Por medio de la resolución 10/2004 la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la “Directiva sobre Reglamentación del artículo 21 incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246.Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas. Escribanos Públicos”, la “Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas”, el “Reporte de Operación Sospechosa” y el “Reporte Sistemático de Información para Escribanías. A los efectos de emitir las Pautas Objetivas para los Escribanos Públicos, la UIF ha tenido en consideración los siguientes antecedentes: Las nuevas 40 Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI); las 8 Recomendaciones Especiales del GAFI sobre financiamiento del terrorismo; los 25 Criterios del GAFI para determinar países y territorios no cooperativos; el Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA); como asimismo, antecedentes internacionales en materia de lavado de dinero. También tomó en consideración las propuestas realizadas por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal y el Consejo Federal del Notariado Argentino. (Texto completo al final)
Casa de Justicia
La Secretaria de Justicia y Asuntos Legislativos, María José Rodríguez, inaugurará el próximo 12 de enero la segunda Casa de Justicia, en Guaymallén, provincia de Mendoza. Así lo anunció hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante un comunicado de prensa. Hace pocos días quedó inaugurada la primera Casa de Justicia en General Pico, La Pampa. Las dos Casas pertenecen a un proyecto, de características piloto, monitoreado y diagramado por esa cartera que tiene como propósito diseñar e implementar un modelo efectivo, orientado a facilitar y mejorar el acceso a la justicia de los sectores de menores recursos.
Investigación
La Justicia de Tucumán investiga a una supuesta organización, la cual mediante oficios judiciales falsos permitiría la salida de prisión de peligrosos delincuentes de los lugares en donde se encuentran detenidos. Fue el propio ministro de seguridad tucumano, Pablo Baillo, quien afirmó que la instrucción está destinada a averiguar si empleados, policías, abogados, políticos y particulares forman parte de ese grupo delictivo. La causa se habría iniciado cuando cuatro policías tucumanos fueron detenidos, en Córdoba y Santa Fe -presuntamente- luego de tramitar con oficios apócrifos el traslado de dos peligrosos delincuentes desde esos distritos. Al parecer en los documentos apócrifos figurarían las firmas del fiscal Guillermo Herrera, del secretario Daniel Clemente, del juez Juan Francisco Pisa y de la secretaria Norma Díaz Volachec, aunque todos éstos funcionarios judiciales negaron haberlos firmados.