El Proyecto de Ley 3102-D-2025, presentado por diputados de diferentes bloques, propone modificaciones sustanciales e innovadoras a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Ley 27.130), que buscan actualizar y fortalecer las políticas estatales frente a este fenómeno multicausal y complejo.
La iniciativa, impulsada por las legisladoras Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) apuesta por una intervención estructural e interinstitucional, con ejes en la estadística, educación, atención temprana y contención integral.
Según el borrador del proyecto, al que accedió Diario Judicial, se busca crear “el Plan Nacional de Prevención del Suicidio”, en el ámbito del Ministerio de Salud, el cual contará con la participación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, organizaciones civiles especializadas y referentes académicos, siendo su objetivo articular acciones concretas y sistemáticas de prevención, asistencia y posvención.
Además, el nuevo artículo 6 obliga a generar un registro nacional de suicidios e intentos, incluyendo edad, sexo, causas, modalidad y evolución temporal. Además, exige que los casos confirmados por instituciones médicas o el Poder Judicial sean notificados obligatoriamente a la autoridad sanitaria. Este punto busca revertir años de invisibilización, con estadísticas que —según datos invocados en el proyecto— revelan un promedio alarmante de 22 eventos diarios en el país.
El proyecto busca reemplazar la reacción por la prevención, y la desinformación por redes de cuidado, con una mirada transversal entre justicia, salud y educación, donde el Estado escuche antes de que sea tarde.
El texto propone incorporar contenidos específicos en carreras universitarias como Psicología y en la formación docente, que preparen a profesionales para detectar señales de riesgo en contextos educativos, laborales, recreativos o de encierro. Además, se impulsan campañas de concientización masiva enfocadas en salud mental, adicciones y abuso sexual infantil, como factores de riesgo asociados.
Por otra parte, el artículo 10,que versa sobre el Protocolo nacional de atención y línea 24 horas, modifca la actual normativa para obligar al Estado a crear y mantener un protocolo de atención que permita identificar factores predisponentes y definir estrategias de intervención. La propuesta incluso ordena la coordinación de una línea telefónica gratuita activa las 24 horas, atendida por operadores capacitados, con acceso a una red de derivación y contención. Se suma la obligación de crear un sitio web oficial de orientación para personas en crisis o familiares.
Cabe recordar que la Ley 27.130 fue sancionada en 2015 como un avance importante. Sin embargo, los autores de la iniciativa actual reconocen que ha quedado desactualizada frente a la magnitud del fenómeno postpandemia y que requiere instrumentos modernos y ejecutivos para ser realmente efectiva. En síntesis, el proyecto busca reemplazar la reacción por la prevención, y la desinformación por redes de cuidado, con una mirada transversal entre justicia, salud y educación, donde el Estado escuche antes de que sea tarde.