La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó la reforma al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, impulsada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que modificar el artículo 96 de la Ley 9.001 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia para agilizar el trámite del beneficio de litigar sin gastos.
El proyecto, que ya tenía media sanción de Diputados, quedó a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo provincial. El objetivo de la iniciativa, según explicaron, es reducir un procedimiento que demandaba entre dos y tres meses, con hasta seis resoluciones por incidente y cerca de 9.900 horas de trabajo judicial, a un sistema que podrá resolverse “en un minuto” mediante una base de datos oficial.
Durante el debate, el senador David Sáez destacó que se trata de “una simplificación concreta y necesaria” y que este beneficio resulta esencial para garantizar que cualquier ciudadano de Mendoza no quede excluido de la posibilidad de acceder a la justicia. También resaltó la implementación del nuevo sistema informático, que permitirá acceder de manera rápida y transparente a registros como AFIP, automotor e inmobiliario, agilizando el proceso y reduciendo la burocracia.
El sistema contempla que, en caso de denegatoria, el litigante pueda solicitar la evaluación judicial mediante el mecanismo vigente.
“Esta reforma simplifica, moderniza y agiliza todo el procedimiento, fortalece la igualdad en el acceso a la justicia y brinda a los ciudadanos con menos recursos la posibilidad real de afrontar un juicio”, concluyó Sáez.
De acuerdo con los datos de la Corte mendocina, entre el 18% y el 24% de las causas corresponden a este tipo de trámites, lo que constituye una carga significativa para los tribunales. Hasta ahora, la persona debía acreditar su situación económica con informes de distintos organismos, lo que demoraba la resolución.
La nueva herramienta, desarrollada por la Dirección de Informática del Poder Judicial, permitirá que los tribunales, mediante un usuario autorizado, consulten de manera automatizada por nombre, DNI o CUIL de las partes. El sistema “devolverá en menos de un minuto una respuesta sobre si corresponde otorgar el beneficio, utilizando algoritmos parametrizados con reglas objetivas definidas anualmente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte”.
El sistema contempla que, en caso de denegatoria, el litigante pueda solicitar la evaluación judicial mediante el mecanismo vigente.