La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, además de su titular,
Alicia Oliveira, cuenta con cuatro defensores adjuntos que actúan como una suerte
de Ombudsman Sectoriales, dedicados a distintas áreas de especialización. Gustavo
Lesbegueris es uno de ellos. Lesbegueris , docente de nivel secundario, fue
profesor de Educación Cívica y tiene una larga trayectoria en el ámbito educativo.
Desempeña su cargo de defensor adjunto desde abril de este año y, dados sus
antecedentes, se ocupa desde esa función de todo lo que tiene que ver con la
educación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí tiene que lidiar
con múltiples reclamos que arrancan con las graves deficiencias edilicias existentes
en muchas escuelas porteñas, pasan por episodios de discriminación y culminan
en casos de escuelas o institutos privados que prometen títulos oficiales que
luego no existen. Lesbegueris se queja de los funcionarios que no responden
a los pedidos de informes que hace la Defensoría: "Hay funcionarios que contestan
los pedidos de informes y otros que no lo hacen, a pesar de las reiteraciones
y del paso del tiempo".
Al final del reportaje, el lector tendrá la oportunidad de descargar en su computadora
el texto completo de la ley 3, que reglamenta las atribuciones y facultades
del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Diariojudicial.com: En el ámbito de la Defensoría de la ciudad, los defensores
adjuntos tienen distintas áreas de especialización, en virtud de las cuales
se distribuyen los reclamos que van llegando, ¿Cuáles son los suyos?
(N de la R: Artículo 19º de la ley 3 - "Las áreas de especialización
de las adjuntas y adjuntos, en virtud de los derechos, garantías y políticas
especiales enumeradas en el preámbulo y en el Libro Primero de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, son:
a. Políticas sociales en general, y en particular destinadas a personas mayores,
personas con necesidades especiales, trabajo, seguridad social, turismo y mediación
comunitaria.
b. Administración Pública y prestación de servicios públicos de la Ciudad en
general y en particular políticas de salud, cultura, educación, ciencia y tecnología,
juventud, deporte, consumidores, usuarios, economía, finanzas y presupuesto.
c. Seguridad y derechos humanos, fuerzas policiales y de seguridad, institutos
carcelarios, igualdad entre varones y mujeres, derechos de los niños y adolescentes,
derechos de las minorías y derecho a la libertad de expresión.
d. Ambiente, comunicaciones, hábitat y urbanismo". Texto conforme al artículo
1° de la Ley 140.)
Gustavo Lesbegueris: La adjuntía a mi cargo tiene una competencia bastante
delimitada. Principalmente me ocupo de temas relacionados con la educación.
Aquí recaen todas las denuncias o reclamos que pueden ser desde haberes mal
liquidados, problemas de salud escolar, problemas edilicios en los establecimientos
educativos, problemas de cooperadoras, casos de discriminación en la escuela,
etc. Eso suma el 80 % de las denuncias o reclamos que llegan a esta adjuntía,
sobre un total de 230 realizadas desde abril de este año. Mas allá de eso, hay
otras áreas en las que trabajamos, tales como defensa de los derechos de consumidores
y usuarios y problemas barriales y vecinales, pero el eje principal de esta
defensoría adjunta es la educación, incluyendo la educación privada en el ámbito
de la ciudad.
Dju: ¿Sirve esta división de competencias?
GL: Creo que esta división de competencias entre los adjuntos ayuda a
la eficiencia, porque además de la Defensora y los cuatro adjuntos hay otras
áreas, por ejemplo, el área de contención al ciudadano o el área legal y contenciosa.
Una actuación puede estar tramitándose en esta defensoría adjunta y al mismo
tiempo en el área legal y contenciosa.
Hay un área que distribuye todos los temas, que es el área de Despacho. Todos
los temas referidos a educación vienen directamente a mi defensoría. Sin embargo,
la división en áreas de especialización no funciona como algo rígido porque,
por ejemplo, si un vecino, por tener una mayor confianza o conocimiento con
determinado defensor adjunto viene y le plantea una denuncia o reclamo a ese
defensor, aunque no corresponda a su área, este se encarga del reclamo igual.
Por ejemplo, yo estoy llevando adelante una denuncia de unos vecinos de Villa
Luro contra una curtiembre, por emisión de líquidos contaminantes y ruidos molestos.
