27 de May de 2024
Edición 6974 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 28/05/2024

Cumple o se embarga

La Justicia porteña ordenó un embargo contra el GCBA por la suma de $120.000, tras incumplir una cautelar para que se otorgue el monto económico necesario para que una persona mayor en situación de calle pueda acceder a una vivienda en alquiler.

El juez Víctor Rodolfo Trionfetti, a cargo del lo CAyT N° 15, tuvo por incumplida una medida cautelar y, en consecuencia, ordenó el embargo al GCBA por la suma de $120.000, en el marco de una causa para que se otorgue el monto económico necesario para que una persona mayor en situación de calle pueda acceder a una vivienda en alquiler.

En el caso se había hecho lugar a una cautelar para que se reincorpore a una persona mayor al “Subsidio Habitacional que percibía con anterioridad al inicio de la presente acción o, en su caso, le otorgue una solución habitacional que garantice sus derechos constitucionales y convencionales y, por consiguiente, brinde una prestación que asegure al actor un auxilio cierto, concreto y suficiente para el acceso a un alojamiento que reúna condiciones dignas de habitabilidad, otorgando una suma de dinero que cubra dicha necesidad de acuerdo al valor actual del mercado”.

Según se desprende de la causa, el actor vivía en un parador donde compartía una habitación con cuatro o cinco personas dependiendo del día, sin intimidad ni con la posibilidad de poder guardar sus herramientas o enseres, lo que resultaba un “obstáculo para poder retomar su vida laboral activa”. 

Sin previo aviso, el Gobierno porteño le quitó el Subsidio Habitacional que recibía desde marzo de 2021, con el cuál "completaba la mitad del importe del alquiler de habitación en hotel”.

Para el juez, el Gobierno porteño invocó constantemente “cuestiones de índole netamente administrativas, y que, además, pese al tiempo trascurrido aún no cumplió con lo resuelto oportunamente, ni acreditó cumplimiento alguno, y, por fin, lo informado por la parte actora respecto a que solo se realizó el pago en el mes julio por el monto de cuarenta mil pesos ($40.000)”.

Sin embargo, se denunció el incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el magistrado porteño advirtió la conducta asumida por el GCBA que “ni siquiera ha dado cumplimiento aun al informe socioambiental ordenado en la causa”.

Para el juez, el Gobierno porteño invocó constantemente “cuestiones de índole netamente administrativas, y que, además, pese al tiempo trascurrido aún no cumplió con lo resuelto oportunamente, ni acreditó cumplimiento alguno, y, por fin, lo informado por la parte actora respecto a que solo se realizó el pago en el mes julio por el monto de cuarenta mil pesos ($40.000)”.



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