El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que arbitre los medios necesarios para que vuelva la presencialidad en todo el Poder Judicial, ya que “la pandemia terminó”.
A través de un escrito, el presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, le pidió al titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti que “se arbitren los medios necesarios para normalizar la actividad presencial en los órganos judiciales”, ya que “es necesario que se cumpla lo decidido por la Corte Suprema, respecto de la presencialidad en todos los tribunales, a fin de no perjudicar el adecuado servicio de justicia”.
En otro de sus párrafos, la nota presentada por el CPACF ante el máximo tribunal puntualizó que “las respectivas Cámaras no decretaron el retorno de todos los/as funcionarios/as y empleados/as a los tribunales, sino que tomaron posturas diversas y efectuaron una subdelegación a los tribunales inferiores”.
En ese marco, Gil Lavedra subrayó la acordada del 20 de octubre de 2021 y remarcó que “muchos juzgados no cumplen con ella, causando así un deterioro en la atención al público en general y a los matriculados/as en particular”.
En otro de sus párrafos, la nota presentada por el CPACF ante el máximo tribunal puntualizó que “las respectivas Cámaras no decretaron el retorno de todos los/as funcionarios/as y empleados/as a los tribunales, sino que tomaron posturas diversas y efectuaron una subdelegación a los tribunales inferiores”.
“Esta situación ha provocado que cada juzgado de los distintos fueros tenga un protocolo de atención al público diferente, sin uniformidad de servicio, con disparidades notables en la ausencia o presencia del personal, provocando serios obstáculos para el ejercicio de la abogacía”, destacó Gil Lavedra.
El representante de los letrados porteños aseguró también que “debe tenerse especialmente en cuenta que la situación ha cambiado drásticamente en lo que se refiere a la pandemia. La OMS declaró que la pandemia de COVID-19 dejó de ser una emergencia sanitaria mundial, finalizando así el estado de emergencia dispuesto en 2020”.
Por lo tanto, “no existe justificativo alguno para no cumplir con la presencialidad plena como lo ha dispuesto ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación", concluyó el documento presentado ante la Corte.