"Es uno de los momentos más complejos en cuanto a vacancias del Poder Judicial de la Provincia"

Claudio H. Fede es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín,  juez en lo Civil y Comercial N° 7 del Departamento Judicial de San Martín de Buenos Aires y además especialista en organizaciones familiares. También forma parte de la representación ante la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. 

DJu: La justicia bonaerense atraviesa un momento de vacancias en distintos fueros. ¿Cómo surgió está problemática? ¿Que solución al corto plazo observa para cubrir esas áreas?

CF: Es uno de los momentos más complejos en cuanto a vacancias del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad tenemos unas 600 vacantes en todos los fueros e instancias, desde las ordinarias hasta la propia Suprema Corte con 4 de sus 7 miembros en función. El resto de las dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires, tanto de la administración de justicia como de Ministerio Público, se encuentra con aproximadamente unas 600 vacantes. Lo cual genera un impacto de tal magnitud que hace imposible brindar un adecuado y correcto servicio de justicia a los bonaerenses. Esto se debe a la demora en los diversos pasos necesarios para las designaciones de magistrados: Consejo de la Magistratura, Senado, Poder Ejecutivo, Corte y Procuración. Ello hace ineludible que se tenga que hablar de la necesidad de una ley de emergencia en el ámbito del Poder Judicial para poder resolver rápidamente esta cuestión. De lo contrario poder cubrir esa cantidad de vacantes llevará años y seguiremos profundizando el déficit en el sistema. Esto es vital para acompasar el desenvolvimiento de los organismos. Hoy lo advertimos y estamos a tiempo de poder reconducirlo rápidamente.

DJu: La Justicia ha dado un paso grande en la digitalización a raíz de la pandemia. ¿Cómo se  adaptó el Departamento Judicial de San Martín a los procesos? Para el sistema judicial en general, ¿cree que es positivo que se haya dado este cambio?

CF: En particular el sistema judicial de nuestra provincia ha dado un paso muy importante en materia de digitalización, proceso que se viene llevando adelante desde el año 2010 aproximadamente. Ello nos colocó en un lugar de referencia en el país que hoy sigue vigente. En el ámbito de Administración de Justicia el sistema “Augusta” se ha desarrollado plenamente hasta llegar a la actualidad, donde los procesos son 100% digitales. Habiendo realizado grandes cambios en la materia de digitalización conllevando a la readecuación de las tareas de los operadores del sistema, tanto del Poder Judicial como a los abogados de la matrícula. Redefiniendo capacidades y modalidades que, en muchos casos, deberán rápidamente conllevar a una modificación legislativa para adecuar los códigos de fondo y de forma. Dicha situación ha sido abordada con resoluciones y acordadas de la SCBA y de la Procuración de nuestra provincia, a fin de posibilitar –sobre todo en época de pandemia- la no paralización del Poder Jdicial, logrando dicho cometido de manera eficaz, habiéndoles dado respuesta a los habitantes durante todo el período de DISPO y ASPO, quedando vigentes muchos de los aspectos procesales que se incorporaron en ese momento.

DJu: Dentro del fuero Civil y Comercial, ¿actualmente los conflictos se resuelven con mayor celeridad que en el pasado? ¿Qué cambios se ven en las demandas y resoluciones en este fuero con respecto a otras épocas?

CF: Particularmente en nuestro fuero Civil y Comercial, que es donde trabajo, los cambios que se han dado en materia de digitalización de los procesos y readecuación normativa, ha dado una mejora sustancial en los tiempos de duración de los procesos. Para mencionar algunos aspectos que dan lugar a eso, podemos destacar que los abogados ya no tienen que acercarse a los juzgados para presentar sus escritos, con todo lo que ello acarrea, si no que pueden hacerlo a través del sistema informático Augusta. De la misma manera las notificaciones a las partes y a los abogados en un 90% se realizan por medios electrónicos seguros (dando cuenta de esto las casi inexistentes nulidades que se han planteado). Todo ello, entre otras cuestiones, da como resultado una mayor celeridad en los procesos que se terminan más rápido.

