La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso tener por iniciadas las actuaciones para la creación de defensorías y asesorías tutelares que actúen ante los Juzgados de Paz de la provincia.
La medida fue tomada a través de la Resolución SC Nº 1142/25, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia “Bianco”.
Los jueces remarcaron que “quedó establecida la necesidad de actuar en un contexto de gravedad institucional que requiere la implementación de una estructura organizacional suficiente y estable del Ministerio Público de la Defensa” que actúen ante el Fuero de Paz, “con el fin de garantizar un servicio de defensa oficial accesible, profesionalizado y eficiente para aquellos que objetivamente necesiten dicha cobertura”.
En la normativa se encomienda a la Procuración General la formación de actuaciones en el ámbito de superintendencia del Ministerio Público, para que, previa intervención de las áreas pertinentes – tanto de la SCBA como del Ministerio Público- y con la debida participación de los sectores interesados, apruebe un plan de creación de defensorías y asesorías, en un plazo razonable.
En la resolución se detalla, con etapas y prioridades, el plan de labor conforme a lo dispuesto en la sentencia.
La propuesta de creación de defensorías y asesorías deberá ser comunicado a la SCBA para su consideración, conforme a lo dispuesto en los artículos 165 de la Constitución Provincial y 91 último párrafo de la Ley 5.827, y, en su caso, ser sometido a la consideración del Poder Ejecutivo y a las cámaras de la Legislatura Provincial.
Los jueces remarcaron que “quedó establecida la necesidad de actuar en un contexto de gravedad institucional que requiere la implementación de una estructura organizacional suficiente y estable del Ministerio Público de la Defensa” que actúen ante el Fuero de Paz, “con el fin de garantizar un servicio de defensa oficial accesible, profesionalizado y eficiente para aquellos que objetivamente necesiten dicha cobertura”.
Entre otras medidas, se contemplar un esquema de defensores y asesores ad hoc debe aminorarse progresivamente hasta alcanzar, en un plazo no mayor a cuatro años, un número representativo y de carácter excepcional.
La ejecución del modelo de atención de defensa y asesoría tutelar ante la justicia de paz por letrados del Ministerio Público deberá comenzar en el año 2026, con un plazo máximo de cuatro años para su culminación.
Asimismo, cada etapa de implementación corresponderá a un año calendario, determinando la cantidad y ámbito de actuación de las defensorías y asesorías, y precisando si tendrán funciones diferenciadas o conjuntas, si actuarán ante uno o varios juzgados de paz, y si la asignación será permanente o transitoria.
Una vez implementado el sistema de defensa y asesoría tutelar oficial, solo excepcionalmente y por causas debidamente fundadas, podrá acudirse al sistema de designación de defensores y asesores ad hoc, remarcó el documento.