UNOS CENTAVOS MENOS. La nueva presentación de Carlos Lucuy, nuevo director de investigaciones penales de la AFIP, convertido virtualmente en el heredero del recordado Inspector Peña, jefe histórico del grupo de investigaciones conocido como "Los Intocables", no podía haber sido mejor: 500 inspectores de la DGI, 88 brigadas de la Policía Federal y casi un centenar de allanamientos ordenados por el juez en lo Penal Económico Bernardo Vidal Durand, fueron noticia rimbombante duarante la semana que pasó. Las placas rojas de Crónica TV se sucedían una tras otra, y los flashes informativos de las radios repetían y repetían cada media hora la noticia. Los movileros se entusiasmaban: había varias empresas de primera línea de los rubros periodísticos, de recolección de residuos, clínicas, de alimentación, informática y laboratorios involucradas y eran nada menos que 100 millones de pesos los que habían presuntamente sido birlados de las arcas del Estado. Pero sorpresivamente, al caer la tarde llegó una leve corrección: no eran 100 millones sino 8 los evadidos. Un pequeñísimo detalle. ¿Quién habrá exagerado el optimismo? Los medios más inmediatos (radio, tv, agencias e internet) como quien no quiere la cosa fueron modificando el dato. Los diarios del otro día ya salieron con la corrección hecha -por suerte la aclaratoria había llegado antes del cierre-. Los siempre bien informados, especulaban que quizá la confusión fue un pase de factura para el magistrado, que así debía romper su silencio para aclarar el dato erroneo y de paso soltar algún nombre de las famosas empresas que aparecían involucradas en la maniobra. Es que Vidal Durand frenó de antemano a los hombres de la AFIP, advirtiéndoles que había dispuesto el secreto del sumario y que si alguno decía "a" no le iba a quedar otra que denunciarlos ante la justicia federal. Veremos si después de los diez días se animan a dar los nombres de las empresas allanadas.
MOLESTOS. Se podía ver a algunos empleados de la Corte Suprema de Justicia el último jueves, cuando minutos antes de que comenzaran a jurar los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura una turba de casi 30 ofuscados ahorristas copó el cuarto piso del Palacio de Justicia insultando a todos los que parecían tener visos de magistrado. Las críticas y responsabilidades se enfocaban en un sólo nombre, Leandro Arenas, quien tiene a su cargo la supuesta seguridad del edificio de Talcahuano 550. Esta no es la primera vez que los protestones, aunque justificados ahorristas –a nadie le gusta ser el pato de la boda y encima quedarse callado- ocupan el piso en donde están los despachos de los ministros de la Corte ya que el 18 de marzo pasado, el por entonces ministro de Economía Jorge Remes Lenicov paso un muy feo momento cuando el mismo grupo lo increpó al salir de una de las primeras audiencias de conciliación entre San Luis y el Estado Nacional. Lo raro del tema es que ni los periodistas acreditados pueden andar mucho por el cuarto piso, sin ser obligados a bajar, pero parece ser que los ahorristas tienen algún modo oculto de entrar y de burlar la en teoría rigurosa seguridad de que gozan los ministros del Supremo Tribunal de Justicia. Será que los muchachos tienen algunos simpatizantes, después de todo quién no tiene algún familiar, amigo o conocido que no haya sido perjudicado por el corralito o la pesificación.
VIGILANTE. Estará en las próximas audiencias el ex comisario de la bonaerense Juan José Ribelli, a pesar de su detención como presunto partícipe necesario del criminal atentado contra la AMIA. Es que el único de los detenidos con asistencia perfecta desde que comenzó el extenso juicio oral volverá a abandonar su lugar de detención en la Dirección de Investigaciones de la Prefectura la semana que viene, a pesar del receso de nueve días hábiles dispuestos por el Tribunal Oral Federal 3 desde la semana que viene. Es que Ribelli pidió estar presente y consiguió la autorización para concurrir a la declaración testimonial que va a prestar su ex socio, Juan Carlos Nicolau, el próximo jueves ante el juez Claudio Bonadío, en la causa donde se investigan supuestas irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA. El anuncio de la presencia de Ribelli en la audiencia sorprendió y disgustó a la vez a algunos abogados querellantes, que interpretan que será un factor de presión sobre Nicolau, quien -terminando con una vieja y estrecha amistad- lo acusó de cuanto hecho de corrupción policial sucedía en la zona sur del Gran Buenos Aires, desde siempre la zona de influencia de Ribelli. "Lo mismo pasa en el juicio, todos los que declaran no lo quieren ni mirar", advertían los abogados consultados. Lo cierto es que, más allá de las sensaciones de cada quien, al ex comisario se lo ve siempre muy concentrado, incorporando en su computadora portátil con todo lo que sucede en el juicio. Hay quienes dicen que tanto ajetreo se debe a que está preparando un libro con su versión de los hechos. (Especial de Diariodeljuicio.com)