Usar IA, pero que no se note

La inteligencia artificial ya entró al trabajo jurídico. Se usa para resumir documentos, ordenar argumentos, buscar antecedentes, corregir textos, preparar borradores, comparar versiones, traducir, explicar normas complejas o destrabar una primera estructura de trabajo. Sin embargo, su presencia todavía convive con una incomodidad difícil de confesar.

En una encuesta realizada por Diario Judicial entre sus lectores sobre el uso de herramientas de IA, una de las preguntas apuntaba a identificar cuál era la principal dificultad al momento de utilizarlas. Entre las respuestas apareció una frase que condensa un fenómeno más amplio: “No quiero que sepan que uso IA”.

La respuesta no habla de una limitación técnica. No dice “no sé usarla”, “no confío en los resultados” o “me cuesta formular instrucciones”. Dice otra cosa: que el problema está en la mirada ajena. En la posibilidad de ser juzgado por recurrir a una herramienta que todavía muchos asocian con atajos indebidos, delegación irresponsable o pérdida de mérito profesional.

Para una parte de los profesionales, usar IA todavía carga con una especie de estigma: como si fuera hacer trampa.

El dato es relevante porque muestra que, en el ámbito jurídico, la inteligencia artificial no solo plantea desafíos de capacitación, confidencialidad o control de fuentes. También plantea un problema cultural. Para una parte de los profesionales, usar IA todavía carga con una especie de estigma: como si fuera hacer trampa.

La paradoja es evidente. Durante años, los abogados incorporaron tecnologías sin que eso pusiera en duda su capacidad profesional. Nadie considera menos abogado a quien usa bases de datos jurídicas, procesadores de texto, buscadores, correctores ortográficos, modelos de escritos, jurisprudencia digitalizada o sistemas de gestión de expedientes. Sin embargo, con la IA generativa aparece una sospecha distinta: la idea de que si una herramienta ayudó a redactar, resumir o pensar una estructura, el trabajo perdió autenticidad.

Ese prejuicio confunde herramienta con sustitución. Usar IA no equivale necesariamente a delegar el criterio jurídico. Puede ser una forma de acelerar tareas mecánicas, ampliar alternativas, detectar omisiones, ordenar información o mejorar la claridad de un texto. El punto central no es si intervino una herramienta, sino quién decidió, verificó, corrigió y asumió responsabilidad por el resultado.

En el derecho, esa responsabilidad no desaparece por usar tecnología. Al contrario: se vuelve más exigente. La IA puede sugerir, pero no debe (y no puede) validar por sí sola. Puede redactar, pero no debe reemplazar la revisión profesional. Puede organizar un argumento, pero no determina la estrategia. Puede ayudar a formular una hipótesis, pero no convierte una afirmación en verdadera. La autoría profesional no se mide por la ausencia de herramientas, sino por el control intelectual sobre lo producido.

Se ha convertido en una práctica habitual en los litigios, tratar de “pescar” a la contraparte usando herramientas de inteligencia artificial para denunciarlo ante el tribunal e intentar obtener una ventaja en la causa en trámite.

La vergüenza de admitir el uso de IA revela, además, una tensión generacional y profesional. Muchos abogados ya la usan en privado, pero no siempre están dispuestos a decirlo en voz alta. Se prueba, se consulta, se compara, se corrige, se experimenta. Pero hacia afuera persiste la cautela: que no lo sepa el cliente, que no lo sepa el colega, que no lo sepa el tribunal, que no lo sepa el estudio.

Esa clandestinidad tecnológica puede ser más riesgosa que el uso abierto y responsable. Cuando una herramienta se usa en secreto, también se discuten menos sus límites. Se habla menos de confidencialidad, de protección de datos, de verificación de citas, de sesgos, de errores, de control humano y de buenas prácticas. La estigmatización no evita el uso de IA: apenas lo empuja a una zona opaca.

Inclusive se ha convertido en una práctica habitual en los litigios, tratar de “pescar” a la contraparte usando herramientas de inteligencia artificial para denunciarlo ante el tribunal e intentar obtener una ventaja en la causa en trámite.