Por supuesto que también tendrá intervención Antonio Brailovsky, el defensor
adjunto que se ocupa de estos temas, pero todos funcionamos con un nivel de
informalidad, para ocuparnos de la mayor cantidad de temas posibles
Dju: En materia de educación, ¿cuales son los reclamos que encabezan
la lista y cual es la respuesta del gobierno a los reclamos de la Defensoría?
GL: Principalmente, son reclamos por las malas condiciones edilicias
de los establecimientos educativos, que es un área muy critica. Nosotros estamos
requiriendo permanentemente informes a la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento (DGIMyE), de la ciudad. Lamentablemente, este organismo,
cuyo Director es el Arquitecto Luis Rey, solo ha contestado siete de los
veintiséis pedidos de informes que hicimos, es decir que el 75% de los pedidos
de informes no tuvieron respuesta y ya se reiteraron 18 pedidos. Estos reclamos
cubren un espectro que va desde la obstrucción de sanitarios y falta de mantenimiento
hasta obras defectuosas y fallas estructurales en los establecimientos educativos.
En algunos casos se trata de edificios en pésimas condiciones como en el que
funciona la Junta de Clasificación Docente, donde hicimos una recomendación
hace tres meses, y la escuela de jornada completa Coronel José de Olavarría.
El edificio de la Junta de Clasificación no cuenta con gas ni agua corriente,
hay graves problemas con la instalación eléctrica, partes del edificio están
apuntaladas, etc. En ese lugar, se guardan los legajos de los docentes de la
ciudad y estos se encuentran en un estado deplorable de conservación. También
existen irregularidades por obras defectuosas o inconclusas, muchas veces ya
pagadas. Los problemas suceden tanto en edificios escolares nuevos y viejos.
Nosotros hacemos constataciones de los reclamos y luego nuestros pedidos
de informes son sobre cuestiones muy puntuales, por lo que no nos pueden hacer
contestaciones genéricas o difusas, como desgraciadamente ocurre. En el caso
de que sean respondidos, la Defensoría hace una recomendación concreta a la
Secretaria de Educación, que incluye la puesta en conocimiento de la recomendación
al Jefe de Gobierno y al Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de la ciudad,
cosa de que la recomendación no "muera" en determinada Secretaria u organismo
público. Lo que puedo decir por mi experiencia, es que hay funcionarios que
contestan los pedidos de informes y otros que no lo hacen, a pesar de las reiteraciones
y del paso del tiempo. En materia de educación en el ámbito de la ciudad,
es como que hay un funcionamiento en dos velocidades. Por un lado están las
reformas educativas, tanto en contenidos como en normas de convivencia escolar.
Ahí se avanzó muchísimo. En cambio, en materia de infraestructura hay mucho
atraso.
Dju: ¿Se aducen problemas presupuestarios?
GL: Esto no se reconoce en forma oficial, pero extraoficialmente es la
respuesta expresa o implícita que recibimos en muchas ocasiones...
Dju: ¿Llegan denuncias de casos de discriminación en el ámbito educativo?
GL: Si y de varios tipos. Por ejemplo, una vecina de nacionalidad peruana,
denunció ser expulsada por la Vice Directora de la Escuela de Jardinería "Cristóbal
M. Hicken", que funciona en el Jardín Botánico. Esta escuela, dependiente de
la Secretaria de Educación del Gobierno de la ciudad, cede parte de sus instalaciones
a un "Circulo de Amigos de la Escuela de Jardinería Cristóbal M. Hicken", que
dicta cursos a un costo de 45 $ por mes por alumno. La Vice Directora de la
Escuela de Jardinería es la Presidente del "Circulo de Amigos" y expulsó a esta
vecina, que realizaba un curso pago, humillándola delante de sus compañeros
de curso, tildándola de "extranjera" y "subversiva centroamericana". Según
pudo constatar esta Defensoría, el acta mediante el cual se dispone la expulsión
de la alumna carece de fundamento alguno y no le otorga el derecho a la defensa
consagrado en el reglamento escolar de la propia escuela y en los reglamentos
de convivencia escolar. Otros casos tienen que ver con falta de rampas que impiden
el acceso por parte de alumnos con discapacidad motora. También se da una discriminación
implícita, provocada por la falta de escuelas publicas primarias y secundarias
en la zona sur de la ciudad. Lo peor del caso es que muchas de las personas
que son discriminadas toman esta actitud como algo natural, como algo que "es
así" y no hacen ninguna denuncia.
Dju: En materia de educación privada, ¿cuales son los mayores reclamos
que se reciben?