DJu: En cuanto a su rol como vocal en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. ¿Cómo ve la actualidad de la institución? ¿Qué siente que puede aportar dentro del organismo y a sus colegas?

Nuevamente y por tercera vez me toca ser Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Martín, e integrar de ese modo la mesa del Colegio Provincial, junto a los otros 18 departamentos judiciales (próximamente seremos 20 en total con la incorporación del reciente Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus) y la representación de los funcionarios. Por otro lado, formo parte de la representación ante la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial desde hace muchos años, con la posibilidad de conocer de cerca la realidad de los distintos poderes judiciales de nuestro país.

En nuestra mesa provincial, lo que representamos principalmente, son las prioridades y las necesidades de nuestros asociados, que en el caso de San Martín son 700 aproximadamente, donde se encuentran jueces de distintas instancias, defensores oficiales, fiscales, asesores y un gran porcentaje de funcionarios (secretarios, auxiliares letrados, consejeros de familia, instructores judiciales, ayudantes de fiscal, peritos y empleados abogados), y que en muchas ocasiones son aspectos no solo internos, sino de la ciudadanía toda. Como por ejemplo estar presentes en las modificaciones legislativas que atañen a nuestra labor como operadores de la administración de justicia o del servicio de justicia como muchos lo denominan, y que es el acceso y el progreso de las causas en todos los fueros. 

"Hay cuestiones de la política institucional que son de fondo de hacen a la realidad y cuestiones de fondo del Poder Judicial de nuestra provincia, como la necesidad de contar con una ley de autarquía económica y autonomía financiera"

También mejorar la infraestructura y la localización de las dependencias judiciales, para que se encuentren más cerca del ciudadano. La capacitación permanente que debemos tener para estar al día en los avances normativos y brindar respuestas adecuadas. Mejorar la empatía con los ciudadanos en nuestra actuación como profesionales públicos, como por ejemplo conociendo los territorios donde desarrollamos nuestras tareas. Las audiencias personales con los justiciables, donde podemos conocer de primera mano los planteos, además de poder mostrar quienes somos los que vamos a decidir en su caso. Pero también, hay cuestiones de la política institucional que son de fondo de hacen a la realidad y cuestiones de fondo del Poder Judicial de nuestra provincia, como la necesidad de contar con una ley de autarquía económica y autonomía financiera, para que el propio Poder Judicial pueda administrarse con un presupuesto adecuado a sus necesidades, que deben responder a la provincia más grande del país, con un territorio muy extenso, con 20 departamentos judiciales y con un nivel de conflictividad superior a nivel país.

La provincia es una de las peores pagas del país, encontrándonos en el lugar 18 aproximadamente de las 23 provincias y CABA, y que por índice de litigiosidad es donde más cantidad de causas por juez, defensor, fiscal o asesor se tienen.

En ello radica la posibilidad de mejorar su infraestructura, la cantidad de magistrados necesarios para atender a los conflictos sociales, la readecuación salarial ya que la provincia es una de las peores pagas del país, encontrándonos en el lugar 18 aproximadamente de las 23 provincias y CABA, y que por índice de litigiosidad es donde más cantidad de causas por juez, defensor, fiscal o asesor se tienen. Sumado a ello la mejora de las condiciones laborales y la capacitación permanente para los operadores. Todos estos temas, más los que abordamos en nuestro propio departamento judicial, son los que diariamente trabajamos en la gestión, que es de medios y no resultados. Ya que las soluciones dependen de los otros dos poderes o de la SCBA y la Procuración en la mayoría de los temas. Desde lo asociativo, trabajamos en poder coadyuvar, en colaboración con estos estamentos, a dar respuestas rápidas y efectivas, tanto para nuestros asociados como para los ciudadanos.