La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y su correspondiente Régimen Jurídico. La norma fue aprobada con 55 votos positivos y solo tres rechazos.
Este proyecto contempla la creación del primer sistema penitenciario propio en el ámbito porteño. Según explicaron, el objetivo es “garantizar un modelo de custodia segura, impulsando políticas modernas de tratamiento, reintegración social y reducción de la reincidencia, profesionalizando al personal, tanto en la mejora de las condiciones laborales como en el establecimiento de controles internos y externos”.
En sus fundamentos, el texto señala que "resulta necesario continuar avanzando en este proceso mediante la creación de un organismo penitenciario, que permita a la Ciudad administrar directamente y en paralelo tanto a la ejecución de las sanciones impuestas por la justicia como el proceso de reintegración social de las personas privadas de la libertad".
"Que el funcionamiento de este organismo de manera eficiente, profesional y debidamente organizada es esencial para mantener la seguridad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios, contribuyendo a la prevención del delito y la protección de la seguridad pública, favoreciendo la reintegración social de las personas privadas de la libertad", añade.
La iniciativa contempla la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, que se organizará bajo los principios de “legalidad, seguridad y tratamiento, debido proceso, respeto por los derechos humanos, ética pública, transparencia y rendición de cuentas”. Su personal se dividirá en dos cuerpos: Agentes de Seguridad Penitenciaria -fuerza civil armada enfocada en seguridad, prevención, protección y custodia- y el Cuerpo de Agentes de Reintegración Social -personal civil profesional, técnico y administrativo enfocado en tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y Plan de Vida de las personas privadas de libertad-.
Por último, se propone la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Ejecución de la Pena y de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integrada por los/as presidentes/as de las Comisiones que intervinieron en el tratamiento de dichas normas, con el objeto de “dar seguimiento a las mismas a partir de su publicación, a través de la elaboración de informes trimestrales”.
También se crea la Oficina de Transparencia y Control Externo como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia, la cual ejerce competencia sobre todos los integrantes de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, cuyas funciones son investigar irregularidades, sustanciar sumarios administrativos, y proponer sanciones disciplinarias, además de elaborar programas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.
Complementariamente, se establece la creación de la Defensoría del Personal de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia, cuya misión fundamental es la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses (individuales, colectivos y difusos) del personal de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social (APyRS) frente a los actos, hechos u omisiones de la administración. “La Defensoría actúa con plena autonomía funcional y posee legitimación administrativa y procesal, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Sus funciones incluyen garantizar el debido proceso legal del personal, proponer mecanismos para un sano ambiente laboral, y asistir y asesorar al personal respecto a la discriminación laboral por motivos de género, raza, religión u orientación sexual”, añadieron.
Por último, se propone la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Ejecución de la Pena y de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integrada por los/as presidentes/as de las Comisiones que intervinieron en el tratamiento de dichas normas, con el objeto de “dar seguimiento a las mismas a partir de su publicación, a través de la elaboración de informes trimestrales”.