“Dichas reformas generarán un amplio impacto en materia de recursos humanos, materiales y en general en la forma en que habrá de desempeñar su actividad cotidiana el Ministerio Público Fiscal, sin que se haya previsto para este último la creación de cargos y / o la asignación de una partida presupuestaria específica”, señala la resolución 65/08 de Righi.
Las reformas que señala el procurador son el paquete de cambios al Código Procesal Penal elaborado por el Gobierno Nacional y que el Congreso aprobó a mediados de mayo. Las modificaciones apuntan a acelerar los procesos penales y entre ellas se cuenta que las apelaciones deberán ser orales, públicas y grabadas y se deberán resolver en 30 días.
Entre las medidas dictadas, Righi autorizó a los fiscales generales ante los tribunales orales y las cámaras de apelaciones a designar a los secretarios como fiscales subrogantes ad hoc “a fin de garantizar la representación del Ministerio Fiscal ante los respectivos tribunales de juicio o cámara”.
La ley 26.374 crea en cada cámara una oficina judicial como colaboradora en la realización de las audiencias. Al respecto Righi solicitó a los presidentes de las cámaras que a través de esas oficinas se coordinen las fechas de las audiencias con los fiscales para crear un “sistema de agenda única, racional y organizado” para evitar superposiciones de fechas.
Por otra parte, el procurador le encomendó a la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores la realización de cursos de formación y entrenamiento en materia de litigación oral.
“Este Ministerio Fiscal se encuentra en la obligación de adoptar todas las acciones necesarias con el objeto de hacer frente a las nuevas exigencias legales y, en general, al mandato constitucional de promover la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, en coordinación con las restantes autoridades de la República”, dice la resolución en sus fundamentos.
En materia presupuestaria el reclamo es para logar el crédito presupuestario necesario para la aprobación de recursos y cargos que ya fueron solicitados. Para eso la Dirección General de Administración de la Procuración General fue instruida “para que intensifique las gestiones ya iniciadas ante las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación”.