), de cada uno de los cuatro pa�ses. El Consejo del Mercado Com�n se pronunciar� mediante Decisiones �las que ser�n obligatorias para todos los Estados partes� (art. 9�).

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2 GRUPO MERCADO COM�N ( G. M. C.)

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����������� Es el �rgano ejecutivo del Mercosur y est� integrado por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes por cada pa�s, entre los cuales deben contarse obligatoriamente representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de econom�a ( o equivalentes) y de los Bancos Centrales Se pronuncia mediante �Resoluciones� las cuales �ser�n obligatorias para todos los Estados partes� (art. 15).

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3 COMISI�N DEL COMERCIO DEL MERCOSUR (C.C.M.)

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Este novedoso �rgano (no contemplado en el Tratado de Asunci�n ni en protocolos posteriores hasta la decisi�n 9/94 del Consejo del Mercado Com�n), est� encargado de asistir al Grupo Mercado Com�n, y le compete �velar por la aplicaci�n de los instrumentos de la pol�tica comercial com�n acordados por los Estados Partes para el funcionamiento de la uni�n aduanera, as� como efectuar el seguimiento de revisar los temas y materias relacionados con la pol�ticas comerciales comunes, con el comercio intra - Mercosur y con terceros pa�ses� (art. 16). Est� integrada por cuatro miembros titulares y cuatro alternos por cada pa�s y ser� coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores (art. 17). La Comisi�n del Comercio del Mercosur, se pronunciar� mediante Directivas, las que �ser�n obligatorias para todos los Estados Partes� (art. 20), y tambi�n mediante �Propuestas�, respecto de las cuales no se prev� la misma obligatoriedad.

Adem�s, el art. 21 encomend� a la Comisi�n de Comercio la consideraci�n de las reclamaciones presentadas por las secciones nacionales de la Comisi�n del Comercio la consideraci�n de las reclamaciones presentadas por las secciones nacionales de la Comisi�n del Comercio del Mercosur, originadas en los Estados Partes o en demandas de particulares (relacionadas con los arts. 1� y 25 del Protocolo de Brasilia, del 17 de diciembre de 1991; cuando estuvieran dentro de su competencia.

����������� A este importante fin se disponen dos significativas medidas normativas: la primera, en �Anexo� al mismo Protocolo, se establece un �Procedimiento general para Reclamaciones ante la Comisi�n de Comercio del Mercosur �; la segunda, incorpora a los arts. 19 y 25 del Protocolo de Brasilia, las Directivas de la Comisi�n de Comercio del Mercosur (art. 43, p�rrafo �nico).

Los tres �rganos hasta ahora tratados, de conformidad con el art. 2� �Son �rganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental�

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4 COMISI�N PARLAMENTARIA CONJUNTA.(C.P.C.)

����������� Es el �rgano representativo de los parlamentos, integrada por un n�mero igual (aunque no predeterminado) de parlamentarios designados por los pa�ses Emite �Recomendaciones� por intermedio del Grupo Mercado Com�n (art. 26)

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5. FORO CONSULTIVO ECON�MICO SOCIAL (F.C.E.S.).

����������� Es el �rgano de representaci�n de los sectores econ�mico-sociales y estar� integrado por un n�mero no predeterminado de representantes de cada pa�s. Tiene funci�n consultiva y se expresa mediante �Recomendaciones� dirigidas al Grupo Mercado Com�n (art. 29)

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6. LA SECRETAR�A ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR (S.A.M.)

����������� Es el �rgano de apoyo operativo, de car�cter permanente, est� a cargo de un director con mandato por dos a�os. Debe ser nacional de uno de los pa�ses, es el elegido por el Grupo Mercado Com�n previa consulta con los Estados Partes y es designado por el Consejo del Mercado Com�n.

En el Cap�tulo II, denominado �Personalidad Jur�dica�, se define con precisi�n que �El Mercosur tendr� personalidad jur�dica de Derecho Internacional (art. 34), estableci�ndose despu�s de ciertos alcances de ella. Previamente se hab�a dispuesto, por el art. 8�, que el Consejo del Mercado Com�n �ejerce la titularidad de la personalidad jur�dica del Mercosur� (inc. III) y �negocia y firma acuerdos en nombre del Mercosur, con terceros pa�ses, grupos de pa�ses y organismos internacionales� (inc. IV).

El Cap�tulo III se refiere al �Sistema de toma de decisiones� y su �nico art�culo (37) expresa: �Las decisiones de los �rganos del Mercosur ser�n tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes�.

����������� El Cap�tulo IV lleva el t�tulo �Aplicaci�n de las normas emanadas de los �rganos del Mercosur� y comprende los art. 38 a 40.

����������� El Cap�tulo V trata sobre �Fuentes jur�dicas del Mercosur� y expresa que ellas son:

I. El tratado de Asunci�n, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios;

II. Los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunci�n y sus protocolos;

III. Las decisiones del Consejo del Mercado Com�n, las resoluciones del Grupo Mercado Com�n, y las directivas de la Comisi�n de Comercio del Mercosur, adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunci�n�.