El debate, entonces, debería correrse de la vergüenza a la responsabilidad. No se trata de preguntar si un abogado “usa IA” como si esa sola respuesta definiera la calidad de su trabajo. La pregunta más importante es cómo la usa: con qué datos, con qué finalidad, con qué controles, con qué nivel de revisión y con qué conciencia de sus riesgos.
 

¿Transparencia o sobreexigencia absurda?

Diversas instituciones del sector comenzaron a reaccionar ante el avance de la IA generativa. Un ejemplo de ello es la Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados lanzada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) el año pasado, orientada a promover un uso “fiel, ético y responsable”.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la brecha entre la teoría y la práctica es enorme. Mientras los manuales institucionales intentan encauzar la tecnología con recomendaciones macro, las directrices formales suelen limitarse a enumerar recaudos abstractos o advertencias genéricas. Ante la duda de si la optimización del tiempo será interpretada como vanguardia o como una supuesta "falta de mérito", la respuesta inmediata del profesional en el día a día es la clandestinidad preventiva.

¿Por qué la IA recibe un trato diferente al de cualquier otra herramienta de asistencia? Cuando un profesional consulta una duda puntual con un colega, utiliza un modelo de escrito preexistente o recurre a un buscador de jurisprudencia privado, no está obligado a declararlo ante su cliente ni a pedir autorización previa. 

El punto más crítico de esta distancia entre la norma y la realidad se observa en las exigencias de transparencia que intentan imponer los reguladores. El protocolo del CPACF, por ejemplo, señala bajo el título de Deber de información y transparencia que “el abogado debe mantener una comunicación transparente, explicando cuándo usa herramientas de IA y buscando la autorización del cliente antes de avanzar”, llegando a sugerir que no se debe utilizar si no se puede explicar cómo se llegó al resultado.

Por su parte y en el mismo sentido, el Colegio de Abogados de Rosario presentó un modelo consentimiento informado para el uso de la Inteligencia Artificial Generativa en el ejercicio profesional. ¿Que implica que un cliente tenga que firmar un "consentimiento informado" para que su abogado use la IA? Implica, en la práctica, trasladar una lógica propia del campo de la medicina o de la investigación científica al ejercicio del derecho. Implica develar la "cocina" del trabajo: Significa que el abogado debe transparentar sus metodologías internas de investigación y redacción. Esto altera la dinámica tradicional, donde el cliente contrata el criterio final del profesional y su firma responsable, sin necesidad de auditar qué libros de texto leyó, qué bases de datos consultó o a qué colega le pidió una opinión de soporte.

Esta postura genera un interrogante ético y práctico: ¿Por qué la IA recibe un trato diferente al de cualquier otra herramienta de asistencia? Cuando un profesional consulta una duda puntual con un colega, utiliza un modelo de escrito preexistente o recurre a un buscador de jurisprudencia privado, no está obligado a declararlo ante su cliente ni a pedir autorización previa. El secreto profesional y la confianza se basan en el resultado y en la firma que respalda el trabajo, no en la cocina de la investigación. Exigir que se transparente el uso de un procesador de lenguaje no solo resulta impracticable, sino que refuerza la idea de que utilizar tecnología es un acto sospechoso que requiere justificación.

La encuesta muestra que la capacitación jurídica en inteligencia artificial no debería limitarse a enseñar comandos o herramientas. También debe trabajar sobre una dimensión menos visible: la construcción de confianza profesional frente a la tecnología. Saber usar IA incluye saber cuándo usarla, cuándo no usarla, qué no cargar en una plataforma, cómo verificar lo que devuelve y cómo integrarla sin diluir la responsabilidad del abogado. También incluye qué tesitura van a tomar los tribunales cuando se encuentren con presentaciones asistidas con IA. Porque una cosa es penalizar la inclusión de jurisprudencia falsa, ocasionada por el uso de IA sin el debido cuidado y otra es estigmatizar el simple uso.

En definitiva, el hallazgo no muestra que los abogados rechacen la inteligencia artificial. Muestra algo más interesante: que muchos ya la consideran útil, pero todavía no quieren quedar asociados públicamente a ella. La IA ya dejó de ser una novedad técnica y empezó a convertirse en una cuestión de identidad profesional.

Quizás el próximo paso sea dejar de preguntar si usar IA es hacer trampa y empezar a discutir qué significa usarla bien.