También se refirieron al resto de las comisiones que integran, entre ellas las de Administración y Financiera y la de Reglamentación, donde se le hicieron algunas críticas a la Corte por no reconocer su competencia al Consejo para dictar la reglamentación e impedir formar un reglamento para que los secretarios subroguen los juzgados vacantes hasta que se nombre al juez titular.
El consejero Juan Gemignani es representante de los académicos e integra tres comisiones en el Consejo de la Magistratura: Disciplina, Selección y Reglamentación. El letrado afirmó que “la Comisión de Selección lleva muy bien las ternas” y que “la cantidad que han sido elevadas alcanzan para cubrir 37 cargos”, pero aclara al mismo tiempo que el mecanismo para cubrir las vacancias en la Justicia se hace lento porque el Poder Ejecutivo y el Senado “no están funcionando con nuestros ritmos”. “Hacemos tareas académicas y técnicas merituadas con un orden de mérito establecido, pero el Poder Ejecutivo no respeta el orden y designa a quien quiere”, disparó el consejero.
Con sentido didáctico, el consejero agrega: “el jurado tiene una función esencial en la selección de magistrados, porque se encarga de evaluar a los concursantes y aplicar el puntaje correspondiente, sus miembros se designan en un sorteo público y está integrado por un porfesor de las Universidades Nacionales, un abogado de matrícula federal y un juez. El jurado es el encargado de evaluar los antecedentes de cada concursante y la solución del caso judicial acorde con la competencia”, aclaró definiendo los alcances de la norma que reglamenta su ejercicio.
En cuanto a la transparencia con que se aspira garantizar la designación de los integrantes de cada jurado, el consejero explica: “son extraídos de una lista que mandan las Universidades Nacionales, los Colegios Públicos de Abogados y la Asociación de Magistrados de la Nación. Son tres listas abiertas y mediante un sorteo sale el jurado, cuyos integrantes definen quienes serán los finalistas en cada concurso que convoca el Consejo de la Magistratura.
Geminiani además se refirió a la labor que viene desarrollando la Comisión de Disciplina: “no es que no haya sanciones contra magistrados, es que la mayoría son poco serias” indicó. “Las denuncias que vienen, en general no son para sancionar, porque cuando éstas son importantes se remiten a la Comisión de Acusación”. En cuanto a cómo se manejan los matices que pueden tener las inconductas de acuerdo a su gravedad, el consjero señala: “sin dudas hay una cuestión de grados entre Disciplina y Acusación. Habría que reformar la ley del Consejo de la Magistratura para unificar las comisiones, ya que su distribución y alcance actualmente está fijado por esta norma, sancionada por el Congreso. Con una reforma se ahorrarían muchos esfuerzos”, estimó.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura -quien preside muchas veces los plenarios del cuerpo en reemplazo de su presidente, Julio Nazareno-, integra múltiples comisiones, entre ellas las de Administración y Financiera, la de Labor del Consejo y la subcomisión de enlace con la Asociación de Magistrados. May Zubiría manifestó que a veces se dificultan los trabajos en las comisiones por falta de quórum, tal es el caso de la Comisión de Selección integrada por 11 miembros, 1 abogado, 1 académico, el representante del Poder Ejecutivo, 4 jueces, 2 senadores y 2 diputados.
Si bien para el consejero la Comisión de Selección funciona bien, el inconveniente es que la ley “es muy reglamentarista y el jurado no tiene plazos en la ley, y a pesar que cobran viáticos y honorarios tardan mucho tiempo en pronunciarse” opinó al tiempo que señaló “una de las cosas que se cuestiona es la designación del jurado”. “Lo ideal sería que los integrantes de la Comisión de Selección analicen los antecedentes y el jurado se encargue de evaluar las pruebas anónimas (de oposición), pero para lograr eso habría que modificar la ley del Consejo de la Magistratura”, aclara, al tiempo que reconce que “la Comisión cumple con lo que se le encomendó desde un principio: cubrir las vacancias existentes en la justicia. De todas formas el problema de la morosidad es del Poder Ejecutivo y el Senado” señaló. “Tanto un poder como otro son responsables de la tardanza en cubrir los juzgados vacantes, por ejemplo el Poder Ejecutivo está demorando la aprobación de dos cargos, uno de ellos corresponde a una vacancia en un juzgado comercial y otro a un cargo de juez en lo civil y comercial federal de Entre Ríos, a los que el Senado ya otorgó el acuerdo necesario”.
Acerca del funcionamiento de la Comisión de Administración y Financiera, que se encarga de elaborar el presupuetso del Poder Judicial de la Nación y autorizar gastos que son requeridos, entre otras atribuciones, señaló que “se está trabajando cuando hay quórum, porque de lo contrario no se puede hacer nada. Las comisiones están integradas también por políticos que muchas veces no pueden asistir por superposición de tareas con las cámaras legislativas”. La Comisión de Administración y Financiera además está compuesta por subcomisiones como el departamento de informática; de alquileres y el mapa judicial, que estudia como están distribuidos los juzgados y cámaras.
Por otra parte, el consejero Humberto Quiroga Lavié -representante también de los académicos- integra las comisiones de Selección, Administración y Reglamentación. El letrado manifestó que “a la Comisión de Selección, la opinión pública le reprocha que el procedimiento de conformación de las ternas tiene mucha mora, pero desde que se llama a concurso hasta que se elabora la terna pasa un año y la ley orgánica del Consejo de la Magistratura establece cinco pasos a seguir, aunque hemos hecho modificaciones.Hemos sacado 42 ternas, un 40 por ciento de la totalidad de las 100 vacantes, se trata de un procedimiento legal y transparente, por eso no cuestionamos el tiempo”, afirmó, señalando además que “el problema que se presenta ahora es que han comenzado a renunciar los jueces antes de que cambie el sistema jubilatorio”.
En cuanto a una de las comisiones menos “vistosas” del Consejo, pero no por ello menos estratégica que las otras, Quiroga Lavié advierte que la Comisión de Reglamentación “se encuentra bastante limitada por la Corte Suprema, que no reconoce la competencia al Consejo, impidiendo formar un reglamento para que los secretarios subroguen los juzgados vacantes hasta que se nombre a un nuevo juez titular. Es que la Corte quiere reglamentar todo”, disparó el consejero, afirmando que el Máximo Tribunal “amenaza constantemente y nosotros no podemos hacer nada. La Ley otorga potestades al Consejo que la Corte objeta, y con esto no se respeta el orden constitucional”, concluye el consejero, admitiendo que los roces del Consejo con la Corte, forman parte del juego institucional que le cabe al Poder Judicial desde la reforma constitucional.