La Cámara Federal de Paraná revocó una resolución del Juzgado Federal de Victoria que se había declarado incompetente para seguir entendiendo en la causa por las quemas en las islas del Delta del Paraná durante 2020, impulsada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná.
La decisión, firmada por los jueces Mateo José Busaniche y Beatriz Estela Aranguren, ratificó la competencia del juez federal de Victoria y descartó que el caso deba remitirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como pretendían algunos de los demandados y las provincias citadas.
El expediente se inició en 2020, cuando la entidad presentó una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva, reclamando la recomposición ambiental e indemnización sustitutiva por los incendios en la zona del Delta. En la causa se apunta contra empresarios, propietarios o arrendatarios de campos presuntamente involucrados en las quemas.
En 2023, a pedido de uno de ellos, fueron citadas como terceras las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, así como la Municipalidad de Victoria. Así se argumentó que la intervención de las provincias habilitaba la competencia originaria del Máximo Tribunal.
El juez federal interviniente decretó la incompetencia del Juzgado Federal de Victoria para entender en las actuaciones y ordenó su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el Cámara Federal de Paraná -al momento de analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora- recordó que, para que proceda la competencia originaria, es necesario que “una provincia revista el carácter de parte en el pleito, no sólo en sentido nominal -ya sea como actora, demandada o tercero sino también sustancialmente, esto es, que tenga en el litigio un interés directo de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria”,
Otro aspecto valorado por los vocales fue el tiempo transcurrido, ya que la causa lleva más de cinco años, y el Juzgado de Victoria tiene un “profundo conocimiento del proceso en trámite, proximidad a la zona ambiental afectada e inmediatez con los hechos acaecidos”.
La pretensión encauzada en el expediente se apoya en forma directa en el incumplimiento de derecho provincial endilgada por los actores a los particulares demandados, por lo que los camaristas advirtieron también que “quedan excluidos de esa instancia aquellos procesos en los que se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de éstas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales”.
Otro aspecto valorado por los vocales fue el tiempo transcurrido, ya que la causa lleva más de cinco años, y el Juzgado de Victoria tiene un “profundo conocimiento del proceso en trámite, proximidad a la zona ambiental afectada e inmediatez con los hechos acaecidos”.