Los abogados Alfredo Bataglia, Luis Velazco y Gerardo Ibañez basaron el pedido en un artículo del convenio que la Argentina suscribió con España, que establece que el juez que recibe los pedidos de detención con fines de extradición “podrá” conceder la excarcelación provisoria a los imputados.
“Se trata de una ‘libertad’ especial, prevista en el convenio, distinta al instituto de exención de prisión o excarcelación”, aclararon los abogados, que representan a los generales Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Luis Martella y Alberto Cattáneo, a los coroneles Albino Mario Zimmerman y Augusto Neme y al teniente coronel Héctor Schwab.
Además, el juez tiene que resolver el pedido de arresto domiciliario del general retirado Juan Carlos Trimarco, representado en este expediente por el defensor del ex presidente Fernando De la Rúa, Miguel Ángel Almeyra. Trimarco, de 78 años, fue indultado por Carlos Menem en 1989.
Canicoba Corral ya autorizó el beneficio de la prisión en sus domicilios para el almirante Armando Lambruschini, de 79 años; el contralmirante Isaac Anaya, de 76; el brigadier Basilio Lami Dozo, de 74 y el brigadier Omar Graffigna, de 73, todos integrantes de la segunda y tercera junta militar. También cumple arresto domiciliario el vicealmirante Luis Mendía, de 74 años.
Ayer, varios organismos de derechos humanos se entrevistaron con el juez para pedirle que no haga lugar a ninguna excarcelación, porque no se puede garantizar que una vez libres no eludan el accionar de la justicia.
Por otro lado, el defensor Florencio Varela, que representa al general Ramón Díaz Bessone, el vicealmirante Luis Mendía y el capitán de navío Jorge Perrén, calificó de “grave” el pedido de extradición de Garzón en un escrito que presentó en la embajada española en Buenos Aires y que Diariojudicial.com publica en archivo adjunto.
Varela, que fue secretario de Minoridad en el primer tramo de la dictadura militar, aseguró que “estamos ante un escándalo jurídico de una magnitud inusual, que compromete al estado español en sus relaciones con la República Argentina, toda vez que ha sido escamoteada mediante artilugios legales la competencia en el asunto del juez natural”.
Para Varela son competentes los tribunales locales y “el juez argentino recibió de buena fe el requerimiento y le dio curso ordenando las 46 detenciones solicitadas sin saber, por habérselo ocultado Garzón, que el mismo había pedido antes la extradición", con resultado adverso.
Uno que no se presenta
Mientras decide los pedidos defensistas, el juez Canicoba Corral –cumplió hoy 58 años- aguardaba que se presente quedar detenido el teniente coronel Antonio Arrechea Andrade, de 73 años, que según informó la secretaría General del Ejército, se presentaría hoy ante el magistrado.
El juez decidió entonces esperar hasta mañana la presentación del ex militar, y de lo contrario publicará un edicto que incluirá a los otros dos prófugos: el capitán de Fragata Jorge Vildoza y el teniente coronel Arturo González Naya.
Por otro lado, el juez envió un oficio a la justicia tucumana para determinar si el ex policía Roberto Albornoz, quien se encuentra internado en un hospital de esa provincia por un cuadro de hipertensión, puede ser trasladado a la Capital Federal.
La misma medida tomó con juzgados de Córdoba y Santa Fe, provincias en las que se encuentran, presuntamente con problemas de salud, los ex generales de división José Antonio Vaquero, Fernando Santiago y el ex oficial Juan Orlando Rolón.
Según algunas versiones Vaquero, de 78 años, responsable de centros de detención como “La Perla”, “Malagueño” y “La Ribera”, en Córdoba, y beneficiado por la Ley de Punto Final, padecería “demencia senil”, en el marco de un estado de salud “delicado”.
A través de un reconocimientos médico, Canicoba quiere establecer la situación de los imputados, para luego determinar si pueden ser trasladados a Buenos Aires o –por el contrario- cumplirán arresto en sus provincias.