GL: Recibimos muchos reclamos de alumnos de escuelas o institutos privados,
donde se anotaron para cursar materias, abonando las mismas en tiempo y forma
y luego de un año, si se trata de un curso o de dos si es un bachillerato a
distancia, descubren que el titulo oficial que les prometían, no era tal. Tengamos
en cuenta que en la Argentina hay ocho millones de adultos que no completaron
sus estudios secundarios, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la cifra
es de 700.000. No hay que olvidar que el mercado laboral es cada vez mas riguroso
y competitivo, por lo que la alternativa de los bachilleratos acelerados para
adultos con la modalidad de educación a distancia se incrementó mucho en los
últimos años. Hay un caso muy importante que es el del Instituto Mayor de Formación
Profesional (IMFP). Este instituto tiene sede central en Córdoba y firmó un
convenio con el Ministerio de Educación de La Rioja, quien los autorizó a dictar
enseñanza secundaria con certificados de bachiller, pero únicamente en la capital
de Córdoba y el Valle de Punilla. Sin embargo, el IMFP abrió sedes en varias
provincias y en la ciudad de Buenos Aires, ofreciendo el "titulo oficial". A
raíz de esta violación en el convenio, el Ministerio de Educación de La Rioja
anuló el acuerdo a medidos de 1999. En ese momento, la sedes ubicadas en la
ciudad de Buenos Aires cerraron si darle explicaciones a los alumnos, dejando
a más de 800 damnificados. Cada estudiante tuvo que pagar 95 pesos por mes,
lo que hace un total de 2000 pesos por persona. Es un claro ejemplo de falta
de control por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Increíblemente,
el IMFP no estaba bajo control de la Secretaria de Educación de la ciudad; y
estamos hablando de un instituto que abrió muchas sedes en la ciudad y que hizo
mucha publicidad por medios gráficos e Internet. Lo más curioso de toda esta
investigación que inició la Defensoría del Pueblo es que le pedimos informes
al órgano especifico de control, que es la Dirección General de Educación de
Gestión privada, dependiente de la Secretaria de Educación y esta Dirección
nos informa que ninguna de las direcciones donde funcionaban estos institutos
estaban habilitadas y, por ende, no estaban incorporados a la enseñanza oficial.
Cuando le preguntamos a esta misma Dirección porque no habían actuado contra
este instituto, nos contestan que ellos solo controlan a los institutos incorporados
a la enseñanza oficial. Entonces, para que a uno no lo controlen, lo mejor es
actuar sin inscribirse. Es decir, se da el absurdo que quien no cumple con la
ley no es controlado precisamente por eso. Ese es el mensaje que se le da a
los inescrupulosos: al que va por "derecha" le caen los controles y las supervisiones
y al que va por "izquierda" no le pasa nada. Por esa ausencia de controles
de parte del Estado se producen esas estafas. Es inconcebible que el gobierno
de la ciudad no tenga poder de policía sobre estos institutos. Recién después
que estallara el caso, el Ministerio de Educación de la Rioja emitió una resolución
donde su sistema de plan de educación a distancia solo puede aplicarse en el
territorio de esa provincia y reconoce validez oficial para los títulos emitidos
por estas instituciones como el IMFP y acredita a los alumnos para obtener el
pase oficial a otro instituto publico o privado. Hay que alertar a la población
sobre el funcionamiento de estas instituciones. Sobre este tema del IMFP hay
una denuncia penal iniciada por alumnos del IMFP y la Defensoría se presentó
para aportar pruebas en ese proceso.
Lamentablemente, el del IMFP no es un caso aislado y lo que es mas grave, la
propia Secretaria de Educación, que por un lado dice que no dio habilitaciones
y que no puede controlarlos porque no están incorporados a la enseñanza oficial,
por el otro lado le certifica los títulos emitidos por esos institutos...
Dju: ¿cómo puede ser eso?
GL: Eso todavía no está claro. Nosotros nos presentamos en la Dirección
de Legalizaciones y ahí nos dijeron que para certificar solo se tiene en cuenta
si la firma del diploma coincide con la que ellos tienen registradas. Es decir
que no se fijan en nada más. No miran si la institución que emitió el titulo
estaba habilitada para dictar los cursos cuyo diploma expide, no miran nada
de nada. Toda esta situación está siendo investigada por la Defensoría y pronto
tendremos novedades.
Temas relacionados:
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Reportaje a Antonio Elio Brailovsky18/7/2000
Descargue el texto completo de la ley 3
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