La Comisión de Disciplina y Acusación aprobó los pedidos de citación por el artículo 20 de dos jueces sanjuaninos acusados por la fuga de dos represores militares, y también otro contra el camarista Civil y Comercial Francisco de las Carreras, acusado por haber recibido un viaje pagado durante el debate por la Ley de Medios.
Después de una larga jornada con un plenario extenso y donde se generaron fuertes debates, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió avanzar con dos pedidos de citación por el artículo 20 que fueron aprobados con el voto de desempate del presidente de ese órgano, Jorge Candis, debido a que la votación se dividió entre oficialismo y oposición.
Uno de los jueces que deberán ir a declarar al Consejo es el camarista Civil y Comercial Francisco de las Carreras. El magistrado fue citado por haber viajado a Miami “financiado por el Grupo Clarín”, tal como figura en la denuncia llevada a cabo por el ministro de Justicia Julio Alak.
“De las Carreras participó en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo, mientras tramitaba en su sala el caso vinculado” con la Ley de Medios.
El otro caso aprobado es una denuncia contra los magistrados sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez fue presentada por el fiscal general de Mendoza, Dante Vega, y está vinculada con la fuga de los detenidos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Estaban condenados por delitos de lesa humanidad y eran atendidos en el Hospital Militar Central, además de que tenían otra causa en su contra que estaba siendo tramitada cuando sucedió el hecho.
¿Cuál era la relación con los jueces? Los condenados habían pedido autorización para tratarse desde San Juan en esta institución porteña, donde desaparecieron de una forma misteriosa y sin dejar rastros. La medida inmediata que se tomó después de este hecho fue la quita de varios cargos de jerarquía por orden del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
En principio, los jueces se defendieron alegando ante el Consejo de la Magistratura y ante medios periodísticos que su trabajo fue realizado sin ningún problema ante los pedidos de los fugados, y que no tenían relación con el evento que provocó que también fuera descabezada la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense.
El senador Ruperto Godoy, integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación, no se conformó con esta primera versión de los hechos, y solicitó nuevas medidas de prueba, ratificando la acusación en febrero de este año.
Entonces, Godoy señaló: "Queremos analizar más exhaustivamente el expediente para determinar la responsabilidad de los jueces sanjuaninos en la tramitación del traslado de los represores al Hospital Militar de donde días después se fugaron”.
El legislador también consignó que “durante la última dictadura muchos jueces y fiscales tuvieron una actitud complaciente con el régimen militar y en muchos casos han obstaculizado sistemáticamente los juicios contra los genocidas. Producto de estas prácticas el juicio en el que se condenó a Olivera y De Marchi fue excesivamente largo, tardó un año y medio". Godoy destacó "el rol activo del fiscal Vega durante el proceso judicial”.