Los cap�tulos IV y V prev�n la incorporaci�n de las normas al derecho interno, �cuando sean necesarias� (art. 42) mediante los procedimientos previstos por la legislaci�n de cada pa�s.

El Cap�tulo VI se denomina �Sistema de soluci�n de controversias� y en �l se ratifica el Protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 1991, pero se prev� que �Antes de culminar el proceso de convergencia de Arancel Externo Com�n, los Estados Partes efectuar�n una revisi�n del actual sistema de soluci�n de controversias del Mercosur, con miras a la adopci�n del sistema permanente a que se refieren el �tem 3 del Anexo III del Tratado de Asunci�n y el art. 34 del Protocolo de Brasilia� (art. 44).

Los cap�tulos siguientes se refieren a �Presupuesto� (VII); �Idiomas� (VIII); �Revisi�n� (IX); �Vigencia� (X); �Disposiciones transitorias� (XI) y �Disposiciones generales� (XII). Es importante se�alar que el �ltimo art�culo (53) dice: �Quedan derogadas todas las disposiciones del Tratado de Asunci�n, el 26 de marzo de 1991, que est�n en conflicto con los t�rminos del presente Protocolo y con el contenido de las decisiones aprobadas por el Consejo del Mercado Com�n durante el per�odo de transici�n�. Esta regla es importante, a la vez que curiosa, pues valida las decisiones del Grupo Mercado Com�n que pudieran haber sido contrarias al Tratado de Asunci�n, y les da efectos derogatorios a �ste.

La rese�a hasta aqu� efectuada es importante para fundar sobre ella el an�lisis y las conclusiones de puntos que se desarrollan m�s adelante.

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VIII LA CONSTITUCIONALIZACI�N DEL MERCOSUR

����������� Los cuatro pa�ses integrantes del Mercosur han establecido en forma expresa en sus Constituciones, con redacciones diferentes, normas que prev�n la integraci�n del pa�s en comunidades regionales.

����������� La Constituci�n Argentina establece en el art. 75, inc.22 que �los tratados y convenciones tienen jerarqu�a superior a las leyes� y en el inc. 24 consagra las facultades del Congreso de: �Aprobar tratados de integraci�n que deleguen competencias y jurisdicci�n a organizaciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democr�tico y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarqu�a superior a� las leyes.

����������� �La aprobaci�n de estos tratados con Estados de Latinoam�rica requerir� la mayor�a absoluta de la totalidad de los miembros de cada C�mara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Naci�n, con la mayor�a absoluta de la totalidad de los miembros presentes de cada C�mara, despu�s de los ciento veinte d�as del acto declarativo.

����������� �La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigir� la previa aprobaci�n de la mayor�a absoluta de la totalidad de los miembros de cada C�mara�.

����������� Con anterioridad a la Constituci�n de 1994 la ausencia de normas legales hab�a dado lugar a un amplio debate doctrinario sobre la constitucionalidad de la participaci�n en estructuras que originen derecho comunitario, y a una importante corriente jurisprudencial encabezada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a partir del caso Ekmekdji�n, que consagraba la jerarqu�a de los tratados superior a las leyes.

����������� En Brasil la Constituci�n de 1988, en su art. 4� dice. �La Rep�blica Federativa de Brasil buscar� la integraci�n econ�mica, pol�tica, social y cultural con los pa�ses de Am�rica Latina, tendiendo a la formaci�n de una comunidad latinoamericana de naciones�. Sobre este tema la doctrina ha debatido sobre su congruencia con los arts. 177 y 178 de la� misma Constituci�n, que reserva� para brasile�os o sociedades brasile�as la explotaci�n de ciertos ramos de la econom�a. Asimismo, se ha debatido si esta norma constitucional otorga a los tratados un rango superior al de las leyes.

����������� En Paraguay, la Constituci�n de 1992 establece en el art. 145 que :� La Rep�blica de Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jur�dico supranacional que garantice la vigencia de los Derechos Humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperaci�n y del desarrollo, en lo pol�tico, econ�mico, social y cultural. Dichas decisiones s�lo podr�n ser adoptadas por la mayor�a absoluta de cada C�mara del Congreso�. Esa Constituci�n es la �nica de los pa�ses del Mercosur que hace referencia a un orden jur�dico supranacional.

����������� En Uruguay, la reforma de 1967 agreg� un segundo inciso al art. 6� que dice: �La Rep�blica procurar� la integraci�n social y econ�mica de los Estados latinoamericanos, especialmente a lo que se refiere a la defensa de sus productos y la materia prima.

����������� Asimismo, propender� a la efectiva complementaci�n de los servicios p�blicos�. La misma regla prev� la soluci�n de controversias a trav�s� de arbitraje u otros medios pac�ficos en todos los tratados que celebre el Uruguay. La doctrina ha se�alado la importancia de este mandato constitucional.

����������� Es destacable que las previsiones constitucionales de los pa�ses respalden la legitimidad del orden comunitario, evit�ndose as� posibles objeciones y hasta obst�culos reales por intervenci�n de las Cortes Supremas de cada pa�s.

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