Entre las razones del pedido, el gobierno plantearía, por primera vez, la aplicación de la ley nacional de administración financiera, en sus artículos 19 y 20. Se trata de una norma, sancionada hace algunos meses, que amplió la prohibición de embargar las cuentas federales, a las provincias y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
En la Casa de Gobierno la noticia llamó la atención tanto al gobernador Julio Cobos como a sus asesores por la celeridad de la Justicia considerando que está vigente la feria judicial y que las actividades se encuentran restringidas. El dinero incautado irá a los bolsillos de 40 magistrados que hace dos semanas obtuvieron un fallo favorable en el reclamo judicial para indexar sus sueldos.
El oficio del conjuez tiene fecha 23 de diciembre pero el gobierno mendocino recibió recién este lunes una fotocopia del oficio que había recibido el Banco Nación. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene conocimiento informal sobre el tema y no le ha llegado ninguna notificación. Sin embargo son medidas que se cumplen inaudita parte. Recién después se debe notificar a la otra parte, en este caso a la Provincia.
Mientras tanto, el Ejecutivo provincial apuesta a dividir a los magistrados mendocinos en dos: los amparistas y los no amparistas. Anunciaron que este año habrá un aumento de haberes, a partir del 1° de enero, sólo para aquellos jueces que renuncien a la indexación por índice de inflación y que desistan del reclamo judicial. Estos últimos deberán asistir a Fiscalía de Estado donde se abrirá un registro público para todos aquellos que desistan del reclamo indexatorio. El incremento fijado por el Ejecutivo es gradual y rondaría entre un 17 y un 32%, de acuerdo a los años de antigüedad.
En el Gobierno de Cobos esperan reunir a unos 50 jueces que estén en contra de la indexación para empezar a pagar el incremento de haberes a los no amparistas. No obstante, de los 301 jueces, 258 han reclamado la actualización. Asimismo, no se descarta que durante el transcurso de esta semana se dicten más embargos sobre cuentas oficiales: la conjuez Alicia Salomón, del Segundo Juzgado Civil de San Martín, también falló a favor del reclamo salarial de 33 magistrados del Este. Con esa resolución, el 85 por ciento de los jueces, fiscales y defensores oficiales provinciales lograron que la Justicia les avale la indexación de sus haberes según el índice de inflación.