El 17 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Justicia Penal Internacional, una fecha que invita a reflexionar sobre el sistema global de rendición de cuentas por los crímenes más graves que afectan a la humanidad. El eje de esta conmemoración es la Corte Penal Internacional (CPI), institución creada en 1998 por el Estatuto de Roma y que continúa enfrentando tensiones políticas, desafíos operativos y cuestionamientos sobre su eficacia.
En este contexto, la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) emitió un pronunciamiento en el que reafirma el papel de la CPI como pilar del derecho penal internacional y exhorta a los Estados Partes a redoblar su compromiso con la Corte. Desde el punto de vista institucional, el respaldo político y la cooperación interestatal siguen siendo las principales condiciones para el cumplimiento efectivo del mandato de la CPI.
La agresión como crimen supremo y la necesidad de reforma
Uno de los temas más controvertidos dentro del ámbito de competencia de la Corte es el crimen de agresión. Aunque fue incluido en el Estatuto de Roma, su aplicación práctica ha sido limitada debido a un régimen jurisdiccional fragmentado y a la falta de consenso entre los Estados Parte.
Entre el 7 y el 9 de julio de este año, la Asamblea de los Estados Partes se reunió en Nueva York para debatir específicamente sobre la jurisdicción de la CPI respecto de este crimen. La sesión evidenció una profunda división: mientras algunos Estados impulsaron una enmienda para ampliar las facultades de la Corte, otros reclamaron mayor tiempo para deliberar. Como resultado, se postergó cualquier decisión formal hasta una nueva sesión prevista para 2029.
El debate no es meramente técnico. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 ha puesto a prueba los límites del sistema. En ausencia de una vía jurisdiccional clara dentro de la CPI para enjuiciar la agresión rusa, los Estados han optado por la creación de un tribunal especial bajo el paraguas del Consejo de Europa. Esta alternativa, aunque transitoria, ha sido recibida como un paso necesario para evitar la impunidad.
“El establecimiento de un tribunal especial para Ucrania ratifica que el crimen de agresión no puede quedar sin sanción”, sostuvo Mark Ellis, director ejecutivo de la IBA. La afirmación cobra fuerza ante la inacción internacional frente a líderes políticos y militares que, por su posición de poder, se consideran virtualmente intocables.
La impunidad como amenaza persistente
El informe presentado recientemente por la IBA al Grupo de Trabajo de La Haya ofrece una mirada crítica sobre el cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas por la CPI. Titulado “Sin arrestos, sin juicios, sin justicia”, el documento denuncia la falta de cooperación efectiva de los Estados y subraya que sin detenciones no es posible avanzar en los procesos judiciales ni reparar a las víctimas.
Kate Orlovsky, directora del Programa CPI y Derecho Penal Internacional de la IBA, advirtió que “la ejecución de las órdenes de arresto es el talón de Aquiles de la Corte”. Según la experta, no basta con emitir órdenes: se requiere una acción coordinada entre la CPI, los Estados Parte y otros actores relevantes para garantizar su cumplimiento conforme al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Justicia penal internacional: logros, límites y horizontes
A más de 25 años de su creación, la CPI continúa enfrentando el desafío de consolidar su legitimidad. Si bien ha logrado sentencias históricas y ha instalado el principio de responsabilidad penal individual en el derecho internacional, aún se cuestiona su alcance real, especialmente en conflictos donde los Estados poderosos no reconocen su autoridad o no son parte del Estatuto de Roma.
La declaración del presidente de la IBA, Jaime Carey, sintetiza el espíritu que guía estas iniciativas: “La CPI es, pese a todo, un símbolo de esperanza para las víctimas y un testimonio del compromiso internacional con la justicia y el Estado de derecho”.
Sin embargo, más allá de los gestos simbólicos, lo que está en juego es la viabilidad de un orden jurídico global capaz de sancionar a quienes, desde el poder, cometen crímenes atroces con la expectativa de impunidad. La conmemoración del Día de la Justicia Penal Internacional, en este contexto, trasciende lo ceremonial y se presenta como una oportunidad crítica para repensar, renovar y fortalecer el sistema de justicia penal internacional.