En el ámbito judicial local no hay demasiadas expectativas de que los supremos provinciales ratifiquen el recorte. Allí se coincide en que los miembros del máximo tribunal avalarán el planteo de los magistrados, que fue firmado por 250 jueces sobre 310 que conforman el poder judicial local.
Es más, están tan seguros que el embate del gobernador será estéril que en el ministerio de Economía local ya sacaban cuentas para saber a cuánto ascendería el monto de la actualización salarial pendiente para los 250 jueces díscolos.
Son 6 millones de pesos por año. Medio millón de pesos por mes, demasiado para las deprimidas arcas provinciales, insisten cerca del gobernador. Además, el reclamo es retroactivo a abril del año pasado, cuando con la caída de la convertibilidad reapareció la inflación y, con ella, la particular cláusula indexatoria. Sólo para cubrir ese retroactivo, se deberían gastar 5 millones de pesos más, confirmaron fuentes de la gobernación.
A pesar que las aguas comenzarán a agitarse nuevamente la semana que viene, antes de la feria judicial local los ánimos quedaron caldeados. Mientras, el gobernador Iglesias aseguró que se sentía como “la mujer violada” y dijo que la Justicia provincial “se la pasa haciendo plancha”.
Desde la Asociación de Magistrados, Eduardo Brandi, repudió las declaraciones y dijo que “el gobernador persiste en la acción de desprestigiar injustificadamente al Poder Judicial, sin reparar en el grave daño institucional que ocasiona”, y aseguró que “Iglesias no tiene vocación sincera de solucionar el conflicto mediante el diálogo”.
Por su parte, los jueces ratificaron que solo “hablan por sus fallos”, aunque en este caso el escrito no sea más que un recurso de inconstitucionalidad. “Acá no hay ninguna posibilidad de limitar el principio de intangibilidad porque se están violando la Constitución Nacional y la provincial”, dijo un juez que no se identificó al diario local Los Andes.
Desde el gobierno, en cambio, el ministro Juan Carlos Jaliff dijo que la ley que termina con la indexación de salarios por inflación no viola la Constitución.
Los dos bandos contendientes en esta batalla donde no faltan las declaraciones destempladas saben que el tema se resolverá, tarde o temprano en la Corte Suprema nacional y confían que allí prime el criterio que el máximo tribunal ya tomó en un caso conocido como “Humilde Pereyra”, donde se estableció la prohibición de indexar cualquier tipo de contratos.
Tomas y dacas por el recorte a estatales
En rigor, la ley que terminó con la indexación y dejó sin aumentos a los jueces mendocinos se gestó como una forma de presión sobre el poder judicial, que debía poner fin a un largo pleito entre el gobierno de Iglesias y los empleados estatales por una quita del 7,5% en todos los salarios.
Esa interminable batalla judicial llevó incluso a que varios jueces dictaran embargos sobre las cuentas de la administración provincial, para garantizar mandatos que disponían la devolución retroactiva del recorte.
La batalla entre poderes llegó incluso a que la Corte provincial, hace poco más de un mes, se decidiera a intervenir denunciando “diversas campañas orquestadas desde diferentes ámbitos con la clara intención de destruir la imagen" del poder judicial local, y hasta sugirieron que el asunto formaba parte de una “campaña electoral” para la elección del próximo gobernador provincial.
En ese marco, y cuando los jueces de la Corte local se disponían a formar una cámara de apelación especial para atender los reclamos del gobierno, llegó el embate judicial, que terminó por ley con la indexación y desató una batalla sin control que está cada vez más cerca de saldarse en Buenos Aires.