Aunque mucho se ha hablado en las últimas décadas de resonantes causas de criminalidad económica y corrupción, con el consiguiente perjuicio que han provocado, es poco lo que se ha podido recuperar para las arcas del Estado, su principal damnificado.
En el CIPEC confluyen –mediante la firma de un convenio- el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN).
"Podemos jugar el papel de una auditoría externa del pueblo", propuso el investigador de la UBA David Baigún durante la conferencia que acompañó la firma del convenio, y en la que también participaron Alberto Binder, director del CEPPAS y vicepresidente del INECIP; la ex presidenta de la comisión legislativa antilavado Elisa Carrió; el director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Marcelo Saín y Julio Gómez Carrillo de la UEJN.
Binder explicó que el CIPCE intentará correr el eje hacia la recuperación del dinero, "porque se ha creado una especie de resignación; entonces el objetivo será provocar que los ciudadanos nos pongamos rabiosos en tanto no aparezca el dinero".
El dirigente demás trazó un paralelo entre la actividad que pretende llevar a cabo el CIPCE y la que históricamente han realizado las organizaciones defensoras de los derechos humanos. "No se habían trasladado las luchas sociales a este campo", señaló.
En ese mismo sentido, Carrió sostuvo que "el principio de reparación del daño quizás tenga que ser más importante que llegar a determinar la condena de alguien; y como aparece como algo tan inocente y evangélico, la pueden dejar pasar".
La experiencia de recuperar para el erario público dinero desviado de hechos delictivos como la corrupción y la evasión tiene sus antecedentes a nivel global. Así, el gobierno de Nigeria anunció haber repatriado 800 millones de dólares, producto del vaciamiento del Banco Central de ése país encabezado por los hijos del ex dictador Sani Abacha.
La experiencia más resonante en América Latina fue la de Perú, que logró que Suiza congelara los fondos bancarios del ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, para luego ser devueltos a las arcas públicas.
En el marco del nuevo paquete antievasión anunciado por el Gobierno, el director de la UIF explicó que los hechos ilícitos que generan un mayor lavado de dinero no están relacionados con el narcotráfico, sino con la evasión impositiva, "pero no la de los monotributistas, sino la de los grandes grupos económicos", y señaló además que "el Estado ha sido cómplice mientras que el sistema financiero era parte". Sin embargo, Saín aseguró estar "muy halagado y contento por el impulso" que el gobierno del presidente Néstor Kirchner le está dando a la UIF.
Baigún, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de reflotar la idea de la creación de un banco de datos, proyecto que ya había presentado cuando fue consultor del Banco Central al comenzar la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín, iniciativa que se frustró cuando puso en jaque al mismo directorio de la entidad. "En el banco de datos estarán los nombres de quienes aparecen como los próceres del país, pero en realidad son grandes defraudadores del estado", advirtió.
La diputada del ARI describió además las trabas que fueron surgiendo en la comisión antilavado y le recomendó al CIPCE que las tuviera en cuenta para el trabajo futuro.
"Durante la investigación aprendimos mucho: la SIDE, el gobierno de la Alianza y el parlamento jugaron en contra de la investigación. En cambio, el Gobierno de Suiza jugó a favor".
También explicó que "se ganó la batalla cultural, y la prueba es que hoy se puede hablar de criminalidad económica, de lavado de dinero y de la evasión de los grandes grupos económicos".
Julio Gómez Carrillo, sindicalista de los empleados judiciales se mostró entusiasta ante la posibilidad de "poder encontrar una nueva manera de hacer políticas públicas" y advirtió que a través de la recuperación de dinero para el estado "le vamos a poder decir al Ministerio de Economía y a la Comisión del Presupuesto del Congreso que hay recursos para la Justicia". El CIPCE se abocará también al seguimiento de los grandes casos judiciales de criminalidad económica en Argentina, al análisis del perjuicio patrimonial al estado y a los intereses colectivos de la comunidad, y al diseño de políticas públicas tendientes a la reparación de los daños. Por otra parte, el convenio que crea el CIPCE prevé la generación de canales de colaboración con la justicia y con los organismos estatales encargados de la prevención e investigación de este tipo de criminalidad.
Según se informó, esta nueva ONG buscará integrar los estudios que llevan adelante unidades académicas como la Universidad de Buenos Aires con el desarrollo de instrumentos concretos que puedan ser utilizados tanto por los organismos oficiales como por el conjunto de la sociedad en el seguimiento y apoyo de las tareas.