14 de Octubre de 2024
Edición 7069 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 15/10/2024

Freno a la reforma electoral

El Poder Ejecutivo aceptó eliminar el capítulo de la reforma electoral de la denominada Ley Ómnibus por falta de acuerdos. Los legisladores oficialistas adelantaron que la iniciativa será enviada al Congreso como un proyecto individual. Los cambios que proponía.

En medio de las negociaciones para lograr dictamen del proyecto de ley denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el oficialismo decidió retirar de la iniciativa todos los cambios en materia electoral por falta de acuerdo.

La Libertad Avanza (LLA) adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso de manera individual para su correspondiente tratamiento y debate.

En la denominada “ley Ómnibus”, el Ejecutivo proponía eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y distintas modificaciones en el sistema de elección de los diputados y en el financiamiento de los partidos políticos. 

En materia de reforma electoral, establecía en el artículo 443, de "Circunscripciones uninominales", que "los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado".

 

El proyecto modificaba el número de representación de los diputados que se postulen, a través del artículo 445 que fijaba que "la división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional", que deberá tomar como base el censo nacional de 2022 y "procurar asegurar que en cada circunscripción no existan diferencias superiores al 3% del número de habitantes".

 

De ese modo, "cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen" y "cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género".

Esa normativa reemplazaba al artículo 158 de la Ley N° 19.945, que fijaba que los diputados nacionales "se elegirán en forma directa por el pueblo de cada provincia y de la Capital Federal que se considerarán a este fin como distritos electorales" y marcaba que "cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializada cuyo número será igual al de los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el artículo 163 de la presente ley".

De esa manera, “la elección se realizará a simple pluralidad de sufragios y el escrutinio se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante”. 

El proyecto modificaba el número de representación de los diputados que se postulen, a través del artículo 445 que fijaba que "la división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional", que deberá tomar como base el censo nacional de 2022 y "procurar asegurar que en cada circunscripción no existan diferencias superiores al 3% del número de habitantes".

El artículo 446 proponía que será el Poder Ejecutivo el que "deberá concluir un proyecto de diseño de las circunscripciones con una anticipación no menor de 360 días corridos a fecha de la elección". Además, "las listas de candidatos se integrarán con un candidato titular y un suplente, los cuales deberán ser de diferente género", según agrega la reforma en el artículo 448.

En el artículo 450, el proyecto establecía que "el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000", con lo cual se modifica el artículo 3° de la Ley N° 22.847, que fijaba que "el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500".

En tanto, a través del artículo 451 el Poder Ejecutivo intentó la derogación del título II de la Ley N° 26.571, por la que en 2009 se habían creado las PASO para la definición de los candidatos a cargos electivos.

Sobre el financiamiento, la iniciativa establecía que "el Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en esta ley" y que "con tales aportes los partidos políticos podrán realizar" las actividades de "desenvolvimiento institucional; capacitación y formación política y campañas electorales generales".

Por otro lado, el artículo 459 postulaba que "la ley de presupuesto general de la administración nacional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar el monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales".

“Para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever cuatro (4) partidas diferenciadas: una para la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral, la segunda para la elección de parlamentarios del Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales y la cuarta para la elección de diputados nacionales”, se agregó al respecto. 

Asimismo, "para los años en que sólo se realizan elecciones legislativas la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever las dos (2) últimas partidas".

Ese último artículo sustituía el artículo 34 de la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que incluía el financiamiento para las PASO.

En otro orden de cosas, el artículo 465 establecía que "las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente".

Por último, el artículo 468 fijaba que la Cámara Nacional Electoral "convocará a quienes estén obligados a participar del debate en los cinco (5) días hábiles posteriores a su proclamación como candidatos a fin de determinar su voluntad de participación en el debate fijado" por ley, reemplazando al artículo 64 septies de la Ley N° 19.945, que establecía sanciones para los postulantes que se rehusaran a participar.


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