La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó —de forma definitiva— el proyecto que busca normalizar los concursos para cubrir vacantes judiciales. La sesión fue presidida por la vicepresidenta del cuerpo, Gabriela Lena, quien además ofició de miembro informante del expediente.
La iniciativa apunta a reactivar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar por concurso a jueces, fiscales y defensores. El texto está en tratamiento legislativo desde diciembre del 2024, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Según consta en los fundamentos del proyecto, el órgano sufre inconvenientes de funcionamiento vinculados a la paralización de concursos para cubrir vacantes que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada.
“No podemos tener jueces, fiscales o defensores nombrados a dedo. Los entrerrianos necesitan que quienes ocupen esos cargos lo hagan con autonomía y transparencia”, enfatizó Lena durante el debate, destacando que el proyecto fue acompañado por todos los bloques.
La ley reforma la norma 11.003 e introduce una serie de ajustes que el Senado había modificado y que ahora Diputados aceptó. Entre ellos el respeto al principio de paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes, la eliminación de los concursos anticipados (previstos en la redacción original) y asegurar un miembro perteneciente al plantel docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien alternará su función por período con un profesor de la carrera de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.
Además, Diputados aprobó el proyecto que otorga marco legal a las Oficinas de Gestión Única del Poder Judicial, ya existentes y en funcionamiento desde 2023.
“Es indispensable que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como corresponde, que se normalicen los concursos para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales que hoy están vacantes u ocupados por suplencias en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos”, concluyó el legislador.
Además, Diputados aprobó el proyecto que otorga marco legal a las Oficinas de Gestión Única del Poder Judicial, ya existentes y en funcionamiento desde 2023. Se trata de espacios donde se disponen medidas para el funcionamiento de los fueros civiles y comerciales, laboral y de familia del Poder Judicial.
“Es de destacar que el fuero penal ya contaba con una oficina con características similares, pero, en estas tres áreas mencionadas, esas oficinas venían funcionando solo con disposición administrativa del Superior Tribunal de Justicia. A partir de esta iniciativa se les otorga el marco legal necesario para que funcionen adecuadamente”, concluyó el diputado Marcelo López, encargado de argumentar ante sus pares en el recinto.