El Gobierno nacional obtuvo una importante victoria en el Congreso con la sanción de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Esta última introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con el objetivo de redefinir el tratamiento penal y administrativo de las infracciones tributarias.
Ambas iniciativas formaron parte del paquete enviado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en sesiones extraordinarias y lograron los consensos necesarios entre los distintos bloques parlamentarios. Sin embargo, en el camino quedó la denominada reforma laboral, o como la llamó el Ejecutivo, Ley de Modernización Laboral, que no corrió la misma suerte.
La senadora Patricia Bullrich aseguró que el proyecto será tratado a partir del 10 de febrero, con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios para un texto que ya cuenta con dictamen. Otros sectores, más optimistas, consideran que, tras la reciente victoria del oficialismo en el Congreso, la iniciativa podría debatirse en el recinto durante las primeras semanas de enero.
No obstante, desde que se conoció la propuesta, la reforma generó críticas tanto de los sectores sindicales como de la abogacía de todo el país. Ricardo Gil Lavedra, en su carácter de presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, advirtió que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral “debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
Las objeciones también fueron planteadas por otras instituciones, como el Colegio de Abogados de La Matanza, el Colegio de Abogados de Santa Fe y los profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quienes expresaron su profunda preocupación y desaconsejaron la aprobación del proyecto.
“Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”, expresó en un comunicado.
Y añadió: “Es preciso que la reforma propuesta no vacíe de contenido el rol compensador del Derecho del Trabajo, ni debilite sus principios. Una reforma de carácter regresivo que soslaye estas asimetrías, desmerezca el rol de la negociación colectiva y prescinda del diálogo social tripartito, lejos de promover el empleo decente, fomentará la judicialización y aumentará la inseguridad jurídica, desalentando el anclaje de inversiones y perjudicando a la actividad productiva”.
Asimismo, advirtió que “no puede menoscabarse la tarea de los abogados y abogadas mediante la imposición de riesgos derivados de su actuación profesional o bien reduciendo injustificadamente sus honorarios”.
Las objeciones también fueron planteadas por otras instituciones, como el Colegio de Abogados de La Matanza, el Colegio de Abogados de Santa Fe y los profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quienes expresaron su profunda preocupación y desaconsejaron la aprobación del proyecto.
“Los cambios propuestos tienen un único sentido y finalidad, la desprotección de las personas que trabajan”, señalaron los docentes en un comunicado, y agregaron que además “avasalla la independencia” de los jueces con normas que “cercenan facultades propias como el control de constitucionalidad y la incorporación de una inédita amenaza de ser acusados por mal desempeño de sus funciones cuando se apartasen de los precedentes de la Corte Suprema”.
Por su parte, Héctor Dondiz Villa, titular del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Salta, consideró que la iniciativa podría perjudicar a los trabajadores, con riesgos de precarización y mayor facilidad para los despidos. “En la provincia tenemos menos del 2% de índice de litigiosidad laboral y si hay juicios es porque existe un 50% de informalidad previa”, sostuvo el letrado en declaraciones a InSalta.