El Gobierno postergó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Bahía Blanca, establecido en un principio para el próximo 5 de mayo, y se fijó como nueva fecha el próximo 29 de septiembre.
Vale recordar que el Ministerio de Justicia había dispuesto la plena entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo en la jurisdicción a partir de las 00:00 horas del 5 de mayo, sin embargo, el severo temporal -ocurrido el pasado 7 de marzo- cambió todos los planes de la cartera.
La catástrofe dejó a su paso pérdidas humanas y materiales, así como daños estructurales significativos en infraestructuras edilicia y tecnológica. En este sentido, la provincia declaró en emergencia a los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí, así como a aquellos distritos que hayan resultado afectados por el trágico temporal; mientras que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó de forma unánime la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo por el Ejecutivo.
Tras una solicitud de la cartera de Justicia, el Consejo de la Magistratura informó que los edificios de los Juzgados Federales 1 y 2 y del Tribunal Oral Federal “sufrieron daños de envergadura: por un lado, el ingreso de lodo, barro y agua servida en los subsuelos ocasionó la avería de tableros eléctricos y bombas, así como pérdida de documentación y expedientes alojados en la oficina de Archivo que comparten ambos juzgados; por el otro, la inundación en las plantas bajas de las dependencias judiciales generó daños infraestructurales, y deterioro o pérdida total de mobiliario y equipamiento, con diferentes grados de severidad según edificio”.
“Que, en consideración a este contexto, resulta necesario posponer, de manera excepcional y extraordinaria, la fecha que la Resolución N° RESOL-2024-377-APN-MJ estableciera para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a fin de coordinar acciones y reorganizar las actividades institucionales afectadas por la inundación”, señala el texto publicado en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona.
Por su parte, la Procuración General de la Nación informó que una de las sedes del Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Bahía Blanca se encuentra “inhabitable debido a los daños estructurales, falta de suministro eléctrico y servicio de internet, y presencia de barro y residuos cloacales derivados de la inundación, y que ello obligó a la suspensión de las actividades de capacitación planificadas para el distrito para los días posteriores al temporal”.
Además, la Defensoría reportó que dos de sus tres dependencias en la ciudad “han sufrido pérdidas casi totales en su equipamiento y mobiliario, siendo la única excepción la Unidad de Letrados Móviles, ubicada en un tercer piso”. También resultó afectado el personal judicial y sus respectivas familias, que “han sufrido pérdidas considerables en sus viviendas particulares”, según detalla la resolución 233/2025.
“Que, en consideración a este contexto, resulta necesario posponer, de manera excepcional y extraordinaria, la fecha que la Resolución N° RESOL-2024-377-APN-MJ estableciera para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a fin de coordinar acciones y reorganizar las actividades institucionales afectadas por la inundación”, señala el texto publicado en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona.